La agenda de la discapacidad ha ganado peso, sin lugar a dudas, en el Congreso de los Diputados en esta XII legislatura. Por fin, la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad ha adquirido la categoría de comisión permanente con competencias legislativas, como el resto de las grandes comisiones del Congreso. Las iniciativas de los diputados de la Unión del Pueblo Navarro y Podemos, con el apoyo unánime del resto de la cámara, así lo hicieron posible. Con ello se culminaba un recorrido iniciado en la VIII Legislatura cuando se creó, por primera vez en el Congreso, una Comisión no Permanente para las Políticas Integrales de la Discapacidad que adquirió su carácter permanente posteriormente, en la IX legislatura.

 

Se trataba entonces de encontrar un espacio parlamentario que permitiese trabajar en el Congreso de manera amplia, transversal pero al mismo tiempo concreta y precisa el conjunto de las políticas de la discapacidad. Y se trataba de ir más allá de la comisión que había tratado habitualmente estas cuestiones por su enfoque ciertamente limitado y muy sectorial, tal y como era la comisión que se ocupaba de la política social. Es evidente que el abordaje de la discapacidad formaba parte de la política social, pero no solo las cuestiones de la discapacidad tenían que ver con la política social. Cuestiones esenciales y capitales para las personas con discapacidad estaban directamente vinculadas al trabajo de otras comisiones, tales como el pleno ejercicio de los derechos fundamentales, la política de empleo y en materia de Seguridad Social, la igualdad entre hombres y mujeres, las políticas educativas... No se trataba tanto de no abordar la discapacidad en el resto de comisiones del Congreso sino promover una atención política concreta y especifica que permitiese desarrollar acciones que tuviesen como objetivo remover las barreras y obstáculos que impedían una efectiva y real igualdad para todos. Se trataba, por tanto, de luchar contra la exclusión y la marginación de las personas con discapacidad de las políticas publicas y de denunciar que a pesar de los avances obtenidos desde la aprobación de la Constitución, que proclama en su articulo 49 que los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos, demasiado a menudo se vivían y se viven intolerables discriminaciones para este sector tan amplio de la ciudadanía.

 

El carácter legislativo que ahora ha asumido la Comisión es una excelente oportunidad para permitir no solo una acción parlamentaria de impulso y control a la acción del Gobierno en esta materia por parte de los grupos parlamentarios, sino también en el desarrollo y promoción de un marco legal más avanzado y progresivo, en la dirección marcada por la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, en todas aquellas cuestiones que aun siguen pendientes de resolver y que están ancladas en una concepción asistencial y paternalista de la discapacidad. Desde este punto de vista, es significativo que la primera iniciativa legislativa que va a tramitar la comisión tiene como objetivo establecer un régimen legal favorecedor al matrimonio de las personas con discapacidad, eliminando restricciones y proporcionando apoyos a la celebración del mismo.

 

No es una cuestión ni mucho menos menor y tiene que ver directamente con el peso de la mirada paternalista sobre las cuestiones de la discapacidad que todavía arrastramos.

 

El reto de la comisión parlamentaria es grande porque las expectativas son también considerables entre la sociedad civil organizada que trabaja en favor de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Se trata de una sociedad  civil muy rica, plural y densa, también exigente y seria, que representa una enorme pluralidad de miradas y preocupaciones.

 

La comisión no tan solo estará atenta y escuchará a la sociedad sino que tiene la pretensión de acercarse a esa realidad, conocerla mejor, amararse de ella, con la aspiración de dar voz y voto a los millones de personas que conforman el mundo de la discapacidad en el conjunto del Estado español.

 

El reto es serio y el compromiso de todos los diputados, con independencia de nuestras respectivas adscripciones partidistas, también. Estamos seguros que con amplias coaliciones y alianzas avanzaremos hacia una sociedad más abierta, justa e inclusiva.