El 0,7% del IRPF es de vital importancia para el conjunto de CERMIS Autonómicos y para la sociedad española. Por eso no debemos pensar solo en el futuro del 0,7% del IRPF desde el enfoque de las organizaciones y las estructuras, sino principalmente desde el impacto en las personas y grupos vulnerables o en riesgo de exclusión. 

 

Desde CERMI La Rioja, como miembro de la Plataforma Autonómica del Tercer Sector Social de La Rioja  (Cáritas, Cruz Roja, ONCE, EAPN, Federación del Voluntariado Social y CERMI) se está trabajando en la situación del 0,7 % del IRPF, para ello se iniciaron en el mes de abril y de nuevo en el próximo mes de Junio, acciones de sensibilización tales como una rueda de prensa con motivo del comienzo de la campaña de la declaración de la renta 2016, dirigida a la sociedad riojana, y de modo especial a los contribuyentes, para pedir su apoyo marcando la casilla destinada a Actividades de Interés Social, la “X solidaria”.

 

En la misma línea también se ha aludido a otro aspecto relacionado con la fiscalidad que puede beneficiar al sector, un nuevo marco fiscal para las donaciones. Desde 2016, se han incrementado notablemente los tipos de deducción aplicables a las donaciones en favor de entidades de Utilidad Pública. 

 

Concretamente para personas físicas, en el IRPF, la deducción es del 75% de las cuotas y donativos hasta 150 euros al año. A partir de esa cantidad la deducción varía entre 30 ó 35% dependiendo de si se llevan 3 años seguidos o no colaborando con la entidad, con un 10% de la base liquidable. Para personas jurídicas, en el Impuesto de Sociedades, la deducción es del 35% de las cuotas y/o donativos y el 40% si se llevan al menos 3 años seguidos colaborando, con un 10% de la base liquidable.

Con ello no sólo se beneficia al sector sino que redunda directamente en las personas que se encuentran en desventaja, riesgo o exclusión social, contribuyendo a una sociedad más justa y equitativa. 

 

Una vez presentada la campaña, se han mantenido varias reuniones con el Consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia y la Junta Directiva del Tercer Sector, así como, entidades sociales, en las mismas se ha producido un intercambio de información del proceso en el que se encuentra el reparto de fondos y el traslado de la preocupación del colectivo CERMI concretamente la que presentan las entidades de la discapacidad, afectando a los programas y proyectos, teniendo en cuenta que en determinadas entidades el 0,7% supone el mantenimiento del 50% de la entidad. 

 

Desde CERMI La Rioja, de la mano de la Plataforma Autonómica del Tercer Sector Social, abogamos por un modelo de gestión compartida, reservando un tramo de gestión estatal y otro para la gestión de las comunidades autónomas. Dicha gestión compartida debe traducirse en un doble tramo, en función de la Administración encargada de la convocatoria, instrucción y resolución de las ayudas, es decir, un tramo de carácter autonómico y otro de carácter estatal.  

 

El tramo estatal, para ajustarse a los criterios de constitucionalidad, deberá circunscribirse a programas y acciones de ámbito estatal, gestionados por entidades de ámbito estatal, que se encuadren nítidamente en ejes considerados de interés general en los términos que establece el Real Decreto-Ley 7/2013 (como son la atención a las personas con necesidades de atención integral socio-sanitaria, la atención a las personas con necesidades educativas o de inserción laboral, y el fomento de la seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia), debiendo quedar excluidos aquellos programas y acciones que se consideren jurídicamente como asistencia social. 

 

El tramo autonómico contemplará programas y acciones de naturaleza o carácter exclusivamente social (asistencia social / servicios sociales) y estará circunscrito a organizaciones del Tercer Sector de Acción Social que actúen en cada Comunidad, beneficiando a las entidades y usuarios destinatarios de los programas que venían disfrutando mediante la recepción de estos fondos. 

 

Por su parte la propia Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia se ha comprometido a garantizar los fondos que se venían atribuyendo a las entidades, con el fin de paliar las consecuencias negativas que supondrían la no percepción de los mismos. 

 

En este sentido y cuando esté finalizado se instaurará el Real Decreto de tramo autonómico, el cual preserva ciertos aspectos que desde el punto del Tercer Sector de Acción Social son imprescindibles, porque podían constituir un serio riesgo de desviación respecto de las personas y de las organizaciones destinatarias de estos fondos que deben seguir siendo de aplicación finalista.

 

Para finalizar me gustaría instar, al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad junto con las administraciones territoriales a trabajar activamente de forma conjunta para paliar la situación de inquietud y preocupación que estamos viviendo en estos momentos las entidades del Tercer Sector y lo más importante que garantice los derechos y la calidad de vida de las personas por las que trabajamos.