Agradecemos a la Dirección y equipo de redacción de esta publicación, así como al CERMI, la oportunidad de insertar esta nueva Sección sobre una temática realmente importante y que aspiramos a que resulte ciertamente de interés para los lectores y lectoras de la misma.

 

Estamos en un Estado social y democrático de derecho, pero no hay que olvidar que justamente es un estado de derecho en el que prevalece el principio de legalidad y todas las autoridades y ciudadanos quedan sometidas al mandato de la ley.

 

Por otra parte, nuestro colectivo de personas con discapacidad y sus familias y todo el entorno de organizaciones, gestores, patronos, miembros de juntas directivas, personal técnico, entre otros, alcanzan conjuntamente una cifra enorme cuya relevancia no solamente es cuantitativa sino también cualitativa, porque se trata de colectivos en situación de grave vulnerabilidad, de desigualdad, y en definitiva que requieren de una protección especial de los poderes públicos. 

 

Es preciso pues que haya más y mejores normas, y que éstas sean más conocidas y que se cumplan y se disfruten. Nuestra máxima, de Luis Cayo Pérez Bueno y yo mismo, así como de otros colegas, es que hay que pasar de los derechos a los hechos. Es decir, que se produzca el disfrute real y efectivo de los mismos.

 

De ahí el interés de esta sección informativa que hoy nace con la aspiración de cubrir un vacío en relación con el mundo jurídico y las personas con discapacidad. 

 

La información de carácter jurídico que vamos a poner a vuestra disposición tendrá un carácter divulgativo, sin merma del debido rigor. Es decir, no haremos análisis jurídicos profundos, porque la revista no aspira a ello, ni dispondríamos de espacio suficiente en la misma para plantear y desarrollar cuestiones enjundiosas.

 

Así que nuestra tarea será proporcionaros píldoras informativas y poneros en la pista de aquellas novedades que se produzcan en este campo y que deban ser conocidas y leídas y estudiadas posteriormente con profundidad. 

 

De este modo os ofreceremos las informaciones que tengan que ver por un lado con las novedades de carácter legislativo o normativo que se produzcan en nuestro país en el plano estatal y autonómico, en la Unión Europea y, en su caso, en Naciones Unidas. También en materia de jurisprudencia, enseñando aquellas sentencias más relevantes que puedan aparecer del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y los dos tribunales europeos, el de Luxemburgo y el de Estrasburgo.

 

Nos haremos eco de los principales documentos nacionales e internacionales que se publiquen, así como de aquellos libros o revistas sobre los que convenga que conozcáis sus aspectos más interesantes para concluir dando cuenta de congresos realizados o que estén en la agenda próxima.

 

Pero esta preciosa y atractiva tarea no podía ni quería asumirla yo solo y por ello contamos con un magnífico equipo de juristas: abogados, altos funcionarios, profesores de universidad, gestores de entidades sociales, documentalistas etc.

 

Todos ellos disponen de una consolidada y prestigiosa trayectoria profesional y un indudable compromiso personal hacia las personas con discapacidad, sus familias y sus organizaciones. Los colaboradores de esta sección son: Miguel Ángel Cabra de Luna, Patricia Cuenca, Antonio Galiano, Óscar Moral, Alejandro Moledo, José Miguel Morales, Elva Rodríguez y Mariana Samaniego. 

 

Trabajaremos con una nueva metodología de análisis jurídico del Derecho de la Discapacidad que se va a plasmar y desarrollar con detalle en una inminente publicación dirigida por Luis Cayo y yo mismo y con un magnífico equipo de profesionales en la que desgranamos todos estos aspectos y nuevos enfoques, así como cuál sería el contenido básico del Derecho de la Discapacidad.

 

Pretendemos que el centro del Derecho de la Discapacidad lo constituya por una parte y principalmente la persona con discapacidad, pero íntimamente aparejada con la situación de discapacidad para asegurar la conexión entre la persona y el entorno, que es el que genera la discapacidad misma por la falta de condiciones que permitan el ejercicio de los derechos en las mismas condiciones que los demás ciudadanos.

 

Y en lugar de hacer un recorrido de cada materia, cada disciplina, cada rama del Derecho, para escudriñar qué dice cada una de ellas respecto de los mecanismos de protección y derechos reconocidos a las personas con discapacidad, hemos optado por elaborar un catálogo de respuestas fundamentales a los problemas del colectivo. Por ejemplo, en materia de accesibilidad se busca cuáles son las soluciones que se han dado a este problema en el conjunto del ordenamiento jurídico. Y disponer de este modo de una visión de conjunto de la respuesta de protección jurídica del sistema y detectar las insuficiencias, lagunas e imperfecciones, así como aquellos hechos de la realidad que no estén siendo tratados normativamente y que requieran acciones de incidencia política para su consecución.

 

En fin, aquí estamos, y empezamos ya dispuestos con ilusión y con profesionalidad, pero con un tratamiento de la información adecuada al enfoque que os he comentado más arriba, con la esperanza de que resulte ciertamente de vuestro interés y por tanto útil para las personas y las organizaciones del sector de la discapacidad.