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viernes, 24 de noviembre de 2017cermi.es semanal Nº 280

"3,8 millones de personas con discapacidad, más de 7.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Mesa redonda

Portavoces de la Comisión de Políticas Integrales sobre la Discapacidad del Senado

Estados generales de la discapacidad, desde el Senado

21/11/2017

José Manuel González Huesa/Blanca Abella - Fotos: Jorge Villa

El acuerdo sigue siendo una constante en casi todas las mesas que compartimos con los expertos sobre discapacidad del mundo político, en este caso del Senado. Todos son conscientes de los avances pero siguen siendo muy críticos y reivindicativos a la hora de expresar lo que queda pendiente, que es mucho. Sería importante, apuntan algunos, que no se prometiera lo que no se puede cumplir, o que se tuviera en cuenta la dignidad de las personas, no solo las capacidades, que se aplique definitivamente la Convención de la ONU, que se abunde en la información, en los datos que hacen que las realidades existan. Y además de todo eso, se sueña: “Si desde pequeños se nos enseña que el mundo es diversidad y en ella estamos todos, hoy no habría tantas barreras mentales”.

Foto de familia de la Mesa redonda con los Portavoces de la Comisión de Políticas Integrales sobre la Discapacidad del SenadoEl moderador de esta mesa, José Manuel González Huesa, director general de Servimedia, inicia este debate con una fecha próxima que es definitiva para el sector de la discapacidad y además, cercana al Día de la Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre. El 4 de Diciembre es el horizonte temporal que establece la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, para que todos los productos, bienes, entornos y servicios sean accesibles y parece evidente que esta ley no se cumple ni ahora, no el 4 ni en un futuro próximo. ¿Cuál es la opinión de los portavoces de la Comisión de Políticas Integrales sobre la Discapacidad del Senado?
 
Nemesio Lara, del PSOE, en un escrito que envía al moderador de la mesa para compartirlo en el debate, pues no ha podido asistir a esta cita, asegura que “no hay que ser zahorí para saber que se va a incumplir el plazo, de la misma forma que se incumple reiteradamente la normativa sobre accesibilidad. La inversión pública que se había programado no se ha producido”. E invita a una nueva visión: “La Administración General del Estado, en primer lugar, por razones muy obvias, pero también las Comunidades Autónomas y  los Ayuntamientos, deberán aplicarse en entender que un mundo accesible para todos no es una utopía inalcanzable”.
 
Nerea Ahedo, del PNV, afirma que queda muchísimo por hacer y que sería importante comenzar a reflexionar sobre estos temas partiendo de la idea de que las personas con discapacidad son “sujetos de derecho y no objeto de prestaciones”. Añade además como principal obstáculo el hecho de que “todavía seguimos viéndolo todo de manera parcializada en lugar de hacerlo de manera transversal”. Y por supuesto, el diseño universal, a su juicio, “es algo que hay que plantearse cada vez que abordamos cualquier tipo de actuación”.
 
Tomás Marcos, de CiudadanosTomás Marcos, de Ciudadanos, comienza explicando que en su partido “siempre nos gusta hablar de diseño universal” y del beneficio que supone para el conjunto de la sociedad. Relata escenarios de inaccesibilidad, de barreras, en los que a menudo, las personas con discapacidad desisten y optan por no ir, “es un colectivo que protesta poco”, asegura, y concluye afirmando que “la ley se tiene que cumplir y abordarlo a nivel estatal y autonómico”. 
 
Virginia Saelices, de Podemos, comienza con rotundidad al afirmar que “sin accesibilidad no hay derechos, es la condición esencial previa para poder ejercerlos”. Y de nuevo, también, refiere una serie de momentos en los que las personas no pueden salir de sus casas, no pueden acceder a la información, no pueden disfrutar del ocio… Explica que esta misma semana ella no podrá asistir a un congreso en Murcia porque “no hay ni un solo tren que tenga plaza adaptada”. Se pregunta “por qué tenemos que vivir en la cárcel sin haber hecho nada malo” y asegura que el diseño universal, la accesibilidad, “no es un bien colectivo, es un bien para todas las personas”.
 
Maribel Sánchez, del PP, entiende que, aunque se ha avanzado mucho, queda muchísimo por hacer y explica la importancia de que la discapacidad se entienda como algo transversal, un concepto que, asegura, “está muy interiorizado en todos los ministerios”. 
 
Surge entonces la idea de la penalización ante el incumplimiento de la norma, a partir del 4 de diciembre. Nerea Ahedo afirma que “no es lo más fácil y necesitaría de una denuncia previa”, pero asegura que “va a haber denuncias y es lo más lógico”. Destaca, a su vez, algo que para ella es fundamental en política y es que “no se puede prometer lo que no se puede cumplir” y que no podemos hablar solo de movilidad. Finaliza explicando que “cuando haya denuncias, lógicamente, los jueces decidirán, pero también tiene que haber de alguna manera una responsabilidad política de haber incumplido compromisos”. 
 
