Oficialmente, el 22 de Junio seré la madre de un fracasado. Después de cursar toda Primaria y ESO en Educación Ordinaria en un centro preferente de TGD de la Comunidad de Madrid, no es posible encontrar ningún centro educativo en el que mi hijo, con Síndrome de Asperger y TDAH, pueda seguir cursando FP o Bachillerato con los apoyos de los que disponía hasta ahora, y que necesita para poder alcanzar los objetivos curriculares de estas etapas (bueno, realmente no nos garantizan apoyo, a secas, siguiendo lo que marca la ley). 

 

Así que, según el Ministerio de Educación, todo el esfuerzo que ha realizado tanto él como sus compañeros, profesores, integradores sociales, auxiliares educativos, personal de comedor y, por supuesto, sus padres no ha servido de nada porque no va a titular y, por lo tanto, engrosará ese porcentaje de cerca del 20% de alumnos que fracasan en el sistema educativo. Porcentaje que, claro, incluye una gran parte del alumnado con discapacidad o con cualquier otra dificultad que requiera apoyo educativo, como el TDAH, dislexia, etc., que han cosechado suspenso tras suspenso, a pesar de haber aprobado todas las materias siguiendo las adaptaciones curriculares a las que tenía derecho por ley.

 

Obviamente, no estoy de acuerdo con el Ministerio: algo anda muy mal en este país cuando se considera un fracaso que un chico con un 65% de discapacidad haya asistido durante 15 años a un centro escolar, haya compartido clases, espacios y vivencias con un montón de chavales estupendos que le han ayudado y apoyado incondicionalmente, que se han beneficiado también de sus grandes conocimientos en muchas áreas (y de su incontinencia verbal en los exámenes), y que no dudo de que harán lo mismo en el futuro, cuando se encuentren con un vecino, un compañero de trabajo o un amigo con cualquier discapacidad. A eso yo le llamo avanzar, y no fracasar, pero está claro que enfocamos la Educación desde puntos de vista diferentes.

 

Por supuesto, tampoco estoy de acuerdo con las medidas legislativas que se propusieron en su momento para reducir ese fracaso escolar, basadas en exigir de forma indiscriminada que todos los alumnos alcancen los mismos objetivos bajo pena de expulsión del sistema. ¿Y qué esperan de una chica a la que se le hace una adaptación curricular significativa en Lengua y Literatura? ¿Que apruebe por arte de magia examinándose de contenidos que no llegó a cursar? ¿Y qué pasa con todos los alumnos que, después de esforzarse y conseguir titular en la ESO, se enfrentan a una FP Media sin poder acceder a adaptaciones curriculares ni personal de apoyo? 

 

Ya que uno se pone a legislar cómo cumplir con el derecho a la educación que marca la Constitución, lo lógico es tener claro cómo se va a cumplir ese derecho cuando se trata de miles de alumnos menores de edad que cursan ESO, Bachillerato o FP. Lo contrario es lavarse las manos y dejar que se las compongan como puedan negándoles el apoyo que necesitan y, luego, darles la patada, además de cómodo, es muy negligente.

 

Afortunadamente, en el país de la economía sumergida tenemos también un sistema educativo sumergido, desconocido para la inmensa mayor parte de la sociedad, que es la Educación Especial, y ahí es donde vamos a aterrizar los próximos tres años. Un sistema que no aparece en la Lomce y que es gratuito hasta los 21 años, pero que el Ministerio de Educación no reconoce como etapa regulada dentro del “sistema educativo”, a pesar de los recursos que se destinan a él, de la gran cantidad de conocimiento que genera sobre la atención educativa a los alumnos con más dificultades, y del enorme impacto que tiene en el acceso a la vida independiente de éstos.  

 

En los últimos años, tanto desde la Confederación Asperger España como desde las entidades de TEA y de otras discapacidades, hemos estado llamando la atención sobre la precaria situación del alumnado con Necesidad de Apoyo Educativo (NAE) y, generalmente, nos hemos centrado en los recortes y falta de recursos, y no tanto en las lagunas legislativas que bloquean muchas de las iniciativas y reclamaciones que hemos realizado. En este momento, en el que parece que se están dando pasos hacia la consecución de un Pacto por la Educación, tenemos que llamar la atención sobre todo ello, para avanzar en una legislación que regule y reconozca de forma decidida el derecho a la inclusión educativa de todos los alumnos. 

 

Hace muchos años que España tenía que haber adaptado su legislación educativa a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y no solo no lo hizo al formular la Lomce, sino que permitió que ésta limitara aún más el acceso a la educación del alumnado con discapacidad o con otras NAE.

 

Para ello, reclamamos que se formule una única ley educativa que regule un único sistema educativo, y que garantice la permanencia de todos y cada uno de los alumnos en el mismo. Para ello, obviamente, hay que combinar el sistema sumergido de Educación Especial, que actualmente no aparece en la ley, de forma inclusiva con el sistema ordinario, permitiendo vías flexibles de escolarización que aprovechen todos los recursos de ambos. 

 

En consonancia con esto, hay otras reclamaciones, relativas sobre todo a la situación en las etapas postobligatorias, que consideramos que es momento de formular como:

 

- Reconocimiento expreso del derecho de todos los alumnos con Necesidad de Apoyo Educativo a acceder a cualquier etapa educativa, cursarla y ser evaluados de acuerdo con sus características personales. Actualmente, este derecho sólo se reconoce en Educación Infantil y Primaria, y parcialmente en la ESO, pero no en las etapas de Bachillerato ni en toda la Formación Profesional. De hecho, hasta los alumnos universitarios con discapacidad, regidos por una ley educativa diferente, tienen reconocidos muchos más derechos y pueden recibir más apoyos que los alumnos de FP Básica, precisamente aquellos que según la Lomce han sido derivados por esa vía por tratarse de chicos con dificultades para superar el curriculum de la ESO. 

 

- Eliminación de las reválidas y pruebas de evaluación externas que supongan un obstáculo para la obtención del título de la etapa correspondiente. En el caso de que se establezcan como pruebas diagnósticas, debe garantizarse que los alumnos con adaptaciones no significativas van a realizarlas disponiendo de las adaptaciones y apoyos que precisan. También debe regularse previamente y de forma precisa las condiciones en las que los alumnos con adaptaciones significativas van a realizar las pruebas, y cómo se van a interpretar los resultados e integrarlos en las estadísticas. 

 

- Eliminación de la limitación de edad para cursar la Formación Profesional Básica y unificación de la oferta educativa conducente a la obtención de Título Profesional Básico, ahora dispersa entre FP básica y los Programas Profesionales que dependen, de forma no apropiada para alumnos de 17 años menores de edad, de los centros que imparten educación para adultos. Asimismo, debe unificarse la oferta educativa de todos los centros ordinarios y especiales permitiendo interacciones entre ellos.

 

- En relación con lo anterior: establecimiento de itinerarios específicos para alumnado con NEE con adaptaciones curriculares significativas sin suponer un engrosamiento de las listas de alumnos con fracaso escolar.

 

- Regulación de todas las figuras profesionales que intervienen en el proceso educativo y forman la plantilla de los centros más allá de las de carácter exclusivamente docente, como los auxiliares educativos, integradores sociales, etc.

 

Confiamos en que durante este tiempo podamos avanzar en la inclusión y transformar ese fracaso en un éxito. Nuestros chicos se merecen un reconocimiento al esfuerzo que realizan.