Como presidente de Asodam, y cuando decido escribir este artículo, me planteo el hacerlo de forma reflexiva o de forma periodística y de investigación. Pues tras unos minutos, entiendo que básicamente más allá de las formas, mi propósito es levantar conciencias y despertar a la sociedad en general y a los compañeros de profesión con discapacidad o sin ella, para dirigirlos motivadamente hacia un movimiento proactivo y reactivo que, en el momento de redactar este escrito, como diríamos los profesionales del derecho, no llego a adivinar aún. 

 

El 43,6% de las personas con discapacidad entre 16 y 64 años de la Comunidad de Madrid (unas 80.000) participan en el mercado laboral, según las últimas cifras del INE, referentes a 2018. Se trata de la tasa de actividad más alta de todas las autonomías, después del gran crecimiento de 8,7 puntos producido desde 2014. Si extrapolamos el número aproximado de 175.000 personas con discapacidad respecto al total de la población de nuestra Comunidad del año 2019, 6.662.000 habitantes, nos daría un resultado de un 2,62% respecto de la población total. El número de colegiados proporcionado por el ICAM en su página web, es de 77.043 inscritos en el 2017, en las últimas elecciones para elegir nuevo Decano, y más 1.440 letrados/as (información de Confilegal) en el Colegio de Abogados de Alcalá, aproximadamente. El resultado obtenido sería el 2,62% de 78.483 abogados ejercientes o no; es decir, que tendríamos algo así como unos 2.056 abogados con algún tipo de discapacidad, desde luego no deja de ser una aproximación sujeta a discusión, pero da buena cuenta de que hay un número importante de compañeros ejercientes o no que tienen una discapacidad en nuestra Comunidad. 

 

El objetivo de nuestros Colegios de Abogados y Abogadas, entre muchos otros, es proteger la labor del abogado dentro de nuestra sociedad y el nuestro, el desarrollar e implementar otros objetivos afectos a la propia discapacidad dentro de nuestro proyecto asociativo; y por supuesto, convencer a esos miles de abogados con discapacidad para que se unan a nosotros, y por ende a aquellos compañeros que tengan un alto grado de sensibilidad respecto de la discapacidad en la abogacía y en general, o que sean especialistas en dicha materia. 

 

En cuanto que somos como abogados como reflexión, un instrumento jurídico más de la cadena, nos diluimos profesionalmente y en la que las decisiones no descansan sobre nosotros, sino que hay otros intervinientes en el proceso con capacidad de decisión o “influencer” (Jueces, Fiscales, Funcionarios, etc.). 

 

Pero eso sí, somos imprescindibles para la protección de los derechos de todos los ciudadanos a los que defendemos diariamente. Velamos por el cumplimiento de las normas Constitucionales elementales como el art. 14 de nuestra Carta Magna, donde se manifiesta que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, (aludiendo de forma genérica, como sabéis a la discapacidad). 

 

Velamos diariamente por el cumplimiento de los mandatos del artículo 24 de nuestra Constitución que dice que: 

 

“1. Todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. 

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia al letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos”. 

 

Y en general, aplicamos al caso concreto toda la normativa vigente en beneficio de nuestros clientes que se acercan a nuestro despacho para resolver un asunto, en términos de aplicar lo que a su derecho conviene como demandantes o solicitantes, y en términos de defensa (…). 

 

Y, como Presidente de la Asociación de Discapacidad en la Abogacía Madrileña (Asodam), se me plantean otras cuestiones diferentes pero interrelacionadas con mis anteriores argumentaciones. ¿Se están permitiendo realizar de forma adecuada toda la misión o tareas de un abogado aquellos compañeros que tienen una discapacidad adquirida o sobrevenida? ¿Se les está permitiendo ser iguales que al resto de los compañeros abogados sin discapacidad? ¿Utilizan los mismos medios que el resto de los compañeros para defender los intereses de nuestros clientes? ¿Gozan de las mismas oportunidades para desempeñar esta profesión? ¿Cuántos licenciados en Derecho no acceden a nuestra profesión porque su discapacidad actúa como barrera de entrada? podríamos seguir haciéndonos preguntas y más preguntas, pero seguramente algunas podríamos contestar positivamente, o por el contrario otras, negativamente. 

