Relatan numerosos escritos que, en la antigua Grecia, los espartanos arrojaban desde la cima del Monte Taigeto a las personas con cualquier tipo de discapacidad. Afortunadamente, el posterior desarrollo de la civilización, no sin múltiples obstáculos y prejuicios salvados, ha ido creando una conciencia social en contra de esta secular discriminación respecto de las personas con discapacidad. 

 

Dentro de las políticas sociales que Ciudadanos (Cs) defiende sobre esta materia cabe resaltar una serie de medidas encaminadas a un objetivo muy concreto: el colectivo de las personas que presentan una discapacidad congénita o sobrevenida deben dejar de ser españoles de segunda clase.

 

Es necesario un Pacto de Estado para mejorar la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. En dicho acuerdo debería contemplarse la correcta financiación del sistema entre las Comunidades Autónomas y el Estado. Promocionar la concesión de ayudas a los programas de Vida Independiente para la plena inclusión social y laboral mediante la figura del “Asistente Personal” es, sin duda, una prioridad. Recuperar la prestación y cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales o del entorno familiar, de acuerdo con la Tesorería de la Seguridad Social y a cargo de los presupuestos generales del Estado, debe ser un objetivo irrenunciable.

 

En el Real Decreto 1/2013 de 29 de noviembre, la Disposición Adicional 4ª establece que la Administración General del Estado promoverá la elaboración, desarrollo y ejecución de planes y programas en materia de accesibilidad y no discriminación. Una vez cumplido el plazo máximo para llevar a cabo los ajustes de accesibilidad en los distintos entornos (4 de diciembre de 2017), se hace necesario estudiar y analizar el cumplimiento de dicha Ley para denunciar y hacer cumplir el ordenamiento jurídico. Otro aspecto fundamental es la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal a fin de que las comunidades de propietarios se obliguen a que los edificios e inmuebles sean adaptados y accesibles a las personas mayores o con  movilidad reducida. 

 

Lograr una plena inclusión laboral de las personas con discapacidad implica medidas de acción positiva a favor de las mujeres, los mayores de 45 años, los jóvenes y en general de las personas que se encuentran con más dificultades para acceder al mercado de trabajo. Se hace necesario la modificación de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y las distintas leyes de la Función Pública a nivel autonómico, donde se establezca un cupo de reserva del 10% de las plazas para personas con discapacidad.

 

En cuanto a la educación, es fundamental la creación de programas de educación inclusiva para alumnos con discapacidad física, sensorial o psíquica en todas las etapas: infantil, primaria, secundaria, universidad, formación profesional y formación para el empleo, así como programas de Atención Temprana. En dichos programas se hace indispensable garantizar el pleno desarrollo físico, psíquico, educativo y social de los menores con discapacidad desde el momento en que son evaluadas sus necesidades mediante el desarrollo de una intervención coordinada entre Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Es fundamental una interconexión en tiempo real para una correcta aplicación de un sistema de Atención Temprana efectivo. 

 

El fomento de programas basados en la innovación social que atiendan aspectos culturales, turísticos, deportivos, así como de descanso y ocio inclusivo para dependientes y cuidadores del entorno familiar facilitaría también que la brecha vital existente entre las personas con alguna discapacidad y el resto de los ciudadanos sea cada día más atenuada. La última y quizás más valiosa lección que se puede obtener de esta reflexión es que una sociedad que protege a sus miembros más vulnerables es una sociedad realmente avanzada.