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viernes, 15 de diciembre de 2017cermi.es semanal Nº 283

"3,8 millones de personas con discapacidad, más de 7.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Mesa Redonda

Presentación del “Estudio sobre los consumidores vulnerables en el sector eléctrico”, de Fundación ONCE, CERMI e Hispacoop

A media luz – La exclusión de las personas con discapacidad del bien social básico de la electricidad

13/12/2017

Beatriz Sancho - Fotos: Jorge Villa

El evidente descontento y desconcierto de los consumidores respecto a las continuas modificaciones producidas dentro del sector eléctrico llevó al CERMI, a Fundación ONCE y a Hispacoop a realizar un estudio para averiguar cuál es la situación ante este panorama de las personas con discapacidad y de las personas mayores, englobados ambos grupos dentro de la categoría de consumidores vulnerables. Los resultados no son nada halagüeños: el 65 por ciento de mayores y personas con discapacidad sufren pobreza energética en España.

Foto de familia de los participantes de la mesa redonda"Hasta ahora no se tenían datos, ni una base sobre la que justificar qué se estaba haciendo o qué se dejaba de hacer en el sector eléctrico, y reinaba un cierto malestar entre las personas con discapacidad respecto al consumo de energía", introducía ayer el gerente del CERMI, Luis Alonso, en una mesa informativa, celebrada en Servimedia, para la presentación del "Estudio sobre los consumidores vulnerables en el sector eléctrico". "Sabíamos que el problema era real, y hoy", subrayó, "lo corroboramos gracias a este trabajo de investigación".
 
La capacidad de renta de las personas con discapacidad es uno de los problemas que tiene este grupo poblacional respecto al consumo energético, y esa menor capacidad de renta, según apuntó el experto del CERMI, "va relacionada con el empleo de las personas con discapacidad y su menor tasa de actividad. A menor capacidad de renta, menor consumo".  
 
Y a esto hay que añadir el "sobrecoste que tienen que asumir porque muchas de las ayudas técnicas, imprescindibles para muchas personas con discapacidad, utilizan energía eléctrica para recargarse", denunció Alonso. Ante estos menores ingresos y estos mayores gastos: "El CERMI requiere una mayor protección para las personas con discapacidad", exigió, "por pertenecer al grupo de consumidores vulnerables".
 
Ilunion Tecnología y Accesibilidad, empresa que ha puesto en marcha la investigación mediante una metodología basada en una encuesta on line, tuvo representación en la mesa redonda mediante uno de sus consultores, Luis Miguel Bascones, quien aseguró que el estudio que se presentaba: "Ofrece el mapa equilibrado de cuáles son los principales problemas de las personas mayores y con discapacidad, conscientes ya de que son consumidores vulnerables, respecto a los contratos, las facturas, las prácticas comerciales, etc. de las compañías eléctricas".
 
Para la vicepresidenta de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados (UDP), Paca Tricio,  el “Estudio sobre los consumidores vulnerables en el sector eléctrico” sirve para "refrendar algo que se sabemos hace mucho tiempo: las dificultades que tienen muchas personas mayores, como con discapacidad, por sus bajísimas pensiones o ingresos frente al encarecimiento de la luz, que se ha unido al copago farmacéutico, a la ayuda a familiares en época de crisis, etc.".
 
"Es importante señalar que las personas mayores se encuentran indefensas ante todo el maremagnum del mercado eléctrico: no se entienden las facturas ni los contratos", atestiguó Tricio, "pero es que no las entienden ni los jóvenes, ni las personas con carreras. Es algo inconcebible". A su juicio, el mercado de las eléctricas está "creando situaciones de indefensión para los ciudadanos. Me pregunto por qué se legisla en contra del ciudadano sistemáticamente en este país".
 
Momento durante la mesa redondaY es que, tal y como puso sobre la mesa el director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE, Miguel Ángel Cabra de Luna: "Hay una pobreza energética que afecta a 2.5 millones de personas de los cuales 1.6 son personas mayores, y aproximadamente 900.000 mil las personas con discapacidad". Y recordó, además, la gran confluencia entre las personas mayores y las personas con discapacidad, ya que muchas de las primeras, al hacerse mayor, adquieren una discapacidad.
 
Por otro lado, Cabra de Luna arremetió contra las "infinitamente mejorables" comunicación y accesibilidad de la información por parte de las diferentes compañías eléctricas, y criticó a su vez la escasez de oficinas físicas. También destacó que no solo hay muchísimas dificultades para pagar la factura de la luz, sino también para comprender los contratos y las facturas.
 
