El Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores, publicado en el Boletín Oficial del Estado del pasado día 5 de febrero, repite el esquema de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y reserva un porcentaje de licitaciones públicas exclusivamente a centros especiales de empleo de iniciativa social, no a los de iniciativa privada.

 

Ya en 2017, a impulsos del CERMI, el Parlamento modificó la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social para definir en sede legal el centro especial de empleo de iniciativa social diferenciándolo del puramente privado, lo que da pie a tratamientos futuros singularizados, como este de la contratación pública.

 

La contratación pública, bien regulada y utilizada, es un poderoso instrumento de inclusión para grupos en situación de fragilidad como las personas con discapacidad, por lo que una legislación favorable a la dimensión social, como la de 2017 y esta que acaba de aprobarse mediante Real Decreto-ley, constituye un resorte de primera importancia para, entre otros fines, avanzar en el acceso al empleo decente.