Así lo ha puesto de manifiesto en un documento de enmiendas en el que recalca que la nueva ley de universidades “no debe de ir por detrás” de los contenidos y garantías establecidas ya al amparo de la Convención de la ONU y debe hacer referencia a los derechos del alumnado con discapacidad ya reconocidos, así como plantear respuestas a los desafíos y obstáculos detectados en la última década.

 

Para el CERMI, la universidad “es y debe ser fuente de conocimiento, de bienestar material, de justicia social, de igualdad de oportunidades, de inclusión y de libertad cultural”.

 

En este sentido, asegura en el documento que “resulta esencial que las Universidades se conviertan en espacios donde se faciliten experiencias inclusivas ante cualquier identidad personal o ante la discapacidad”, al tiempo que recalca que “es necesario considerar las necesidades ambientales o de cambio climático” a la hora de adaptarse a los cambios que se van sucediendo.

 

En cuanto a la transformación digital, el CERMI considera que se hace necesario “poner en valor” el compromiso en materia de inclusión educativa de las personas con discapacidad con respecto a la accesibilidad.

 

Por otra parte, el documento refleja el aumento en la última década del alumnado con discapacidad que accede a la universidad pública, aunque actualmente represente sólo el 1,9% de estudiantes universitarios. De ahí que reclame que “es preciso” reflejar este fenómeno, así como el compromiso de cumplir con la Convención de la ONU, ratificada por España.

 

En lo que respecta al proceso de internacionalización del sistema universitario, el CERMI plantea que la nueva ley añada información relativa a la inclusión de personas con discapacidad como parte de este proceso y, de esta manera, poder reflejar con datos la posibilidad de acceder a experiencias educativas internacionales en el contexto de la discapacidad.

 

Además, para la plataforma de la discapacidad es “importante” y “una prioridad” la formación del profesorado y la toma de conciencia de una educación inclusiva, desde la necesidad de que la discapacidad encuentre un espacio y atención en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las universidades. “La ley debería aludir a planes de formación docente para proporcionar las competencias clave necesarias para trabajar en entornos educativos inclusivos con enfoque de género y derechos humanos”, explica.

 

En este sentido, también reclama que se visibilice, además, los servicios de atención a la discapacidad que existen en ellas, “poniendo en valor su labor y consolidando sus estructuras”, así como que sostiene que debe identificarse como interlocutores y socios para la cooperación con el ámbito universitario, al sector representativo de la discapacidad.

 

“Es importante que tanto los órganos de la universidad como el estudiantado tengan contacto con el movimiento asociativo de la discapacidad con el fin de que las políticas universitarias recojan las necesidades reales de la diversidad existente”, añade.     

 

Otra de las enmiendas que plantea el CERMI es incluir un plan de inclusión de la discapacidad que contemple la accesibilidad universal en las previsiones y presupuestos de la universidad, y que se recoja el compromiso para el fomento de la movilidad en condiciones de igualdad y no discriminación.

 

Entre otras demandas, el CERMI considera necesario incentivar y favorecer la conexión de las universidades con el Tercer sector, en especial aquéllas que trabajan con grupos vulnerables, como las personas con discapacidad, de forma que se generen redes de colaboración para impulsar iniciativas basadas en evidencias que fomenten la inclusión, la participación y la ciudadanía activa de estos colectivos.

 

También, pide la reserva de un cupo de plazas para personas con discapacidad en el ámbito de la investigación y docencia universitaria; así como que se reserve al menos un 5% de las plazas ofertadas de grado, master y doctorado para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, así como para aquellos estudiantes con necesidades de apoyo educativo permanentes asociadas a circunstancias personales de discapacidad.

 

Por tanto, para el CERMI es “fundamental” que, entre las funciones de la universidad, quede establecido “explícitamente” su papel y su compromiso con los valores de la inclusión, la diversidad y los derechos de los grupos más vulnerables. Es más, explica, “se hace necesario” que, entre los requisitos legales para la creación y reconocimiento de una universidad, “se garantice su naturaleza inclusiva, el cumplimiento de las normas de accesibilidad, diseño universal para el aprendizaje y eliminación de barreras”.