Mesa redonda

¿Va a alguna parte el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia?

Dudas y propuestas sobre la sostenibilidad del SAAD

15/02/2013

Blanca Abella - Imágenes: Jorge Villa

Han pasados más de seis años, sin embargo los debates en torno al Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) siguen centrándose en tres temas básicos, que además cuestionan casi la totalidad de la Ley: la financiación actual parece insostenible, o al menos por ahora insuficiente; la autonomía personal y la atención a menores de tres años están descuidadas; las personas con discapacidad han perdido servicios a costa de la Ley, y no están atendidos en esta norma como desearían. Nada queda resuelto, y parece que todo seguirá igual.

Desde sus inicios, la mesa de debate del CERMI aborda la cuestión de la sostenibilidad como el centro de atención fundamental. Así, el director general del Imserso, César Antón, comienza haciendo una referencia, que se hará constante en el transcurso de la mesa,  a la reunión del consejo interterritorial de julio de 2012, donde se acordaron una serie de medidas que él mismo resume en: “ordenar, simplificar y aumentar la transparencia de la Ley de Autonomía Personal para hacerle sostenible en el presente y en el futuro”.

Sin embargo, también al comienza de la mesa, Cales Campuzano, diputado de CiU, corrige el rumbo de esta orientación planteando una duda más inquietante: “la pregunta no es tanto si el sistema es sostenible sino si está garantizando los objetivos que se pretendían alcanzar, que era mejorar la calidad de vida de las personas en situación de dependencia, de sus familias, y hacer posible el principio de autonomía personal; y lo que es muy evidente es que para muchísimas personas, y para muchísimas familias que tienen personas en situación de dependencia a su cargo, el conjunto de las políticas vinculadas a la atención de dependencia hoy no están garantizando esta mejora de la calidad de vida y este principio de la autonomía personal. Y es evidente que los recortes están afectando muy negativamente a esta política”.

Se plantean así dos cuestiones de peso: el espíritu de la propia Ley, su contenido y objetivos, y la sostenibilidad de la financiación. Y según Roser Romero, comisionada del CERMI de Autonomía Personal, una de las grandes asignaturas de esta Ley se encuentra en la promoción de la autonomía personal y la prevención, o atención a los menores de tres años. Pero además, advierte de que el CERMI ya apuntaba un problema de financiación cuando la Ley aún no se había aprobado, un problema que ya podía estar superado: “es cierto que cuando empezó esta Ley adolecía de muchas cosas, es cierto que desde el CERMI, desde el principio dijimos que queríamos que estuviera dentro del sistema de seguridad social, y que instamos al Gobierno de entonces a que probara la Ley de manera más consensuada, porque fue todo muy acelerado; pero esto se aprobó en 2006 y estamos en 2013. Se hubieran podido hacer toda una serie de medidas correctoras, que no fueran las de los recortes, que son las únicas que hemos visto”.

Y surge de nuevo un problema de financiación, añadiendo la cuestión de la crisis y los recortes, como puntilla de todo un catálogo de problemas. Así, Pablo Cobo, consultor sobre Dependencia, insiste en el problema económico que arrastramos con la crisis y otra cuestión de peso, como es la financiación a través de la seguridad social: “parto del principio de que la Ley en su origen no resolvió el tema de la financiación adecuadamente; en aquel momento no se previó que el crecimiento económico no era sostenible y los años de comienzo de la Ley coinciden con el comienzo de la crisis; a partir de ahí, todos los esquemas de financiación del sistema se caen, era necesario tomar medidas de ajuste económico para hacer frente a la problemática. Por lo tanto, una asignatura pendiente de esta Ley es hacer frente a una regulación del sistema de financiación sostenible, y entiendo que es complicado en estos momentos, pero todos los países que han intentado financiarlo vía impuestos, al final han recurrido a la seguridad social, como Francia; y al final terminaremos ahí, estoy absolutamente convencido, entre otras cosas porque el modelo de financiación vía seguridad social es más ajustable desde el punto de vista de las necesidades financieras del sistema y porque la realidad de la seguridad social enmarca un sistema que se parece mucho a la protección que necesitan las personas en situación de dependencia”.

