La accesibilidad universal es una de las principales reivindicaciones del movimiento asociativo de la discapacidad, que pese a estar presente en nuestras agendas desde hace más de 30 años, la existencia de barreras en nuestra sociedad continúa siendo uno de nuestros principales problemas a la hora de poder participar de una vida totalmente normalizada. Esta situación pone de manifiesto que, a pesar de las numerosas conquistas alcanzadas por las personas con discapacidad en los últimos años, aspectos tan determinantes como la accesibilidad, lejos de resolverse, continúan siendo uno de nuestros principales caballos de batalla. 

 

En nuestro país, 6 de cada 10 edificios de viviendas tienen escalones que impiden llegar hasta el portal, una vez dentro el 59% presentan problemas de accesibilidad en zonas comunes y de los edificios con garaje, 9 de cada diez no tienen itinerarios accesibles hasta el coche.

 

Esta situación provoca que un gran número de personas con discapacidad tengan enormes dificultades para acceder a los bienes y servicios básicos, por no hablar de las personas que por tener movilidad reducida, se ven abocadas a vivir en viviendas sin posibilidad de salir a la calle de manera autónoma, lo que choca frontalmente con los derechos de cualquier persona a desarrollar una vida en condiciones dignas.

 

Son numerosas las normas que se han aprobado en los últimos años para tratar de mejorar esta situación, pero está claro que no han tenido la efectividad deseada. La Administración tiene que hacer un esfuerzo y revertir esta situación de forma inmediata. No es tolerable que en pleno siglo XXI, continuemos teniendo problemas para entrar y salir de nuestras casas

 

La solución es clara y está en la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal. Es necesario que esta norma recoja los mecanismos para que realizar obras de accesibilidad sea obligatorio y que éstas sean costeadas por todas/os las/os propietarias/os. Y esta obligatoriedad de la normativa tiene que ir acompañada de ayudas públicas que permitan financiar las adaptaciones necesarias sin que sea un quebranto económico para nadie.

 

Hay que cambiar esta norma para garantizar el derecho universal a la accesibilidad y que, de una vez por todas, no haya personas encerradas en sus viviendas porque no puedan instalar una rampa o un ascensor. Hay que cambiar la Ley de Propiedad Horizontal para toda la sociedad en su conjunto, para concebir la accesibilidad en el sentido más amplio, como un principio básico que beneficia a todas las personas, porque cuando un lugar o un edificio es accesible significa que puede ser utilizado por toda la población. 

 

Es necesario recordar que, la accesibilidad universal no es solo cosa de nuestro grupo social, sino que es una cuestión que afecta a todos y todas. Nadie está exento de tener dificultades de movilidad de forma puntual o de adquirir una discapacidad permanente, o de tener hijos/as que utilizan carrito, o de recibir en su casa la visita de personas mayores o con discapacidad, o de utilizar un carrito para hacer la compra... y otras tantas situaciones que en el día a día no generarían ningún tipo de problemática si se contemplara una accesibilidad universal. 

 

Parece obvio, pero si queremos garantizar la participación real de las personas con discapacidad en la sociedad, hay que empezar por permitir que salgamos de casa y por la creación de entornos para todas las personas, además, este año 2017 tenemos el marco ideal para reivindicar de una vez por todas el cumplimento de esta asignatura pendiente,  ya que la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, marca como fecha límite el 4 de diciembre para que todos los productos, bienes, entornos y servicios sean accesibles, de acuerdo a criterios básicos de no discriminación y accesibilidad universal, por lo que tenemos un gran reto por delante. Es el momento de hacer valer nuestros derechos y, por lo tanto, hacer cumplir las normas que nos hemos marcado entre todos.