Si el Derecho aspira a ser el conjunto racional y justo de normas que ordenan los aspectos más relevantes de la vida humana en comunidad, debe proyectarse también sobre esa porción de realidad, vital y social, que llamamos discapacidad, entendiendo por tal aquella circunstancia de la persona que por una condición duradera de salud, de estructura o de funcionamiento corporales, sensoriales, intelectuales, mentales o cognitivos se enfrenta con barreras ambientales que determinan restricciones notables a su participación social. Pero si el Derecho se ha proyectado también sobre la discapacidad, no siempre, sino más bien pocas veces, lo ha hecho de modo respetuoso, concediendo valor y dispensando un trato deferente a eso que pretende condicionar mediante una regulación normativa. La discapacidad ha sido tenida por el Derecho como una cuestión menor y en todo momento problemática, con la que no atinaba muy bien a establecer unas relaciones fundadas y nítidas. Dudaba y duda de su estatuto, de su identidad, de sus límites y alcance, de las relaciones que debe anudar con una realidad reticente, que no termina de aprehender y que le suscita desconfianza. En la vacilación, la prevención, la cautela, las seguridades previas. Aquí el Derecho no actúa de forma divergente a otros muchos  poderes y estructuras sociales, es el producto de un momento del progreso moral y del estado de la civilización, que no ha sido especialmente compasiva con las personas con discapacidad, que fueron y son castigadas sin culpa por apartarse de los cánones de normalidad impuesta; por perturbar, a causa de sus notas ínsitas de diversidad, los sistemas homogéneos, que privilegian la uniformidad, por estimar que son más cómoda y fácilmente gestionables.

 

Pero ante ese maltrato histórico, la discapacidad -al menos la parte más consciente y activa, la articulada cívicamente, valga la sinécdoque- no ha desesperado ni ha renegado del Derecho, sino que antes bien ha delineado toda su acción política de cambio social y ha erigido su discurso predominante sobre los derechos, a los que invoca en todo momento y por doquiera se hace oír. El Derecho es para la discapacidad organizada un instrumento, antes opresivo, que ahora acertadamente orientado y rectamente usado puede y debe proporcionar bien social a las personas con discapacidad, ser acaso un factor emancipador y hasta liberatorio. La llave que clausuró, y cuán férreamente por cierto, la puerta del encierro, utilizada en sentido contrario, será la misma que nos permita salir de la angosta celda.

 

Esto será así, desde luego, si Derecho y discapacidad entablan relaciones de nuevo cuño, signadas no por la sospecha y la reticencia, sino por la confianza y la deferencia. El Derecho debe tomar conciencia de la discapacidad como una porción valiosa, respetada y respetable, de la vida en sociedad a la que tiene primero que proteger, siempre promover, para que luego ella misma sepa y logre defenderse por sí sola, preferiblemente. Estos nuevos términos del contrato no oneroso ni leonino entre discapacidad y Derecho quizás pasen, como más hacedero y factible, en este punto y hora, por alumbrar una rama jurídica, inédita, de la que solo escuchamos sus primeros vagidos, que sería el Derecho de la Discapacidad. Una nueva disciplina jurídica, como objeto de ciencia pero también de conciencia, que opere como talento transformador -una suerte de iusinteligencia, perdón por el barbarismo- al servicio de la causa de la inclusión y la participación de las personas con discapacidad como miembros valiosos y corresponsables de la familia humana.

 

Ese y no otro es el propósito declarado de la Fundación Derecho y Discapacidad, entidad social que junto con el CERMI, organizaron los pasados días 15, 16 y 17 de noviembre de 2017, en la ciudad de Elche, Alicante, España, el I Congreso Nacional de Derecho y Discapacidad, y cuyos sugestivos y sugeridores debates tienen hoy reflejo en esta publicación colectiva. Un Congreso concebido, dirigido y accionado con mano maestra por el profesor doctor Antonio-Luis Martínez-Pujalte, también editor principal de este obra, a cuya lectura inspirada e inspiradora animo. La cerradura de la puerta ha comenzado tímidamente a girar pero necesitamos un golpe decidido para dejar paso libre. El Derecho, para las personas con discapacidad, no puede ser la horrible fortaleza del título de la novela de C. S Lewis, sino la casa toda hecha de ventanas, metáfora perfecta del especio que acoge, pero no restringe, que anhelaba G. K. Chesterton.

 

(*) Texto del prólogo de la obra colectiva “Nuevos horizontes en el Derecho de la Discapacidad: Hacia un Derecho inclusivo”, de próxima publicación por la editorial Thomson Reuters Aranzadi