Para Francisco Vañó, diputado del PP, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso, todos los problemas de la Ley se resumen en su origen apresurado: “el problema de esta Ley es que se apresuró mucho el Gobierno de entonces en darla de alta, ponerla en marcha. Me acuerdo de que para el primer año se había presupuestado mil millones de euros, y se dotó con 50. De ahí ya viene el primer error. Y el segundo error grave es la prisa por correr y decir, ya hemos establecido el cuarto pilar del estado de bienestar social”.

Coste de servicios y aportación de usuarios

En un momento del debate se plantean la diferencia entre el coste del servicio en cada comunidad o lo que aporta el Estado y lo que aporta la comunidad autónoma, el beneficiario… las cuentas no salen de ninguna manera. Para algunos, sólo salen si se vinculan a la seguridad social, y este debate no termina de definirse ni concluir. Carles Campuzano: “el problema de financiación ha tenido dos dimensiones; nunca en la legislación se ha contemplado que la financiación del Estado a esto servicios que prestan fundamentalmente las CC.AA., esté vinculada a los costes efectivos de los servicios. Y lo que ha hecho el Estado es disminuir los recursos que transfiere a las CC.AA para prestar esos servicios que, o se prestan con menos intensidad, o lo paga la comunidad autónoma, o lo termina copagando más el ciudadano, y de ahí las decisiones que se han tomado en los últimos presupuestos, que han disminuido la aportación del Estado a las CC.AA. Y efectivamente existe un problema de origen en toda esta cuestión, si se analiza este tipo de políticas en el resto de Europa, seguramente los Estados europeos gastan alrededor del 1.2 del PIB de media. En el caso de España eso sería alrededor de unos 12.000 millones de euros, que sería interesante. El debate que no tuvimos a fondo en su momento, ni ahora, es si ese gasto se financia en base a la imposición general, o sea en función de los impuestos que se recaudan, o abrimos un debate como han abierto otras sociedades. En algunas sociedades, por ejemplo, han decidido establecer un recargo en el IRPF, en otras se vinculó al sistema de seguridad social. Ese debate de cómo movilizar los recursos para que se pueda garantizar la sostenibilidad del sistema no se tuvo ni se tiene”.

Un debate necesario para algunos, se convierte en un problema añadido para otros, que prefieren abrir otros frentes. César Antón: “sí hubo un debate sobre si se financiaba por prestaciones del sistema de seguridad social o salía por los presupuestos generales del Estado, y se determino al final la segunda opción. Abrir el debate en estos momentos no sé si es el adecuado, añadir un elemento más cuando todavía hay que añadir un poco de orden en la base fundamental; y hay un tema que para mí es importantísimo y es que la Ley dice que la aportación de los usuarios debe ser en función de su capacidad, y una de las cosas que dice el informe del Tribunal de Cuentas, es que eso, en los seis primeros años, no se ha desarrollado en absoluto, con lo cual tenemos un trípode (CC.AA. Administración General del Estado y usuario) que no se ha desarrollado, y provoca que el equilibrio de la financiación esté un poco desordenado”.

Es entonces cuando la representante del CERMI reclama el espacio perdido por las personas con discapacidad: “lo que sí podemos decir es que a partir de la puesta en marcha la Ley de autonomía personal, todo el tema de la discapacidad ha ido desapareciendo de servicios sociales, es decir, el sector de la discapacidad está pagando un muy alto coste por una Ley que tampoco resuelve los problemas para los que se había planteado. Y hablando de financiación, vemos en la prensa cantidad de personas, políticos, asociaciones, que no entienden que sigan existiendo las diputaciones; con lo que nos cuestan las diputaciones podríamos pagar entre tres y cuatro veces el SAAD, y estos datos están ahí”.

