Sin duda, percibir ingresos a través de la realización de una actividad laboral es una vía de inclusión social privilegiada a día de hoy, especialmente si tenemos en cuenta que en nuestro país seguimos sufriendo el lastre del desempleo estructural, situación que afecta en mayor medida a las mujeres y a los grupos de población considerados en “riesgo de exclusión social”, entre los que se encuentran las mujeres y hombres con discapacidad.

 

Desde finales de la década de los ochenta se han puesto en marcha programas de formación, orientación e intermediación laboral, así como de búsqueda activa de empleo para esos grupos en riesgo y se han realizado importantes inversiones económicas para dinamizar ciertos sectores económicos considerados como prioritarios. Pero la introducción de un enfoque de género en estas iniciativas no ha estado presente desde el inicio, lo que ha supuesto que, si bien en términos absolutos el efecto de dichas actuaciones destinadas a mejorar la empleabilidad de ciertos grupos ha sido exitosa, en ocasiones se ha percibido que han contribuido a ampliar y consolidar la brecha entre mujeres y hombres, como ha ocurrido con las personas con discapacidad.

 

Esta tendencia no solamente ha ocurrido en el sector de la discapacidad, sino que ha sido la tónica general en otros muchos grupos, donde las políticas de incentivación del empleo se han aplicado sin tener en cuenta las desigualdades de género que se dan en este ámbito. Afortunadamente, la experiencia ha servido para introducir medidas correctivas e indicadores que tienen presente el desigual punto del que parten mujeres y hombres a la hora de participar en el mercado laboral.

 

Paralelamente, otros enfoques epistemológicos han abierto el debate cuestionando la centralidad de determinadas actividades, masculinizadas, en detrimento de otras, feminizadas, a las que ni siquiera se las considera economía y, por lo tanto, no cuentan en los registros oficiales como fuentes generadoras de riqueza ni de otros valores. En nuestro imaginario existe la idea de que es solo en los mercados donde se da producción económica strictu sensu, considerando así las otras formas de organización económica como propias de países subdesarrollados, y que a la hora de ser estudiadas y analizadas ha de hacerse desde un enfoque antropológico, nunca a través de la ciencia económica. Por ejemplo, no existe ningún estudio actual en el que se exponga no solo ya la dimensión económica del trabajo doméstico que realizan las mujeres con discapacidad, sino que afirme que dicho trabajo es realmente realizado por estas mujeres.

 

Si tenemos en cuenta que la feminidad, desde el modelo patriarcal, es una construcción social en virtud de la cual las mujeres se caracterizan por estar al servicio de otras personas para que la vida salga adelante y que tiene como contrapunto la construcción hegemónica de la masculinidad (autosuficiencia y sostén de sus dependientes a través del mercado), es fácil entender que las mujeres con discapacidad encuentren tantas dificultades para identificarse con ese rol cuidador tradicional que, aunque en la práctica desarrollan, sin embargo es negado sistemáticamente.

 

Esta negación ha llegado a tal extremo que ha impedido a muchas de estas mujeres, educadas y socializadas en la “categoría de ese otro dependiente”, poder desarrollar un proyecto de vida propio, porque la trascendencia que se da a ese “no poder cuidar” afecta al “autocuidado”, mermando sus posibilidades reales de ser independientes y autónomas.

 

Por eso, se hace necesario buscar otro modelo que de visibilidad y valor a la contribución que realizan también las mujeres con discapacidad, sistemáticamente consideradas objetos pasivos de cuidado, nunca como sujetos activos que producen económicamente, aunque muchas veces desde otro lugar, lejos de la centralidad del mercado formal, como también lo hacen millones de mujeres en el mundo.