"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Mesa redonda
Reforma constitucional y derechos sociales
Un nuevo rostro social para la Constitución española
04/10/2017
Blanca Abella - Imágenes: Jorge Villa
Es necesario introducir el término discapacidad en la Constitución cuando se trata de declarar la igualdad de los españoles ante la ley, pero además, una posible y necesaria reforma constitucional, debe introducir un cambio estructural en su título primero para que los derechos sociales queden recogidos como tal y se olvide para siempre el vetusto término de la ‘asistencia social’. La mesa de debate del CERMI define también los cambios constitucionales necesarios en la distribución de competencias entre Estado y comunidades autónomas y reclama equidad, sostenibilidad, garantías y protección, como punto de partida en la defensa de los derechos sociales.
En su planteamiento inicial, que mantiene firme en el resto de sus intervenciones, Rafael de Lorenzo, secretario general de la Plataforma del Tercer Sector, señala dos aspectos fundamentales a abordar en esta reforma social: por un lado los artículos 14 y 49, y por otro el Título VIII, De la Organización Territorial del Estado, para solucionar los problemas derivados de la distribución de competencias.
En el artículo 14 (“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”) sería necesario introducir el término discapacidad, “es bueno que esté ahí”, asegura De Lorenzo, aunque no lo considera tan necesario tras la aprobación de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.
“Hay que modificar la estructura constitucional del Título I de la Constitución, donde no aparecen los derechos sociales"
El artículo 49 (“Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”), no solo requiere de una nueva redacción, a juicio de este experto jurista, también “hay que modificar la estructura constitucional del Título I”, donde no aparecen los derechos sociales. Dicho artículo, según De Lorenzo, “en lugar de una regulación tan prestacional, debe tener un contenido más de reconocimiento y calidad de los derechos, como derechos de primer grado, exigibles, una redacción que obligue a una interpretación indubitada sobre las obligaciones de los poderes públicos hacia las personas con discapacidad, que no es hacer políticas sociales prestacionales, esa es la consecuencia, la obligación es el reconocimiento de manera transversal de todos los derechos, creando las condiciones generales para que un ciudadano con discapacidad pueda ejercer todos los derechos del Título I de la Constitución, y eso obliga a hacer una serie de políticas de accesibilidad y de muchas más cosas para poder tener acceso y disfrute a la justicia, a la libertad de expresión, bienes culturales...”. 
Y finalmente, en cuanto al Título VIII, en lo referente a las competencias de las comunidades autónomas, en referencia a la ‘asistencia social’, lograr que esta materia pase a ser una competencia de responsabilidad compartida con el Estado, “de manera que se respete el contenido material de este derecho”, expresa.
Precisamente esa es la razón que inspira, sobre todo, al representante de Ciudadanos. Tomás Marcos, Senador autonómico y Diputado en la Asamblea de Madrid, reclama la consolidación de los derechos sociales por una razón básica, “para que no se produzca algo que se ha venido produciendo y es que una persona de Jaén no tenga los mismos derechos que una persona de Asturias o de Madrid y para que nos demos un marco de servicios sociales en todo el Estado. Y la derivada sería ya hablar de la Ley de Autonomía Personal y de esa reforma para adecuarla más a las personas con discapacidad o para consolidar los derechos fundamentales de atención sociosanitaria en todo el territorio”.
En la misma línea, Mónica Silvana, secretaria PSOE Movimientos Sociales y Diversidad, asegura que “este régimen constitucional que sirvió, y de mucho, a España durante estos años necesita una reforma en muchos aspectos y profundamente en todo lo que tiene que ver con los derechos sociales y desde el PSOE proponemos una subcomisión dentro de la Comisión Constitucional del Congreso donde se aborde una reforma en dos grandes bloques, uno de garantías de los servicios sociales y otro, la reforma del 135 donde no solo hablemos de una estabilidad presupuestaria sino una estabilidad social”.
Equidad, sostenibilidad y garantías
Proteger y garantizar el Estado de bienestar es una de las proclamas que más se repiten, a pesar de que, como enfatiza Rafael de Lorenzo, “el Estado de bienestar no existe en la Constitución, el tercer pilar no existe”. E insiste en la necesidad de esa reforma del Título VIII, porque “no parece lógico que el Estado carezca totalmente de instrumentos para desarrollar políticas de solidaridad, el Estado no puede estar desarmado, si no ¿cómo vamos a estructurar y a conseguir la equidad? La equidad no se consigue sumando a 17, se consigue sacando factor común y difícilmente se van a poder desarrollar políticas de discapacidad de carácter transversal si el Estado no tiene competencias”.
