Los aniversarios sirven para reflexionar, pensar, indagar y prevenir.

Reflexionar sobre lo que se ha construido; pensar sobre las virtudes y los defectos; indagar en la búsqueda de nueva soluciones; prevenir futuras crisis o desavenencias.

 

Este año se cumple el décimo aniversario de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. España fue de uno de los países más activos en promocionar esta Convención en 2006 y también fue de los primeros en ratificarla en 2008.

 

La Convención tiene muchas virtualidades, la principal es la declaración y consideración de los derechos de las personas con discapacidad, un paso jurídico muy importante que afecta a todas las legislaciones nacionales. Esta virtualidad jurídica se puede convertir en una herramienta social en beneficio de todos.

 

En España, el presidente del CERMI, Luis Cayo Perez Bueno, lamenta la “falta de voluntad política” para aplicar esta Convención que “está lejos de verse cumplida en nuestro país, Europa y todos los que la ratificaron”. 

 

Por lo menos ha servido de revulsivo, de movilización de conciencias. En esta línea, el CERMI lamenta que finalmente el Gobierno no haya aprobado la celebración en España de un día oficial para conmemorar la aprobación de la Convención de la ONU, algo que ayudaría a dar visibilidad y conocimiento de la Convención. 

 

El CERMI tiene previsto poner en marcha diferentes acciones durante 2016 para divulgar la trascendencia que contiene esta Convención, como un congreso académico en Valladolid dedicado a hacer balance político y normativo con las Universidades de Valladolid y Carlos III de Madrid; además de estudios e investigaciones y una publicación jurídica.

 

El inicio de esta nueva legislatura en España (aunque todavía no haya Gobierno) también es una oportunidad para el CERMI con el fin de promover los cambios legales precisos que permitan la progresiva adecuación del marco normativo español a los valores, principios y mandatos de la Convención.

 

Hay demasiados aspectos esenciales que España está incumpliendo en relación a la Convención, como que todavía no exista el derecho al sufragio universal para todas las personas con discapacidad (alrededor de 80.000 ciudadanos no pueden votar por razón de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo). Todavía no se ha reformado el Código Civil para que todas las personas con discapacidad puedan representarse a sí mismas y sólo se les ofrezca ayuda cuando lo requieran. Hay una enorme laguna en la aplicación efectiva de la accesibilidad de todos los edificios, en la tecnología, en los bienes y servicios públicos/privados (con un horizonte de aplicación legal para 2017, según la legislación española). No se ha implantado por completo la educación inclusiva para las personas con discapacidad, donde permanece una segregación. Y continúan las prácticas de esterilizaciones forzosas a mujeres con discapacidad sin su consentimiento.

 

Demasiadas sombras que convendría sacar a la luz y buscar soluciones. Los políticos tienen la obligación de revisar esta Convención y, de la mano de sus protagonistas, avanzar en su aplicación. Al cabo de diez años, ya no valen sólo las buenas intenciones.