Las entidades que configuramos el Tercer Sector de Acción Social necesitamos un nuevo marco financiero que acabe con la incertidumbre que cada año nos acompaña sobre si podremos o no mantener la atención que prestamos a nuestro grupo social durante un año más. 

 

Mermar los fondos que recibimos las entidades puede suponer un auténtico mazazo no solo para la propia supervivencia de las entidades, sino, lo que es más importante, para la defensa de derechos y la prestación de servicios de las personas a las que representamos. Cuando hablamos de entidades pertenecientes al Movimiento Asociativo de Cocemfe, estamos hablando de apoyo directo a personas con discapacidad y sus familias, de un grupo social en una situación de partida de clara desventaja y que como consecuencia de la pandemia se ha visto todavía más perjudicado. 

 

Las personas con discapacidad hemos vivido un retroceso de derechos sin precedentes y ahora nos enfrentamos a una nueva realidad que hace más urgente que nunca conseguir estabilidad en la imprescindible labor que realizan las entidades que nos representan. Es necesario establecer un modelo de sostenibilidad que supere el modelo tradicional de subvenciones y que nos saque del eterno conflicto competencial. Un nuevo marco de financiación que debe contemplar la participación del Tercer Sector de Acción Social en la planificación, seguimiento y evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de los fondos estructurales y de cohesión, cumpliendo con el principio de asociación. 

 

Desde Cocemfe y las organizaciones del Tercer Sector creemos que es inaplazable la definición e implantación de nuevos instrumentos de financiación y de justificación de gastos (mayor orientación a resultados), elevar la asignación del 0,7% al 1% en las subvenciones procedentes del IRPF y del Impuesto de Sociedades, que el Estado garantice un suelo de recaudación en ambas convocatorias y el establecimiento de mecanismos ágiles para la creación de fondos extraordinarios ante situaciones de crisis que provoquen consecuencias sociales, como la que estamos viviendo en la actualidad por la COVID, entre otras.

 

Pero para llevar a cabo todas estas medidas y que las organizaciones podamos seguir trabajando intensamente en la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida de las personas más vulneradas, es imprescindible la interlocución permanente entre el Tercer Sector y las administraciones, para poder aportar de manera amplia la perspectiva de las personas a las que van dirigidas las políticas.