Son los que quedan desde hoy, que estoy escribiendo estas líneas, hasta el 4 de diciembre de 2017, la fecha que consta en la ley (Tercera Disposición Adicional del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre) para que todo, repito todo, sea accesible a todos los españoles y españolas: espacios públicos urbanizados, edificaciones, medios de transporte, oficinas públicas, dispositivos y servicios de atención al ciudadano, así como la participación en los asuntos públicos, incluidos los que tienen que ver con la Administración de Justicia o con los procesos electorales. La accesibilidad debe abarcarlo todo y ha de ser segura, cómoda y los más autónoma y natural posible. 

 

Porque sin accesibilidad no pueden ejercerse todos los derechos humanos ni las libertades fundamentales, ni tampoco disfrutar de las conquistas sociales que las leyes nos reconocen a todos los ciudadanos, tengamos o no todas las capacidades que es posible tener. 

 

Conscientes de que no poder ejercer derechos, libertades y conquistas sociales hace que disminuyan de una manera drástica las posibilidades de ser feliz, y que es necesario impulsar desde los poderes públicos medidas para conseguirlo, España se convirtió, en la etapa de gobierno socialista, en uno de los países pioneros en iniciar la adaptación a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Fue el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI, adoptado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en diciembre de 2006. Se ratificó en nuestro país en mayo de 2008, y en 2011 se aprobó la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dicha ley contenía el mandato de que, en un año, el gobierno había de remitir al Congreso de los Diputados otro proyecto de ley para dar cumplimiento a lo relativo al ejercicio de la capacidad jurídica para las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida, matrimonio, testamento etc. Un mandato que, de haberse cumplido, habría ya solucionado algunos de los problemas que muchas personas con discapacidad sufren todavía. 

 

En 2013, ya gobernando el Partido Popular, se aprobó mediante un Real Decreto el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, con un calendario exhaustivo que especificaba las fechas en las que cada tipo de bien, espacio, servicio o infraestructura había de ser accesible  

 

Pero el gobierno se ha dormido en los laureles: a estas alturas de 2017 estamos lejos de poder decir que nuestro país es o será en el plazo que en su día nos marcamos accesible a todos sus ciudadanos y ciudadanas. Además, sería ingenuo creer que, por muchas medidas que tomemos ahora y sigamos tomando hasta el mes de diciembre de este año, podremos terminar con todas las barreras que impiden a las personas, con algún tipo de discapacidad, que sean más libres de lo que lo son ahora. En cualquier caso, no nos podemos quedar cruzados de brazos sin iniciar el camino de eliminarlas. 

 

El grupo al que represento, el Socialista, tal y como propusimos en nuestro programa electoral, hemos puesto encima de la mesa el mecanismo que hemos denominado 1% para la Accesibilidad Universal. Consiste en destinar ese porcentaje del presupuesto ejecutado en obra pública e infraestructuras, y también en la sociedad de la información, para acabar paulatinamente con todas las barreras que impiden la accesibilidad. Lo hemos ya propuesto en la Comisión para las Políticas Integrales para la Discapacidad, sin que nadie votase en contra y ahora que nos encontramos en el trámite de confección y  aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de este 2017, propondremos una enmienda al articulado para crearlo, esperando que todos los grupos repitamos en el Pleno la votación que ya llevamos a cabo en la Comisión.

 

Naturalmente no estaremos cerrados a otras propuestas, a otros mecanismos o a cualquier otro tipo de medida con las que conseguir lo mismo, pero los días y las semanas pasan, el gobierno puede, en un mes, tener aprobados los Presupuestos Generales del Estado y nos gustaría ver algún detalle que nos hiciese pensar que lo van a proponer.  

 

De momento no lo vemos.