"Hay avances, sí, pero escasos respecto a la situación de vulnerabilidad de las personas mayores y de las personas con discapacidad por lo que", demandó: "Deben crearse discriminaciones positivas a favor de estos consumidores vulnerables en pro de su autonomía".
 

Barreras del bono social

 
El desarrollo de la mesa para la presentación del estudio también dio pie para hablar sobre el bono social que "si bien ha tenido una buena acogida entre los consumidores porque supone una modificación del concepto de colectivos vulnerables, solicitarlo es muy dificultoso", según apuntó la responsable Área de Consumo de la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispacoop), Carmen Redondo.
 
Momento durante la mesa redondaDe hecho, Redondo señala que el problema está en el desconocimiento que hay del bono social por parte de estos sectores vulnerables como lo son las personas mayores y con discapacidad, ya que, tal y como ha reflejado el estudio, "la mayoría no sabe que tiene la posibilidad de acceder al mismo, además de las trabas burocráticas que supone acceder a este bono".
 
Para la que también es consejera del Consejo Consultivo de Electricidad (CNMC), de no hacerse campañas informativas desde la Administración y las entidades sobre cómo solicitar el bono social, "muchas personas que lo necesitan se van a quedar sin él porque el consumidor no sabe ni los requisitos ni los plazos para tiene". 
 
Es por ello, según comentaron Redondo y el gerente del CERMI, que sus entidades junto con Fundación ONCE, están realizando unas charlas informativas para explicar al consumidor sobre cómo ahorrar energía, el tema de la factura, el bono social, el significado de nuevos colectivos  vulnerables y las medidas de protección que tienen, entre otros temas.  Luis Alonso informó de que se tiene previsto replicar las charlas en distintos territorios nacionales con la colaboración de los CERMIS Autonómicos. 
 
Para el representante del CERMI, "el bono social se queda corto", aunque represente un "éxito porque recoge a las personas con discapacidad dentro de consumidores vulnerables, y desde el 2009 que está regulado el mercado no se había aludido nunca a las personas con discapacidad, a pesar de que la entidad estatal había estado pendiente de que así se hiciera". 
 
"De momento es lo que hay", censura Alonso, "y hay que seguir trabajando esto. De hecho, este estudio será muy importante para avanzar en este terreno", y aprovechó para solicitar que "se reconozca a la discapacidad del mismo modo que se hace con las familias numerosas y los perceptores de pensiones mínimas".
 

Dignidad e intimidad

 
Tanto Paca Tricio como Cabra de Luna defendieron la preservación de la dignidad y de la intimidad de las personas mayores y con discapacidad a la hora de solicitar el bono social. La vicepresidenta de UDP hablaba de que en los procesos, estos consumidores vulnerables tienen que "desnudarse" dando datos personales hasta tal punto, que personas de su entorno, como los vecinos, terminaban enterándose de sus problemas económicos y detalles personales que les coloca en situaciones aún de más vulnerabilidad. 
 
Ante este drama, Cabra de Luna recordó a las autoridades que: "Existen instrumentos legales suficientes para que la certeza del estado de necesidad de una persona sea automático". De hecho, el representante de Fundación ONCE exigió que "el reconocimiento de los beneficiarios sea automático a través de la información de los servicios sociales".
 
Momento durante la mesa redonda"Hay que interconectar las bases de datos de las diferentes administraciones y realizar una criba que facilite las ayudas a los consumidores vulnerables", continuó. "Los datos del estudio hablan por sí solos: el 58 por ciento de los encuestados muestran haber tenido graves dificultades para entender los servicios contratados, y el 48 por ciento, que tienen dificultad para acogerse al bono social".
 
"Es de cajón", reprobó Cabra de Luna, "habría que interconectar la información entre distintas administraciones. No es normal que el bono social esté funcionando en Estonia y países que acaban de llegar a la UE, y que en España no seamos capaces".
 
Por su parte, Tricio propuso, reclamó la unión de las entidades de mayores y de las personas con discapacidad para hacer algo conjuntamente para informar a sus respectivos sectores y evitar así que "sigan sin comprender, o que no reclamen, o que sean víctimas de engaños". "El sector eléctrico juega con los sentimientos más básicos del ser humano y es vergonzante", increpó, "teníamos que plantarnos y mandar una carta al Gobierno". 
 