Virginia Saelices, de PodemosVirginia Saelices interviene para reafirmarse en su posición y rechaza los continuos aplazamientos afirmando que “basta ya de posponer” y proponiendo tomar medidas urgentes y si es necesario penalizar, “porque lo que está claro es que muchísimas personas no están disfrutando de sus derechos y libertades fundamentales”. 
 
Maribel Sánchez entiende que el Tercer Sector va a denunciar y explica: “No puedo aplaudir que denuncien pero jamás voy a decir que no lo hagan, están en todo su derecho y si se están incumpliendo los plazos…”. Insiste en que se ha trabajado mucho y que hay que estar encima para asegurar los compromisos que se adquieren.
 
Tomás Marcos señala que estamos hablando de ciudadanos libres e iguales y es evidente que las personas denuncien, colectivamente o individualmente. Explica ejemplos de discriminación y detalles o datos de inaccesibilidad, porque “los datos son muy importantes, no solo porque nos lo diga el sector de la discapacidad, sino para saber dónde tenemos que actuar”. 
 

El derecho al voto

 
La segunda cuestión planteada, también de plena actualidad, es la toma en consideración en el Congreso de los Diputados de la Proposición de Ley de la Comunidad de Madrid para reformar la Ley Electoral para que todas las personas con discapacidad puedan votar, especialmente las que han sido incapacitadas judicialmente. 
 
Maribel Sánchez afirma que se siente muy orgullosa y satisfecha del acuerdo de todos los diputados en el Congreso y cree que habrá consenso en esta cuestión, “aquí hay poco que convencer a nadie”, asegura. 
 
Sin embargo Virginia Saelices, que también celebra la toma en consideración del Congreso, se muestra más escéptica al anunciar que “hay que ver cuál es el resultado final” porque en algún momento se habló de ciertas excepciones, y “cuando se habla de igualdad no hay excepciones que valgan”. Explica que todavía, actualmente, “vivimos con muchísimos prejuicios” y hace una referencia importante a la Convención de la ONU sobre Discapacidad al hablar del derecho y el ordenamiento jurídico en nuestro país, pero también de la educación, para que no existan esos prejuicios: “Si desde pequeños se nos enseña que el mundo es diversidad y en ella estamos todos, hoy no habría tantas barreras mentales”. 
 
La decisión del Congreso “es una demanda histórica del sector de la discapacidad y un mandato de la Convención de la ONU”, recuerda Tomás Marcos. Sin embargo, destaca el hecho de que “chocamos contra una actitud histórica de sobreprotección, de considerar la incapacitación como una actitud paternalista, pero tenemos que superarlo para ponernos en el foco de los derechos”. Y apunta que Europa ha instado a nuestro país a la reforma de todo lo que se llaman tutelas y curatelas del ámbito de la discapacidad porque al final lo que hacen es invisibilización de las personas”. 
 
Nerea Ahedo, del PNVNerea Ahedo comparte la opinión del representante de Ciudadanos e insiste en el error del “concepto social, paternalista, lleno de ‘buenismo’, que intenta proteger”, en vez de plantear a las personas como sujetos de derechos y favorecer su autodeterminación y promocionar las capacidades. “En ese intento ‘buenista’ de protección llegamos a las incapacitaciones legales, tutelas, curatelas…”. Es necesario, a su juicio, más información, formación, sensibilización a todos los niveles, “desde un juez hasta la madre y padre de una niña que tiene una discapacidad”. 
 
En el escrito del senador del PSOE, se explica así: “El que 100.000 españoles con discapacidad no puedan votar porque “otros” deciden quién sí y quién no pueden hacerlo, se me antoja como un atentado al sentido común, en primer lugar, pero también contra la dignidad de un importantísimo número de ciudadanos amparados por la Constitución que declara como inviolable este sacrosanto derecho, al proclamar la igualdad ante la ley de todos los españoles en su artículo 14”.
 

Empleo y discapacidad

 
En su introducción a la cuestión, siempre pendiente, del empleo, José Manuel González Huesa lee la intervención escrita por Nemesio Lara: “El derecho al trabajo es sagrado. Cuando la falta de empleo es un problema estructural, como sucede en la actualidad, las personas con discapacidad lo sufren doblemente”. Y añade: “Las estadísticas son concluyentes al respecto. Se necesitan medidas públicas de información, orientación,  concienciación, pero también de exigencia de cumplimiento de la ley (no permutables por otras alternativas)”.
 
Nerea Ahedo apunta que aquí también hay un problema de concepto, de saber “en qué estamos avanzando, ¿en integración en el empleo o en la creación de Centros Especiales de Empleo (CEE)?, que probablemente son necesarios en algún caso”.
 
