El 1 de julio de 2019 entró en vigor para toda España la actualización de la cartera de servicios comunes del SNS en materia de prestación ortoprotésica, otorgando un plazo de seis meses desde esa fecha a los responsables (Comunidades Autónomas y Mutualidades) para adaptar los tipos de productos de sus respectivos catálogos a lo dispuesto en el catálogo común establecido.

 

Este proceso de adaptación no se ha producido en todas las Comunidades Autónomas a pesar de haber superado el plazo máximo, por lo que el sector social de la discapacidad exige una actualización rápida de un catálogo que reviste una especial importancia para la autonomía de las personas con discapacidad.

 

A juicio del CERMI, la prestación ortoprotésica del SNS avanza lenta y desigualmente, cuando resulta esencial para la autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad. Es cierto que tras muchos años de demora y gracias a la presión del movimiento de la discapacidad, se actualizó el catálogo ortoprotésico en 2019, lo que objetivamente supuso una mejora, aunque quedó lejos de las demandas máximas planteadas desde la sociedad civil. Se dio un paso que debe ser intensificado, no se puede detener ahí.

 

Ahora, son las Comunidades Autónomas las que deben proceder a actualizar sus catálogos, yendo más lejos que lo mínimo marcado por el Estado. Ese proceso ya tenía que haberse completado. La presión ahora debe dirigirse a los gobiernos autonómicos, para que completen la reforma del año 2019, sin olvidar que se trata de un proceso permanente de actualización y ampliación, para que ofrezca los mejores productos y en las condiciones más beneficiosas.