"Las personas mayores, que muchos también tenemos discapacidad, tenemos la sensación de que nos van a liar y nos encontramos desasistidos por parte de la Administración, que es quien tiene que protegernos", reprendió la vicepresidenta de UDP. "Tanto mayores como personas con discapacidad", continuó Tricio, "somos ciudadanos de pleno derecho y exigimos, no solicitamos, que se nos trate igual que a los demás, pero con equidad, con transparencia y con decencia".
 
Una de las conclusiones de la investigación que apuntó Cabra de Luna para evitar esto es: "Reclamar a la Administración una tutela más efectiva de los derechos de las personas con discapacidad y mayores como consumidores vulnerables".
 

Los más vulnerables

 
Si para cualquier persona sin discapacidad puede haber un montón de barreras a la hora de elegir compañía eléctrica, de informarse, de reclamar, etc., esta situación, según denunció el gerente del CERMI, se multiplica si tienes algún tipo de discapacidad. El máximo de vulnerabilidad ser daría, según expuso, en un consumidor que fuera:  "Mujer, con discapacidad, que esta sea una discapacidad intelectual o una enfermedad mental, y que viva en un entorno rural".
 
"Aunque este estudio nos da una idea de las batallas que han de afrontar las personas con discapacidad para salvar los muros que pone el sector eléctrico", prosiguió Luis Alonso: "Solo cuando se eliminen las barreras para este prototipo de consumidor vulnerable: mujer, mayor, con una de las dos discapacidades más discriminadas, y residente en un entorno rural, podremos darnos por satisfechos. Mientras tanto, queda mucho por hacer".
 
La propuesta de Cabra de Luna para corregir los problemas de estos consumidores vulnerables pasa porque las entidades que protegen sus derechos se conviertan en "vanguardia y transmitan que tratar bien a las personas que se encuentran en una situación desigual, discriminarlas positivamente, redundará en un beneficio para toda la sociedad". 
 

Momento durante la mesa redonda"Solo de este modo", vaticinó el "eterno" de Fundación ONCE, tal y como le nombró al presentarlo el moderador de la mesa Jose Manuel Huesa, director general de Servimedia, "mejoraremos las dificultades del resto de la población y acabaremos con la picaresca del mundo de los negocios". "Seamos punta de lanza los consumidores vulnerables", proclamó Cabra de Luna, "para que lo que pedimos les sirva en el futuro al resto de los consumidores".

 
Como conclusión, este activista repasó varias de las conclusiones del estudio como: la necesidad de mejorar la información sobre las medidas de protección de los consumidores vulnerables; la simplificación burocrática, y la necesaria de mayor acción por parte de los poderes públicos.
 
Además, recalcó que el “Estudio sobre los consumidores vulnerables en el sector eléctrico” ha conseguido: "Sacar a la luz algo que parecía invisible, dar voz a las personas con discapacidad y a las personas mayores poniendo en valor su situación, y sacando a esos ciudadanos de la invisibilidad a la realidad". Al mismo tiempo animó: "Tenemos que reparar esa situación de injuticia y de falta de equidad que este sector poblacional está viviendo". 
 
Tanto para Carmen Redondo como para Bascones el estudio demuestra que "no hay una competencia real en el mercado de las eléctricas" como el que puede haber, por ejemplo, en otros como la telefonía móvil. Cada consumidor es dintinto, y en el caso de las personas con discapacidad, evidencia el trabajo que las propias compañías les asesoran erróneamente y terminan pagando una factura más cara respecto a la previa. Por el lado de los mayores, la complejidad de las facturas y los servicios que contratan, lleva a quedarse con la misma compañía. 
 
En definitiva, "el sector de las eléctricas se percibe como opaco y esto explica que los dos tipos de consumidores vulnerables investigados no puedan mejorar sus condiciones, o que haya tantas dificultades para comprender y actuar", según confirmó el consultor de Ilunion Tecnología y Accesibilidad. "Se trata de un sector", acusó, "que mantiene unas prácticas como si hubiera un promedio único de consumidor, y que no tiene en cuenta las características de fragilidad de las personas mayores ni con discapacidad".
 
"Estas situaciones de fragilidad vital, de necesidad vital de la electricidad, como mantener la insulina en el refrigerador, de los mayores y de las personas con discapacidad", emplazó Bascones, "tienen que ser consideradas e integradas en el funcionamiento de mercado, y en las maneras de protección y de comunicación de las eléctricas, en la claridad de los contratos, de las facturas, y de las reclamaciones".
 
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