 

Necesitaremos analizar y acotar para dar soluciones efectivas a nuestros asociados, y para disponer de más información, realizar una encuesta en la que debemos de involucrar a nuestros Colegios Profesionales como fuente principal de información, salvaguardando la LOPD vigente y la Directiva Europea de protección de datos, al objeto de recabar el número de abogados con alguna discapacidad, y poder realizar estudios de cuantificación aproximada a la realidad. 

 

Desde este artículo también, pedimos colaboración al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y a su Sección de Discapacidad, e incluso a su Consejo Asesor para trabajar en la elaboración y confección de unas estadísticas que nos aproximen a la actualidad de la discapacidad en la Abogacía Madrileña, igualmente solicitamos la misma colaboración con nuestro Colegio de Alcalá en la misma dirección. 

 

Entre otras reflexiones: 

 

Que existen trabas físicas y personales, estoy seguro de ello y que muchas de ellas se sufren personalmente y no tenemos un modo de transmitirlas a nuestro entorno profesional, también. 

 

Que existe falta de accesibilidad, aunque cada vez la sociedad y en particular nuestro entorno profesional es más sensible, seguro que sí. 

 

Por todo ello, y por mucho más, surge esta asociación y que se dirige a la abogacía en general, para despertar y activar conciencia; y por supuesto, a los compañeros que tienen discapacidad o no, para que tengan un foro abierto y de comunicación en el que puedan descargar sin desaire sus frustraciones diarias, semanales o mensuales; y en el que poder, realizar una actividad reivindicativa, comunicativa, de orientación, de persuasión, de aceptación, y de networking que redunde en beneficio de los partícipes del proyecto asociativo. 

 

Sería viable establecer redes de personas especialistas con discapacidad y redes de personas especialistas en discapacidad pero sin ella, para realizar estudios de investigación sobre la discapacidad en la Abogacía Madrileña y su derivada; y con los datos científicos obtenidos establecer proyectos de investigación que nos ayuden a superar o a abordar la inclusividad de nuestros compañeros. 

 

Aprovechar la experiencia y la sabiduría de los compañeros que se jubilan y que puedan y quieran seguir sus actividades profesionales de forma poco intensa y relajada, a través de un voluntariado, pudiendo ser considerados como “apoyos” de los futuros abogados con distintos grados de discapacidad, haciendo cumplir la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 

Asimismo, acudir a las prácticas profesionales tanto desde las Universidades como en los inicios colegiales, a esos abogados que comienzan su profesión y que podrían perfectamente ser tutorizados por abogados con algún grado de discapacidad. 

 

Nuestro proyecto, transmite a la sociedad en general, y a nuestros Colegios el término de “ABOGACÍA INCLUSIVA”: el objetivo primordial por el que trabajaremos juntos y por separado. La definición del término sería algo así y por supuesto sujeto a discusión siempre: “que los abogados con discapacidad tanto adquirida como sobrevenida desempeñen su actividad laboral en las mismas condiciones de igualdad y con las mismas oportunidades, que el resto de nuestros compañeros sin discapacidad”. 

 

Y para que se logre dicho objetivo, todos los estamentos jurídicos deberán de trabajar, en la misma dirección, proporcionando todos los elementos, medios de apoyo, formación, comunicación para que el abogado con discapacidad física, sensorial, intelectual, mental o del desarrollo, no sea un abogado de “segunda” o ni siquiera lo sea, porque se le impida desde la Universidad ingresar en nuestra profesión jurídica de abogado. 

 

Buscamos apoyos entre los miles de abogados con discapacidad o sin ella, que por desconocimiento de la existencia de este proyecto asociativo no se unen a nuestro/vuestro proyecto. Si contamos con vuestro apoyo podremos mejorar en la consecución de nuestros objetivos, y en medios materiales y humanos para poder realizar dichas acciones u objetivos. Al final, conseguir los propósitos de nuestros asociados se trasladará en mejorar el día a día de nuestros compañeros con discapacidad y facilitaremos la accesibilidad de personas con discapacidad física, visual, auditiva e intelectual, haciendo bueno la igualdad de todas las personas abogados, que nuestra Constitución proclama.