"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Opinión
Si hubiera Gobierno algún día, qué le pediría…
Por Jose Luis Aedo, presidente de Fiapas (Confederación Española de Familias de Personas Sordas)
20/12/2019
Lo primero que quiero recordar aquí es la injusticia que se comete con las personas sordas al mantener un límite de edad en la cobertura de la prestación por audífonos. El próximo responsable de Sanidad debe saber que las personas sordas no dejan de serlo a los 26 años, lo son para toda la vida, igual que el resto de beneficiarios de otras prótesis de la Cartera ortoprotésica.
Tras muchos años de lucha, hemos conseguido un avance, esa ampliación hasta los veintiséis años. Pero, de nuevo, en el planteamiento del Departamento ministerial y, no nos olvidemos, sobre todo, por parte de las comunidades autónomas, se determina un procedimiento de actualización de la prestación discriminatorio. Pues, mientras para el resto de beneficiarios con algún tipo de discapacidad, el avance y aplicación de las actualizaciones que les atañen ha sido inmediato, las personas sordas aún tienen que esperar tres años para alcanzar la mejora prevista en la cobertura de la prestación para acceder a los audífonos, sin detenernos a relatar aquí otras limitaciones establecidas en esta prestación que no se dan, sin embargo, en ninguna otra prótesis externa incluida en la Cartera.
Otra cuestión a la que este Gobierno futuro tiene que poner atención es al desarrollo reglamentario de la Ley 27/2007, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas sobre el que Fiapas ha trabajado y avanzado haciendo las aportaciones requeridas y con la máxima disponibilidad para cerrar este proceso, como bien conoce la Secretaría de Estado, pero este desarrollo permanece en modo espera sin conocer las razones para ello, que en ningún caso son atribuibles a nuestra organización y posición al respecto.
Otros asuntos que afectan a la realidad y calidad de vida de las personas con sordera, al ejercicio de sus derechos, en definitiva, que requieren también de atención gubernamental, son las normativas relacionadas con la accesibilidad, tales como:
- Comunicación audiovisual: es necesario que se incluya la obligación de contemplar la accesibilidad auditiva en todos los formatos audiovisuales, pues el cambio en los hábitos de consumo de TV por parte de los usuarios exige que la legislación audiovisual vigente extienda las obligaciones de accesibilidad a toda la programación difundida a través de otros medios, distintos a la televisión en abierto (plataformas online, contenidos en dispositivos móviles...).
- Es urgente además la regularización de las ayudas y subvenciones que recibe el sector del cine, que permiten que con dinero público se produzcan, distribuyan y exhiban películas que no son accesibles.
- Acabamos de vivir un nuevo proceso electoral y es importante que se garantice, en el Decreto que regula la participación de las personas con discapacidad en estos procesos, la dotación de medios de apoyo a la audición a las personas sordas que usan prótesis auditivas y son designadas, como titulares o suplentes, miembros de una Mesa Electoral.
Es importante que el nuevo Gobierno tenga presente a todas las personas con discapacidad y a sus familias y que dé ese impulso tan necesario a la modificación del artículo 49 de nuestra Carta Magna, ya consensuado en la legislatura anterior y que recoge el sentir de todas las entidades representativas de la discapacidad.
Asimismo, es importante que se desbloqueen situaciones como la que se refiere al 0,7% del Impuesto sobre Sociedades, fundamental para el futuro de las entidades estatales del Tercer Sector y que no acaba de ver la luz.
Pero, sobre todo, se necesita que se cumpla y se haga cumplir la legislación: la Constitución, los tratados internacionales a los que España está adherida, y que son de obligado cumplimiento, y en definitiva el vasto desarrollo normativo en materia de Educación, Accesibilidad y Derechos ya existente: el derecho de las personas sordas, o de sus familias mientras estas son menores, a decidir de qué forma quieren vivir o comunicarse, sin que les pueda ser impuesta una que no sea la elegida; y la obligación a contar con los medios humanos y materiales que precisan para alcanzar los mismos objetivos y derechos que el resto de la población, posibilitando la convivencia con el resto de ciudadanos.
Y, por último, pero no menos importante, es que el Gobierno trabaje por ayudar a que se rompa con la imagen estereotipada de las personas con discapacidad, en particular con la que se mantiene en el caso de las personas con discapacidad auditiva.
La imagen de las personas sordas en la segunda década del siglo XXI es muy diferente, y en el futuro lo será aún más, pues ya, hoy día, gracias al diagnóstico precoz, a las modernas prótesis auditivas, a las mejores técnicas de habilitación auditiva y al acceso temprano a la lengua oral de su entorno, que les permiten, entre otras cosas, un mayor desarrollo educativo y de formación para el empleo, aprender idiomas, disfrutar de la música o de otras actividades culturales y de ocio, como el resto de ciudadanos, alcanzan cotas de autonomía e independencia en su vida, inimaginables hasta no hace tanto.
