En una entrevista concedida a la publicación ‘Cermi.es semanal’, quien fuera portavoz del PSOE en la Comisión de Discapacidad del Congreso aborda las principales conclusiones del estudio elaborado por la empresa de la que forma parte, Red Talento Consultoras, encargada de realizar el estudio para la Fundación CERMI Mujeres.

 

Como explica en la publicación del CERMI la propia Laura Seara, se trata de un análisis de sentencias firmes que tienen como sujeto activo o pasivo a una mujer o niña con discapacidad, dictadas entre 2008 y la actualidad, dado que el estudio ha tenido como columna vertebral la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se trata de una investigación en la que ha trabajado un equipo con perfil jurídico y con amplios conocimientos en materia de igualdad.

 

Pese a los “avances significativos” con los que esta experta explica que se han encontrado durante la elaboración del estudio, sobre todo por parte del Tribunal Supremo, indica que han tenido numerosas dificultades para llevar a cabo su trabajo. Así, subraya que “ha sido muy difícil encontrar sentencias para analizar, dado que las mujeres con discapacidad acceden muy poco a la justicia. Litigan muy poco. En muchos casos, la propia incapacitación legal las deja fuera, y si actúan lo hacen a través de sus representantes legales o del Ministerio Fiscal”.

 

Incluso en los supuestos en los que no hay incapacitación legal, apunta Seara, las mujeres con discapacidad tampoco acceden en condiciones de igualdad respecto a las mujeres sin discapacidad y a los hombres que sí tienen discapacidad. “Todavía hay carencias respecto a la información sobre sus derechos, al respaldo familiar, etc. Existen pocos medios económicos, y faltan los  apoyos y ajustes adecuados en los procedimientos”.

 

Además, la también exdirectora general del Instituto de la Mujer hace hincapié en que con este estudio se ha constatado que las barreras de acceso a la justicia se agudizan en el entorno rural; que las mujeres con discapacidad sufren en mayor medida las incapacitaciones jurídicas; que existe una falta de medidas legales para acabar con las esterilizaciones y abortos forzosos; la privación del derecho al voto por razón de discapacidad, e internamientos involuntarios. “El ordenamiento jurídico español no ha hecho los cambios y ajustes legales tras la entrada en vigor de la Convención y esto genera interpretaciones judiciales que vulneran este tratado internacional”, denuncia la coautora del estudio.

 

Y todo esto sucede pese a que, como explica Laura Seara, la Convención de la ONU de la Discapacidad propugna la sustitución de la anterior concepción médica de la discapacidad por un modelo social, basado en los derechos humanos. “En el estudio demostramos que a pesar de que algunas sentencias recogen y señalan esta nueva concepción de la discapacidad, a la hora de emitir el fallo, perduran los atavismos del modelo médico y protector que, en el caso de las mujeres, se convierte en patriarcal”, lamenta.

 

Laura Seara, durante la entrevista, realiza también un recorrido por su trayectoria profesional, que explica que ha estado ligada a la lucha en favor de la igualdad de la mujer, y durante la que ha podido trabajar de cerca con el tejido social de la discapacidad, sobre todo cuando fue portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados.