Desde que en 2007 la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana participara en reuniones con Renfe, para abordar la problemática de accesibilidad en sus servicios, ha pasado más de una década en la que Cocemfe CV ha atendido  con responsabilidad a las demandas del colectivo de personas con discapacidad para poder viajar en tren. En 2010, se realizaron aportaciones al Plan de Accesibilidad; en 2014 se rompieron las negociaciones al negarse Renfe a escuchar las peticiones que le trasladábamos, y en 2017 se quiso retomar el tema para comprobar si la sensibilidad había cambiado y se hallaban condiciones más favorables para impulsar los cambios necesarios. 

 

En la actualidad, la Fiscalía Provincial de Valencia ha presentado sendas demandas contra Renfe por vulneración de derechos fundamentales y como consumidores en relación a su servicio de Cercanías. Esta última es la primera demanda colectiva de este tipo en España. A raíz de esta actuación, Famma–Cocemfe Madrid también ha acudido recientemente a la Fiscalía en los mismos términos.

 

El objetivo de estas acciones judiciales es garantizar el respeto a la dignidad, la igualdad de oportunidades y la vida independiente de las personas con discapacidad física y, de manera especial, de las que tienen movilidad reducida.

 

En estos momentos, las personas con discapacidad física y con la movilidad reducida tienen grandes dificultades para acceder al servicio de Renfe Cercanías en igualdad de condiciones debido al desnivel existente entre el tren y el andén y a la escasez de trenes adaptados en la Comunitat Valenciana. Por tanto, no se garantiza la calidad del servicio a las personas con la movilidad reducida, lo que provoca una grave discriminación hacia un grupo vulnerable e impide desarrollar una vida independiente.

 

Las personas con la movilidad reducida se ven obligadas a llamar a familiares o a otros viajeros para que les suban a pulso al tren, buscar medios de transporte alternativos como taxis adaptados (con un gran coste económico) o sufrir las consecuencias de no disponer de tren accesible a la vuelta una vez realizada la ida con nuevo coste económico, en algunos casos, al tener que pernoctar en algún establecimiento hotelero y, en otros, quedarse en el domicilio de algún familiar o amigos.

 

De este modo, la falta de accesibilidad impide a las personas con la movilidad reducida desarrollar su vida con autonomía, como por ejemplo, visitar a sus familiares en una localidad cercana, asistir a la universidad, desplazarse a su puesto de trabajo, poder realizar un tratamiento médico o hacer turismo. Muchas de ellas desisten, de manera persuasiva, el utilizar este medio por las dificultades que les acarrea o por la imposibilidad de hacerlo. 

 

Y esta es una problemática que se ha alargado demasiado en el tiempo, sufrida por nuestro colectivo desde hace años, una demanda histórica que no ha tenido respuesta en forma de soluciones en los últimos años, a pesar de las inversiones realizadas por Renfe en este ámbito, unas inversiones que no han tenido la repercusión necesaria en nuestro colectivo.

 

Ante esta situación, Cocemfe CV inició en 2017 acciones para presentar ante la Fiscalía una casuística que pusiera de relieve “el desamparo y la discriminación” del colectivo ante la imposibilidad de acceder al servicio de Cercanías en igualdad de condiciones por la existencia del desnivel existente entre el andén y a la escasez de trenes adaptados, como respuesta a la gran demanda del colectivo en este sentido a lo largo de la última década.

 

Las actuaciones emprendidas por la Fiscalía en Valencia están referidas a la problemática que presentan los trenes y vagones, no necesariamente con las estaciones, que es otro eslabón de la cadena de accesibilidad del servicio. Para garantizar la accesibilidad integral en el transporte ferroviario, hay que sumar la accesibilidad de las estaciones, la existencia de itinerarios accesibles, la accesibilidad en el material rodante, la existencia de espacio reservado para las sillas de ruedas en el interior del vagón y el vínculo o frontera entre el tren y el andén. Si falla este último, los demás pierden su utilidad, puesto que todos los elementos funcionan como una cadena que garantiza la accesibilidad. 

 

En la actualidad, solo el 35’4% de los trenes del servicio de Cercanías son accesibles, y todos circulan indistintamente por las líneas C-1, C-2 y C-6, según datos de Renfe, por lo que en la Comunitat Valenciana existen tres líneas de Cercanías por las que no transita ningún tren accesible.

 

Estas actuaciones se llevaron a cabo por parte de Cocemfe CV en el marco del horizonte legal del 4 de diciembre de 2017, establecido en la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, en su artículo 5, que determina los plazos para que todos los entornos, productos, bienes y servicios sean accesibles, entre ellos, el transporte.

 

Pero no solo esta normativa apoya la actuación, sino que también la europea ampara a este colectivo en el uso del transporte ferroviario, conforme establece el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril (Reglamento CE Nº1371/2007 de 23 de octubre), en sus artículos del 19 al 25. 

 

En su artículo 19.1., el texto incide en la necesidad de consensuar normas que garanticen la no discriminación del colectivo: “Las empresas ferroviarias y los administradores de estaciones establecerán o poseerán, con la participación activa de las organizaciones que representan a las personas con discapacidad y a las personas de movilidad reducida, unas normas de acceso no discriminatorias aplicables al transporte de personas con discapacidad y personas de movilidad reducida”. 

 

Por último, cabe mencionar que la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad blinda la accesibilidad como un principio y la desarrolla en su artículo 9: “A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales”.

 

Por lo expuesto, desde Cocemfe CV abogamos por un transporte ferroviario para todos, ¡ya!