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CERMI.ES semanal el periódico de la discapacidad.

viernes, 11 de febrero de 2013cermi.es semanal Nº 66

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"3,8 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Opinión

Purificación Causapié, secretaria de Igualdad del PSOE

Ser mujer y vivir con discapacidad

01/02/2013

Tengo un amigo que, para explicar la importancia de la accesibilidad universal, dice que el problema no es la discapacidad, sino el hecho de tener una sociedad que no piensa en las personas que viven en ella, y concluye con una ocurrente historia, “es como el lamento del ciprés: yo soy alegre, pero me ponéis en unos sitios…”

La realidad de la discapacidad muestra que vivimos en una sociedad excluyente, que sitúa  a las personas en diferentes niveles respecto al acceso a la ciudadanía, de tal forma que la mayoría de la población encuentra dificultades para acceder a derechos económicos, sociales y políticos garantizados en nuestras leyes.

Y digo la mayoría intencionadamente, porque si tenemos en cuenta que la discriminación afecta a las mujeres, a los jóvenes y los mayores, a las personas con discapacidad, a quienes proceden de lugares más allá de nuestras fronteras, a quienes pertenecen a etnias que no son la mayoritaria, a quienes tienen opciones sexuales no heterosexuales, o a quienes de manera puntual o permanente padecen alguna enfermedad, podremos concluir que la discriminación afecta a la mayoría de la población, y que siempre produce sufrimiento y pobreza para muchas personas que encuentran dificultades añadidas y específicas para afrontar su vida y cumplir sus expectativas.

El caso de las mujeres con discapacidad es elocuente, además de tremendamente injusto. Según el CERMI, en España viven aproximadamente 2,5 millones de mujeres con discapacidad, son el 60% de las personas con discapacidad y el 16% de las mujeres.

La discriminación que sufren las mujeres con discapacidad,  ha marcado y, aún hoy, marca toda su vida. Aunque en los últimos años ha mejorado la escolarización y el acceso a la educación, las niñas con discapacidad sufren todavía dificultades porque la integración y la coeducación no se han generalizado en el sistema educativo. Las jóvenes se enfrentan a problemas añadidos para acceder a la formación, y aún más, para convivir en un entorno social y cultural accesible. La inmensa mayoría de las mujeres tienen que salvar los obstáculos para acceder al empleo. En algunas ocasiones las vemos claudicar, en otras pelear como nadie por incorporarse a la vida laboral.

 Y si todas las mujeres necesitamos que la sociedad reconozca que la conciliación de la vida laboral y familiar es un derecho de trabajadores y trabajadoras, más aún lo necesitan quienes tienen una discapacidad, puesto que, en muchos casos, requieren apoyos adicionales.

En el caso de mujeres mayores con discapacidad, tenemos que recordar  que viven más años que los hombres y más tiempo en soledad, lo que puede acarrear consecuencias no deseadas  y traducirse en menores recursos familiares para el cuidado. Recordemos que son habitualmente las mujeres quienes cuidan.

 A esta situación, debemos sumarle la escasez de recursos económicos de las mujeres mayores, puesto que, al no haber trabajado ni cotizado, no tienen acceso a las pensiones contributivas de la seguridad social, y por lo tanto tienen que acudir al sistema de pensiones no contributivas, que siempre es de menor cuantía.

Y una cuestión más, que, como al conjunto de las mujeres, también afecta a las mujeres con discapacidad, la violencia de género. La falta de autonomía de cualquier tipo, económica, social, física o psicológica, hace más vulnerables a las personas y dificulta su capacidad de reacción.

En conclusión, la discriminación de las mujeres con discapacidad hace que su situación de desigualdad social, económica y vital sea injusta, pero además supone una gran pérdida para todos y todas. Es sencillamente irresponsable que esta sociedad no cuente con todas las capacidades y con todas las personas. Quienes hemos trabajado y vivido cerca de personas con discapacidad sabemos que trabajan con ahínco por su vida y por su entorno. Es una cuestión de justicia social, de democracia política y, por supuesto, de eficiencia económica.

Durante muchos años se han desarrollado políticas dirigidas a la igualdad de las mujeres y de las personas con discapacidad, e incluso planes específicos dirigidos a las mujeres con discapacidad. Hoy, sin embargo, la política de austeridad y recortes de derechos del PP, supone un grave ataque a sus derechos.  La creciente desigualdad en el mercado de trabajo, el incremento del desempleo, la eliminación progresiva de derechos del Estado del Bienestar, especialmente en educación, salud, servicios sociales, políticas activas de empleo, así como en atención a la dependencia y promoción de la autonomía personal, está volviendo a dejar a las mujeres con discapacidad en una situación de pobreza y vulnerabilidad social.

Sin embargo, para saberse ciudadanas de primera, y poder ejercer sus derechos a la vez que aportar todas sus capacidades, las mujeres con discapacidad requieren apoyos que les permitan tener una vida autónoma, estudiar, trabajar, formarse, vivir en sociedad o acceder a la cultura, como cualquier ciudadano o ciudadana, y para eso esta sociedad debe ser accesible y garantizar derechos universales a todas las personas, evitando la discriminación, es decir, eliminando los obstáculos para ejercer tales derechos.

Creo que, al igual que todas las mujeres, aquellas que tienen una discapacidad tienen el derecho a decidir su vida y tomar las decisiones que afectan a la misma. Que ellas lo consigan es positivo para toda la sociedad. Como el ciprés, necesitamos que el entorno cambie y se construya a favor de las personas, con el objetivo de garantizar la igualdad.

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