Para Campuzano la atención en estos momentos del debate se centra en la oportunidad de plantear nuevas cuestiones, y discrepa de lo dicho por Antón: “me parece grave que se diga que ahora no toca abrir el debate sobre la sostenibilidad de la financiación del sistema porque en cualquier análisis a medio-largo plazo de cuáles son los retos de la economía española vinculados a los costes de envejecimiento de la sociedad, que es el debate sobre pensiones y sobre el sistema de salud, en las sociedades avanzadas y serias discuten también sobre los costes vinculados a la atención de larga duración. Por tanto, en cualquier aproximación seria sobre la discusión de los costes del envejecimiento en nuestra sociedad, es central abordar esa discusión. Ese es el debate que reclamo y es el momento de hacerlo, porque si no lo hacemos, debemos mantener el mismo esquema de la Ley que se aprobó en su momento pero con menos recursos, menos nivel de cobertura y menor calidad de vida de las personas en situación de dependencia, de las familias, …”

Nuevos beneficiarios y otras cifras

El baile de cifras en la mesa a menudo es confuso, pues a veces se habla del número de usuarios beneficiarios, y otras veces sólo de los que realmente reciben prestaciones, o de quienes reciben servicios, o de aquellos que aún no pertenecen a ningún grupo.

Pero la panorámica final, para Roser Romero, que representa al sector de la discapacidad, sigue siendo desoladora: “al final uno se da cuenta de la diferencia que hay entre políticos y ciudadanía, y se evidencia en todas partes. Aquí se habla de toda una serie de temas en los que podemos estar o no de acuerdo, pero cuando uno sale a la calle, los ciudadanos lo viven de otra forma. Y cuando hablamos de seguros para la dependencia, yo no sé si somos conscientes de qué personas son las que van al SAAD, con ingresos inferiores a los 600 euros, no sé qué seguro de dependencia se van a poder pagar. La Administración puede decir lo que quiera, pero la realidad se empecina en decir todo lo contrario. Es cierto que la Ley ha salido mal, y yo vuelvo a decir, es de 2006 y estamos en 2013. Han tenido tiempo, posibilidades y medios para corregirla. Si todos están de acuerdo en que la Ley no ha funcionado desde el principio, ¿a qué están esperando para poner unas medidas correctoras que realmente sean eficaces?, porque la Ley no se ha hecho para autocontemplarse, se ha hecho para que sirva a las personas, y la percepción que tienen las personas es que cada vez les sirve menos. Y cada vez que hay una reunión del consejo interterritorial nos ponemos a temblar, porque lo que sale de ahí no es bueno para la gente; sí es cierto que se establecen unos criterios, pero siempre a la baja. La Ley no está solucionando los problemas de las personas. De 953.452 usuarios, a 31 de enero de 2013, de todos los servicios que se dan en estos momentos, tenemos 1.261 con asistencia personal, es decir el 0.13 por ciento. De 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, tenemos 9 comunidades autónomas que dan esta prestación”.

Ante estos datos, el director general del Imserso apunta otros de interés: en 2012, se han incorporado al sistema 129.000 nuevos beneficiarios, recibiendo prestación. En el consejo territorial se trató la figura del asistente personal, muy importante para la autonomía de la persona, antes sólo estaba para al grado 3 y ahora hemos propuesto que se abra a todos. Hay ya más de 750.000 beneficiarios con prestaciones”.

Y es Carles Campuzano quien más reacciona ante el malestar expuesto desde el sector de la discapacidad:  “en la perspectiva de estos más de 6 años, no sé si acertamos al intentar resolver en la misma legislación las cuestiones vinculadas a las necesidades de larga duración de las personas mayores, de las necesidades de las personas con discapacidad. Es interesante ver cómo en muchos países, más que hablar de dependencia se habla de cuidados de larga duración; esa es la expresión que nos aleja de la pretensión de una persona joven con discapacidad cuya aspiración es construir una vida lo más independiente posible, vinculado al empleo, el hogar, el asistente personal, o cuestiones más específicas, como la atención a menores de tres años. El sector de la sociedad más decepcionado por la puesta en marcha de la Ley ha sido el de la discapacidad; a veces, en los debates de esta Ley se cae en cierto adanismo, como si todo empezara con la puesta en marcha de la misma, cuando ya antes de esa Ley había servicios sociales, programas sociosanitarios… y ese empalme con esa realidad preexistente no se terminó de hacer; incluso, en el ámbito de la discapacidad, ha habido una situación de retroceso”.

Y para finalizar, Roser Romero plantea la importancia de contar con los propios afectados, o beneficiarios, a la hora de buscar soluciones: "la participación de los colectivos afectados por estas normas debía ser más intensa, porque también somos técnicos, también conocemos la realidad del sector, y somos capaces de poner soluciones y a costos bastante más baratos de los que saca la administración o las empresas privadas, además es nuestro futuro".