Los datos hacen visibles las situaciones que vivimos, nos permiten valorar las consecuencias e, incluso, tomar medidas de cara al futuro. Hasta ahora era complicado tener datos de las personas con discapacidad en prisión. El Gobierno actual ha querido revelar con detalle esta información. En total, en España hay 50.500 presos en las cárceles, de este total 5.097 tienen alguna discapacidad y han cometido diferentes delitos, como robos, tráfico de drogas y contra la salud pública.

 

Por tanto, aproximadamente, el 10 por ciento de la población reclusa tiene alguna discapacidad. La sorpresa viene cuando las cárceles se dan cuenta de que desconocen la situación real del preso. De los 5.097 presos, sólo tienen reconocida la discapacidad 3.783 (de ellos, Instituciones Penitenciarias considera que 1.205 tienen discapacidad psíquica; 248 discapacidad intelectual; 942 discapacidad física; 96 tienen discapacidad sensorial, y 1.292, multidiscapacidad). 

 

Hay, por tanto, un 25,7 por ciento de los presos que nadie ha valorado como personas con discapacidad y el centro penitenciario no debería ser el lugar que gestiona los procesos de reconocimiento de una discapacidad. Un dato demoledor por sus consecuencias en el trato, en el reconocimiento o en las condiciones de vida del recluso. Incluso hay casos en los que la discapacidad no es reconocida ni por el policía que le detiene, ni por el abogado que le defiende, ni por el fiscal que le acusa, ni por el juez que lo juzga y lo envía con su sentencia a la cárcel.

 

Mientras tanto, muchos reclusos pasan por un juicio sin entender bien lo que sucede ni comprenden por qué se les juzga ni qué implican las penas. Y una vez que llegan a la cárcel, el espacio penitenciario no está adaptado a sus necesidades.

 

Esta vulneración de los derechos como ciudadanos de las personas con discapacidad es preocupante. Se necesitan inversiones en formación de todos los colectivos vinculados con el proceso judicial y más dedicación a las personas que sufren esta injusticia. 

 

Instituciones Penitenciarias está fomentando la creación de módulos donde las personas con discapacidad puedan cumplir las penas o medidas de seguridad. Hasta ahora había uno en Segovia y otro en Estremera (Madrid), pero se van a crear cuatro módulos más: otros dos en Madrid, uno en la Comunidad Valenciana y otro en Andalucía.

 

Estos módulos pretenden ofrecer a los reclusos un entorno más adaptado a sus necesidades al ser atendidos por un equipo multidisciplinar. Pueden realizar talleres, asistir a clase, participar en reuniones y recibir explicaciones sobre el funcionamiento del sistema. El objetivo es que tengan un trato similar y con la misma garantía de derechos que el resto de reclusos y sin desarraigo familiar.

 

Además, en algunos centros (como el Dueso, en Cantabria) se ha creado un programa desde 2016 para personas con enfermedad mental o con discapacidad intelectual para que cumplan sus penas sin necesidad de entrar en prisión, y puedan desarrollar un trabajo en beneficio de la comunidad, con unas reglas de conducta, una intervención educativa psicosocial y con el apoyo de diferentes profesionales en las distintas materias. 

 

En esta línea, el Gobierno también propone fomentar la figura del agente facilitador que puede ayudar en cualquier momento a la persona con discapacidad, abrirle caminos y, sobre todo, hacer respetar sus derechos. 

 

Otro de los objetivos a cumplir es la detección temprana de la discapacidad en las personas judicializadas, incluso evitar el riesgo de cometer un delito antes de que se produzca. El reto final es la búsqueda de recursos comunitarios para alcanzar la reinserción social y laboral de la persona con discapacidad que ha pasado antes por la cárcel. Un camino difícil pero necesario para evitar cualquier tipo de discriminación.