Hablar explícitamente de discapacidad cuando se hace referencia a la educación, al empleo, a la reducción de desigualdades, a las ciudades y comunidades sostenibles y a las alianzas para alcanzar estos objetivos supone el cambio de mentalidad necesario para que las personas con discapacidad demos el paso definitivo para dejar de ser sujetos pasivos a ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.

 

Sin embargo, la discapacidad debería estar presente de manera transversal en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y teniendo en cuenta que la Agenda 2030 no es de obligado cumplimiento, se hace necesario alinear su desarrollo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que esta sí supone una obligación para aquellos países que, como España, la han firmado y ratificado. 

 

En este sentido, es necesario que las organizaciones del Tercer Sector así como las entidades representativas de personas con discapacidad, como Cocemfe y el CERMI, participen permanentemente en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas para que las necesidades de nuestro grupo social sean asumidas con la máxima convicción y responsabilidad. Ello supondrá profundizar en el trabajo que nuestra Confederación lleva realizando desde su inicio y que ha implicado no solo avanzar en el ejercicio real de los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica, sino también la mejora de la sociedad en su conjunto, en línea con los objetivos que ahora plantea la Agenda 2030.

 

Además, es imprescindible que todas las administraciones asuman su papel en el cumplimiento de la Agenda 2030 con una voluntad política comprometida con no dejar atrás a las más de 1.000 millones de personas con discapacidad que hay en el mundo. Las medidas que se lleven a cabo para la eliminación de desigualdades en todo el planeta deberán garantizar nuestros derechos, contar con una dotación suficiente de recursos y nuevos enfoques de diseño y de planificación de políticas públicas. 

 

A pocas horas de las elecciones del 28 de abril, esperamos que el Gobierno resultante se comprometa con el cumplimiento de los objetivos que marca la Agenda 2030 en general y con la reducción de la situación de desigualdad a la que tienen que hacer frente las personas con discapacidad en particular. 

 

En concreto, para avanzar en este aspecto, es necesaria la eliminación de todo tipo de barreras que impiden la inclusión de las personas con discapacidad, la formación de las instituciones públicas, privadas, las organizaciones de derechos humanos, las personas legisladoras y los equipos técnicos de las diferentes administraciones para que conozcan la discapacidad desde el enfoque basado en los derechos humanos y la concienciación para que la población en general conozca los derechos de nuestro grupo social.

 

Es fundamental que los gobiernos que resulten de las elecciones tengan en cuenta transversalmente a las personas con discapacidad en sus políticas públicas. Que apuesten decididamente por los derechos y libertades de nuestro grupo social y que cuenten de manera permanente con el movimiento asociativo como interlocutor válido para responder, de manera conjunta y consensuada, a las verdaderas necesidades de las personas. Continuamos a su disposición para transformar la sociedad y avanzar hacia un mundo para todas las personas, un mundo sostenible e inclusivo.