"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Mesa redonda
Recomendaciones del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de NNUU a España
Lo que ha de hacer España según la ONU
22/05/2019
B. Abella/J.M. González Huesa - Imágenes: J. Villa
La necesidad de un cambio de mentalidad planea sobre esta mesa de debate como el mantra que todo lo resume. Educar, formar y concienciar es lo importante. Sin embargo han pasado diez años desde que nuestro país ratificó la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y seguimos teniendo los mismos apuntes, las grandes cuestiones pendientes siguen ahí, tal y como denuncia el informe del Comité de la ONU. La clase jurídica y la política no se toman en serio los compromisos internacionales, afirman en la mesa de debate. Es hora de denunciar y sancionar, concluyen algunas voces. El incumplimiento de la ley tiene consecuencias nocivas para nuestro bienestar, felicidad, inclusión y derechos.
Las observaciones, o recomendaciones, que el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ha dirigido a España parten de un trabajo previo elaborado por el CERMI, en colaboración con las Universidad Carlos III. “Ese informe – asegura Jesús Martín – es la versión más fiel de cómo es la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en 2019 en nuestro país”.
Y a su juicio, lo primero que hay que hacer, una vez que las recomendaciones han llegado a su destino, es cumplir la Ley, “la Convención es una Ley que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y todavía quedan por adaptar muchas normas y en el momento que haya un compromiso firme y vigoroso no será necesario tener en cuenta estas observaciones”.
El informe del Comité, de marzo de 2019, “pone en el centro de las políticas públicas los derechos humanos”, afirma Irene Muñoz, asesora jurídica de la Confederación Salud Mental España, y esa es quizá una de las conclusiones más destacables y en la que coinciden todos los participantes en la mesa. Pero “la clave de la concienciación está en hablar en primera persona”, según Muñoz: “¿Cómo querría que fueran estos servicios para mí? Pongámonos a hablar en primera persona; la salud mental siempre es algo que le pasa a otros y por eso no nos planteamos si queremos estar atados durante dos días o que nos ingresen involuntariamente”.
Según el experto de la Universidad Carlos III, Rafael de Asís, Catedrático de Filosofía del Derecho, el informe del Comité de la ONU se distingue por su carácter de denuncia y pedagógico al mismo tiempo, y los dos asuntos “estrella” que destaca, la esterilización forzosa y la educación inclusiva, “dan cuenta de la complejidad del análisis elaborado”.
Esterilización forzosa
Una de las primeras preocupaciones que manifiesta el Comité de la ONU en su documento, según explica Jesús Martín, es que “el enfoque de derechos de la Convención de la ONU sigue sin permear en las políticas públicas de España, donde permanece el enfoque médico, rehabilitador y paternalista de la discapacidad”, y a partir de ahí, añade, “vienen todas las violaciones, como la esterilización o la segregación escolar”.
La esterilización forzosa en nuestro país incide especialmente en las personas con discapacidad intelectual, tal y como señala Alana Cavalcante, asesora jurídica de Plena inclusión España, que denuncia esta práctica e insiste en la importancia de cuestiones como el acceso a la justicia, de hecho, lamenta que la convocatoria de elecciones generales en nuestro país dejó a medias la reforma del código civil en materia de modificación de la capacidad jurídica.
Isabel Caballero, coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, señala la esterilización como uno de los principales asuntos a tratar y asegura que “hay que terminar con el hecho de que esté consagrado en nuestra normativa la posibilidad de esterilizar a una persona”. En realidad, a una mujer, ya que “sabemos que son fundamentalmente mujeres”, afirma. Y añade: “Esto tiene un enfoque feminista más que evidente, es la expresión máxima de intromisión en el cuerpo de las mujeres, una total y flagrante violación de derechos humanos”.
El derecho a la educación inclusiva
Según la representante de Plena inclusión, “el derecho a la educación es un derecho del estudiante, del niño, no de sus padres”, y es muy triste, a su juicio, “ver que, ratificada la Convención en 2008, en España no se han visto avances en este sentido; hay buenas prácticas y medidas aisladas pero no hay una sistematización ni un interés estatal de avanzar en la educación inclusiva, porque incluir a los niños con discapacidad en un aula ordinaria no es educación inclusiva si no se garantizan los apoyos y las condiciones necesarias”.
