"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Opinión
Las manecillas de la inclusión
Por David M. Menayo, periodista
18/12/2020
Las razones para no ser optimista sobran, y no solo por la pandemia. Ahora que hago balance de mi experiencia como responsable de prensa del CERMI durante los últimos cinco años, tengo ante mí muchos recuerdos y noticias. Y la mayoría, sin duda, lo han sido de denuncia, de contar todo lo que falta por hacer.
Así, los ejemplos de estancamiento son varios, pese a que el CERMI ha estado informando y denunciando sobre ellos durante años: cuando en junio de 2015 comencé a ocuparme en Servimedia de la comunicación del CERMI, Fundación CERMI Mujeres y apoyo a los CERMIS Autonómicos, las entidades de la discapacidad estaban volcadas en recabar el respaldo de la ciudadanía española a la iniciativa legislativa popular (ILP) promovida por el CERMI para modificar los actuales criterios de copago en materia de autonomía personal y atención a la dependencia.
Pese a que logró 740.000 firmas y se convirtió en la primera ILP de carácter social en superar el umbral mínimo exigido de 500.000 apoyos, el texto todavía no ha sido votado por las Cortes. Sí admitido a trámite en varias ocasiones, pero el proceso siempre se truncaba por el contexto de parálisis política que hemos vivido. Por tercera vez la ILP ha iniciado su trámite parlamentario y esperemos que ahora sí, a la tercera vaya la vencida y sirva para mejorar el sistema de dependencia que, incluso más allá del copago, pide a gritos una refundación. En todo caso, estaremos de acuerdo en que es poco alentador que un proyecto con tanto apoyo siga todavía en vías de ser examinado en el Parlamento.
También podría tener la sensación de que en más de cinco años no ha habido progresos si nos fijamos, por ejemplo, en la Ley de Propiedad Horizontal. Con algunos parches que se han ido aplicando, la normativa sigue amparando que las comunidades de vecinos puedan rechazar acometer reformas cuando una persona mayor o con discapacidad lo precise por razón de accesibilidad universal. Seguimos teniendo, todavía, a unas 100.000 personas confinadas en su casa con o sin pandemia. Veremos si la propuesta elevada a las Cortes Generales por la Asamblea de Madrid es aprobada y se pone fin a este “arresto domiciliario” no merecido.
El desánimo puede cundir también porque se ha visibilizado como, lamentablemente, junto a las personas mayores, la discapacidad ha sido el sector más castigado por las consecuencias de la pandemia. La falta de recursos, la interrupción de muchos servicios de apoyo y la soledad han contribuido a dibujar un panorama desolador.
Por otra parte, de forma estructural, las mujeres con discapacidad siguen soportando una exposición a la violencia machista muy superior a la del resto de la población femenina, mientras siguen existiendo recursos de atención que no son accesibles.
Pero tomar distancia por un momento, algo que no siempre hacemos por la premura de la cotidianidad, permite ver que 2015-2020 ha sido también un lustro de inclusión, pese a lo que falta por hacer, que es muchísimo. Y como en periodismo lo último tiene que ser siempre lo primero, tengo que comenzar por la derogación de las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad del Código Penal.
Se trata de una práctica que, aunque parezca increíble, se seguía perpetrando en nuestro país, como en otros muchos. Cuando se esteriliza, generalmente a una mujer, no solo se cercena su posibilidad de ser madre y decidir por sí misma con los apoyos necesarios, sino que se atenta contra sus derechos fundamentales.
- España era hasta hace días y, por supuesto en 2015, un Estado en el que esta práctica nociva tenía cobertura legal y esto ya no sucede.
- Pero España era, también en 2015, un país que no permitía votar a todas las personas con discapacidad (casi 100.000 personas no estaban invitadas a la fiesta de la democracia). La fuerza de casi 8.000 entidades de la discapacidad organizadas en torno al CERMI hizo que esto ya no sea posible y que ninguna persona con discapacidad pueda ser privada de su derecho de sufragio.
- Y España era, también en 2015, un Estado en el que una persona con discapacidad no podía formar parte de un jurado popular. La presión del movimiento CERMI hizo también que la ley que regula este tipo de tribunales se modificara y que, donde había prohibición, ahora se brinden los apoyos necesarios.
Otros proyectos ambiciosos ya han comenzado a tramitarse y son motivo de ilusión. Por poner solo dos ejemplos:
- La modificación del artículo 49 de la Constitución, con el fin de reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad y actualizar la terminología con la que la Carta Magna alude a esta parte de la ciudadanía.
- La reforma del Derecho Civil y Procesal para migrar de un modelo de supresión de la capacidad jurídica a otro basado en la provisión de apoyos para la toma de decisiones.
Llegaba a la comunicación del CERMI en 2015, cuando todavía apenas empezábamos a salir de una crisis económica durísima para todo el sector de la discapacidad. Ahora que hago balance porque inicio una nueva andadura profesional, este análisis se ve marcado por los efectos de la pandemia, que ocasiona no solo una crisis sanitaria, sino también social y económica como no habíamos visto hasta la fecha hace muchas décadas.
Todo ello hace que este sea un balance de un período atravesado por dos crisis que, que, pese a todo, me ha permitido, como a todo periodista le apasiona, contar historias. Y estas no solo han sido de denuncia, que también, sino de inclusión, gracias a la capacidad de lucha y de resiliencia de un sector acostumbrado a pocas alegrías y sí a muchas batallas.