"Hay que ampliar el artículo 135 para hacer sostenible el sistema garantista de servicios sociales y apostar por el principio de igualdad, que no está garantizado en la Constitución"
Mónica Silvana, en una argumentación similar, se pregunta “cómo blindamos que todas las personas tengan derecho a la salud, a la educación y un derecho a ese paquete de servicios sociales que no está garantizado”. Y asegura que “hay que ampliar el artículo 135 para hacer sostenible el sistema garantista de servicios sociales y apostar por el principio de igualdad, que no está garantizado en la Constitución, y me parece sumamente grave que en 2017 estemos todavía hablando de disminuidos físicos o psíquicos cuando hay un consenso generalizado y ratificado por Naciones Unidas en torno al concepto de personas con discapacidad”.
“El mandato que nos da esa Convención de la ONU influye claramente en la Constitución española y en todas las leyes para garantizar los derechos fundamentales, los derechos civiles, la igualdad de las personas con discapacidad en todo el Estado”, insiste Tomás Marcos. Y añade: “en Ciudadanos queremos incluir en la Constitución esa nueva sección de derechos sociales, consolidados, y tiene que ser una línea de consenso con otras fuerzas políticas, asegurando el máximo grado de protección y garantía de derechos”, pero además, aunque no se ciñe a la reforma de la que se trata en la mesa, “proponemos una reforma presupuestaria de esos derechos, es decir que no haya ninguna comunidad autónoma o territorio que se ponga por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
Cuando surge la cuestión del reparto autonómico, Tomás Marcos recuerda alguna intervención en el Senado, al tratar la cuestión de la historia clínica universal, cuando algunos grupos hablaban de “enfermos que son de sus territorios y no de otros territorios”. De ahí que afirma categóricamente que” tenemos que apostar por la inclusión social de las personas con discapacidad y poner los mínimos comunes denominadores para todas, y este debate sobre mis enfermos me parece indigno, hay que superar esos debates exclusivistas para hablar de derechos fundamentales de las personas con discapacidad”.
"La protección a la discapacidad es una política pública, como muchas otras y todas ellas pueden estar bajo un paraguas común, cada uno podría ponerle el nombre y apellidos que quisiera, pero el único que aparece en la Constitución es el vetusto término de la ‘asistencia social’, que quedó totalmente superado hace mucho tiempo y con competencia exclusiva de las comunidades autónomas"
Y es que el tema competencial centra casi todo el debate una vez que se han dejado claros los argumentos relativos de la necesidad de incluir los derechos sociales como fundamentales. Así, Rafael de Lorenzo zanja la cuestión con una afirmación tajante: “La protección a la discapacidad es una política pública, como muchas otras y todas ellas pueden estar bajo un paraguas común, protección social o Estado de bienestar, cada uno podría ponerle el nombre y apellidos que quisiera, pero el único que aparece en la Constitución es el vetusto término de la ‘asistencia social’, que quedó totalmente superado hace mucho tiempo y con competencia exclusiva de las comunidades autónomas, por lo tanto hay que darle un giro en un doble sentido, por una parte, convertirlo en una competencia compartida entre el Estado y las comunidades autónomas y, en segundo lugar, cambiar su denominación y su contenido, para que se ajuste a las políticas de solidaridad e igualdad a las que aspiramos y sea el paraguas que ampare todo eso”.
Declaración, aplicación y protección
La clave o una de las claves que se mencionan al avanzar en el debate está también relacionada con la redacción de los artículos y con el Título I que, a juicio de Rafael de Lorenzo, necesita una modificación estructural: “Los que nosotros llamamos derechos sociales están todos recogidos como principios inspiradores y por lo tanto sujetos a condiciones del legislador y de los presupuestos y mientras no cambiemos esa estructura, no habrá un avance cualitativo porque no serán considerados derechos subjetivos públicos de máxima protección”. De ahí que apunte también al artículo 53 como uno de sus objetivos: “Es el que marca cuáles son los diferentes niveles de protección de los derechos y el grado de exigibilidad ante los tribunales”.
Por su parte, Mónica Silvana también apuesta por “avanzar en un tejido asociativo más consolidado y cohesionado, con una interlocución clara con el poder ejecutivo”. Según la socialista “esa es la línea por la que avanzar y para ello necesitamos que se desarrolle la Ley del Tercer Sector y que se haga efectiva, con un registro de entidades, es urgente que el Tercer Sector esté organizado, que tenga desarrollada la legislación nacional y que en las comunidades autónomas también se aborde”.
"La reforma constitucional es una oportunidad, no para resolver todos los problemas, sino para caminar hacia la consolidación de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad"
Mientras, Tomás Marcos apuesta por “poner la discapacidad en la agenda política, porque no está, no sé por qué, pero no está”, asegura. Y concluye: “La reforma constitucional es una oportunidad, no para resolver todos los problemas, sino para caminar hacia la consolidación de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad”.