“En Ciudadanos siempre hemos dicho que hay que trabajar por el empleo ordinario”, afirma Tomas Marcos, que entiende que el CEE es “una estación de paso, no finalista”. Y explica, “no vamos a demonizar el empleo protegido, pero tiene que cumplir la función de impulsora del empleo ordinario”. Finaliza con un apunte importante, a su juicio, y es la necesidad de sensibilizar al tejido empresarial, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, por ser los principales empleadores en nuestro país.
 
Virginia Saelices se refiere, de nuevo, a la Convención de la ONU sobre Discapacidad, donde asegura que se define a los CEE como empleos segregadores, “¿por qué no podemos trabajar en empresas ordinarias?, ¿por qué el 80% de las empresas incumple el 2% de la cuota?”, se pregunta. La representante del PNV interrumpe y apunta: “Tristemente eso tiene respuesta, porque es más barato. Así de duro, es más barato para el empresario, no para la sociedad en su conjunto”. 
 
Maribel Sánchez, del PPMientras, desde el PP, Maribel Sánchez afirma con rotundidad que “hoy España es el primer país de Europa creando empleo para las personas con discapacidad”. Aunque comparte la idea de que hay que seguir mejorando el tipo de empleo y vigilar los incumplimientos. 
 

Violencia de género

 
El pacto de Estado alcanzado recientemente y la inclusión en el mismo de las mujeres con discapacidad como un sector vulnerable es destacado por todos los participantes como algo positivo. Maribel Sánchez valora el acuerdo alcanzado en este aspecto y la importancia de que se hayan aportado medidas, propuestas y presupuesto. Por su parte, Nemesio Lara asegura que “incorporar un acuerdo para que el Pacto de Estado sobre la Violencia de Género haya incluido el término discapacidad” es un acierto pleno”.
 
Virginia Saelices comparte la valoración positiva pero apunta que todavía, sin embargo, existe normativa que permite “esterilizar, internar, el aborto coercitivo, quitar capacidad jurídica…”.
 
Tomás Marcos recuerda que su partido insistió en que se incluyera la violencia invisible, que es la violencia contra las mujeres con discapacidad y la discapacidad sobrevenida precisamente por la violencia. Y coincide con la representante de Podemos a la hora de reivindicar una mayor inversión en políticas de vida independiente, también para las mujeres, y señala la necesidad de terminar con la institucionalización forzosa, que muchas veces oculta un maltrato contra la mujer. Finalmente, de nuevo, destaca la importancia de los datos, casi inexistentes.
 
Nerea Ahedo comparte la preocupación de Marcos por los datos y asegura que “hay pocos datos pero los pocos que hay te ponen los pelos como escarpias”. Y utiliza en esta ocasión un recurso en Euskera, una frase que allí usan y que viene a decir, “si tiene nombre existe”, y afirma: “Esa visibilización es solo el primer paso pero es fundamental porque si no tiene nombre, no existe”. 
 

Convención de la ONU sobre Discapacidad

 
Como el tiempo apremia, en este último bloque el moderador pide una breve referencia sobre la norma internacional a cada uno de los participantes en la mesa y les invita a poner nota a la aplicación de la Convención de la ONU sobre Discapacidad en nuestro país. En primer término, la representante del PNV decide calificarla con un suspenso, pero sin nota, y apunta como una de las claves de mejora: “Es mucho más fácil intentar condiciones de igualdad que tener que poner mecanismos para reducir las desigualdades”. Tomás Marcos también la califica con un suspenso y añade que “no se mejora adecuadamente”. En su opinión, hay “que abrir las puertas al tejido asociativo” y poner el acento “no tanto en las capacidades como en la dignidad, son personas que tienen derecho a una vida digna”. Invita al consenso a todos sus compañeros y a meter en la agenda política la discapacidad. A su vez, Virginia Saelices, expresa también su descontento con un suspenso, pero añade una esperanza y “muchísimas ganas de seguir trabajando para ayudar a mejorar la sociedad”. Y finalmente Maribel Sánchez es la única que califica la aplicación de la Convención con un aprobado, aunque solo un “cinco raspado”, pero “me quedo con lo positivo” y finaliza valorando la importancia de contar con la Comisión de Discapacidad del Senado, a la que pertenecen los participantes en la mesa, y los avances alcanzados en materia de discapacidad. Nerea Ahedo aporta, en un apunte final, otro de los grandes problemas que persisten en las políticas de la discapacidad y su aplicación, como son las grandes diferencias y desigualdades entre todas las comunidades autónomas. Desde su escrito, el representante del PSOE apunta la tristeza que le produce que “un documento de tanto calado y trascendencia mundial como la Convención de la ONU sobre Discapacidad siga siendo una referencia permanente, ante el incumplimiento reiterado de gran parte de sus prescripciones”.
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