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CERMI.ES semanal el periódico de la discapacidad.

viernes, 09 de octubre de 2015cermi.es semanal Nº 184

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"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Opinión

Esperanza frente al actual fracaso de las políticas sociales

Por Caridad García Álvarez, Portavoz del Grupo Parlamentario La Izquierda Plural en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso

09/10/2015

Caridad García Álvarez, Diputada de Izquierda UnidaCuando comencé mi andadura en el ámbito institucional, primero en el Ayuntamiento de mi localidad, Alcobendas, posteriormente en la Comunidad de Madrid y, por último, en el Congreso, mi actividad política giró en torno a la defensa de las políticas sociales como elemento integrador, de equidad y solidaridad con las personas socialmente más vulnerables.
 
Las políticas sociales -relacionadas con la Educación, la Sanidad o los Servicios Sociales, donde todos los relacionados con la Discapacidad juegan un papel esencial- son las que garantizan el bienestar, la igualdad y la calidad de vida de las personas, con independencia de su nivel económico. Por tanto, requieren de importantes inversiones públicas que no pueden medirse en función de su rentabilidad o del negocio que pueden generar para algunos.
 
En un principio parecía que a todas las formaciones representadas en las diferentes instituciones nos unía esa preocupación, pero el tiempo ha demostrado la cruda realidad. La preocupación ha pasado a ser el dinero, y las políticas sociales cuestan mucho dinero. Una frase de un diputado del PP en la Asamblea madrileña se me quedó grabada a fuego por el entorno en que se hacía: ‘las necesidades son muchas y los recursos finitos’... mientras decía esto, su partido recortaba los ingresos y primaba el beneficio de los más ricos.  
 
Es llamativo que pese a que todos reconocen la perentoriedad y la necesidad de acometer estas políticas, son las primeras en sufrir las consecuencias de los altibajos macroeconómicos. Los recortes aplicados por los sucesivos gobiernos del bipartidismo desde el comienzo de esta larga crisis –con el golpe añadido de la reforma exprés en 2011 del artículo 135 de la Constitución, que prima el pago de la deuda y sus intereses sobre los gastos sociales- han derivado en la práctica desaparición de los recursos públicos destinados a mejorar o erradicar las condiciones de desigualdad de la población afectada.
 
Es cierto que las competencias recaen en las comunidades autónomas, pero no lo es menos que sobre ellas también recae aplicar ese mismo artículo 135. El Gobierno central se lo exige y, además, recorta los recursos que les destinaba para abordar estas políticas. Se ha producido, por tanto, una importante asfixia financiera en los últimos años. A consecuencia de esta injusta reducción más del 37% de las 1,2 millones de personas en situación de dependencia reconocida no percibe ninguna prestación o servicio del sistema.
 
Asimismo, existen otros casos como el del Gobierno de Castilla-La Mancha durante el mandato de Dolores de Cospedal donde se rebajó el grado de dependencia de las personas. La consecuencia fue la reducción de sus prestaciones, lo que generó situaciones personales y familiares absolutamente dramáticas, cuando no kafkianas.
 
Tristemente nos encontramos con situaciones similares en los programas de Atención Primaria. El plan concertado mantiene el nombre pero es prácticamente inexistente. No hay más que hacer una lectura detallada de los presupuestos de los últimos años para comprobar esta realidad demoledora, más si tenemos en cuenta que con estos recursos se atiende en primera instancia los problemas y necesidades de la gente.
 
En esta legislatura de mayoría absoluta del PP a punto de concluir la política de contención del déficit ha afectado gravemente prácticamente a todos los programas e, incluso, a las asociaciones u organizaciones no gubernamentales que realizan su labor en este campo.
 
Ahora llega la época de elecciones y su correspondiente campaña. El Gobierno de Mariano Rajoy, arropado por su ‘rodillo’ parlamentario, se arroga la elaboración de unos Presupuestos Generales que no le corresponde realizar. Impone unas cuentas electoralistas en su afán de recuperar unos votos que se le van como el agua en un cesto; pretende ‘mercadear’ con las necesidades de la población para lo que aumenta ligeramente las cifras para políticas sociales.
 
Pero llegan tarde. Los recortes han sido brutales y han generado una tremenda desigualdad. Organismos internacionales como la UNESCO o Unicef -dependientes de la ONU-, y ONGs como Oxfam-Intermón, Cáritas o Save de Children lo confirman. La pobreza laboral, social y económica es una realidad que se ha instalado en nuestro país y que estas ligeras subidas presupuestarias electoralistas no van a solucionar. 
 
Por todo ello, desde Izquierda Unida y nuestro grupo parlamentario realizamos una valoración muy negativa de las políticas sociales y de discapacidad ejecutadas por el Gobierno en esta legislatura y contribuiremos a modificarlas sustancialmente a través de un próximo Ejecutivo de izquierdas, más sensible y consciente de la importancia que tienen.
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