Ninguno de los participantes en la mesa cuestiona el derecho a la educación inclusiva, “no hay discusión posible”, asevera Irene Muñoz, que entra en detalle y explica que la educación también es formación y, en el caso de la salud mental, “la formación de las personas que están en contacto con la discapacidad psicosocial es fundamental”. Asegura que los profesores “muchas veces no detectan los problemas de salud mental de los estudiantes y esa es la clave de la prevención”.
Incluso, si nos ponemos en los peores casos, explica la representante de Salud Mental España, “pueden surgir conflictos que se confunde con problemas de conducta y a veces los niños acaban en centros de menores; un menor con problemas de salud mental, según la ley, no puede entrar en un centro de menores, pero entran, porque nadie ha detectado ese problema de salud mental. Nuestro principal problema siempre es la invisibilidad”.
Mujer, salud mental y discapacidad intelectual
Por su parte, Irene Muñoz asegura que es importantísima la mención especial a la salud mental en el informe, “sobre todo cuando se alzan voces que quieren establecer diferencias entre las personas con discapacidad y las personas con problemas de salud mental”. Valora además la mención a “aspectos gravísimos que venimos denunciando desde hace muchos años, como es la restricción de la libertad en su máxima expresión, como son los ingresos involuntarios, las contenciones forzadas, tratamientos forzosos… y muy importante incluir la perspectiva de género en la salud mental”.
Y la representante de la Fundación CERMI Mujeres destaca también la introducción del enfoque de género en todo el informe y no solo en lo referente al artículo 6 de la Convención (dedicado a la mujer con discapacidad). Según Isabel Caballero, “la principal preocupación del Comité es que todavía falta la transversalidad de género en todo lo relacionado con políticas de discapacidad y transversalidad de discapacidad en todo lo relacionado con la igualdad de género, sobre todo en lo relacionado con la violencia de género, ya que se sabe que, en todos los tipos de violencia, las mujeres con discapacidad tienen un riesgo diez puntos porcentuales por encima del resto de las mujeres”.
El derecho a voto y otras cuestiones
Pero no está todo hecho, según Rafael Asís: “Al igual que ocurre en otros muchos casos, en el ámbito de la discapacidad el derecho va por delante de la sociedad y en el ámbito académico constitucionalista la reforma no se entiende y nos queda una labor de pedagogía para que el mundo jurídico, el académico, el constitucional, comprenda que las personas con discapacidad pueden votar igual que cualquier otra persona”.
Y haciendo referencia a la actualidad, se aborda un tema controvertido ocurrido en los últimos días, la denuncia contra un local de Benidorm que ofrece la posibilidad de alquilar a personas con displasia ósea. Precisamente, asegura Jesús Martín, el Comité en sus observaciones habla de este tipo de espectáculos y en nuestro país el debate ha sido complejo: “Se invoca el tema de la libertad alegando que estas personas quieren ese trabajo, pero nos olvidamos de que esa libertad tiene que ir acompañada de justicia social. Lo que hay que explorar es por qué se dedican a ese trabajo; tener una displasia ósea no es una profesión”.
“La línea es muy delgada entre tener libertad de… o estar abocado a…”, afirma Irene Muñoz. “Es la falacia de la libertad de elección, igual que ocurre con las mujeres en el caso de la prostitución o de la maternidad subrogada…”, añade Isabel Caballero.
Cuando apenas queda tiempo es necesario hacer referencia a cuestiones que menciona el informe del Comité de la ONU que también son fundamentales, como son la inclusión laboral y el cumplimiento de cuotas de reserva; el ocio inclusivo y el deporte como elemento de inclusión fundamental; los avances tecnológicos y la bioética; la institucionalización como recurso a eliminar; el mundo rural; la infancia; la accesibilidad; los refugiados y la eutanasia y el aborto. “No queremos que se nos señale o etiquete como vidas descartables, como ocurre en el aborto o la eutanasia”, afirma Jesús Martín.
