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viernes, 03 de noviembre de 2017cermi.es semanal Nº 277

"3,8 millones de personas con discapacidad, más de 7.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Opinión

En la buena dirección

Una Constitución social

03/11/2017

Por José Manuel González Huesa, director de “cermi.es semanal” y director general de Servimedia

José Manuel González Huesa, director de “cermi.es semanal” y director general de ServimediaEl 6 de diciembre de 1978 se aprobaba la Constitución más duradera y efectiva de una democracia en España. Próximamente se celebrará un nuevo cumpleaños y muchos plantean una reforma con diferentes apartados que serían modificados como la inclusión de la mujer en la sucesión de la Corona, la referencia a la Unión Europea, la modificación del sistema de financiación autonómico, Cataluña… En un cajón de sastre olvidado quedan los derechos sociales, que deberían ser reconocidos como asuntos de primer orden. Deben tener igual rango de protección que los derechos civiles o políticos. Y blindarse con la consolidación de sus garantías.
 
Aquí se incluyen los derechos a la educación, a la sanidad, a los servicios sociales. Y de una manera transversal deberían afectar a las personas con discapacidad para que sus derechos alcancen el nivel de fundamentales porque ahora no están “constitucionalizados”.
 
Se supone que la crisis económica ya se ha superado por lo que habría que empezar a remover los obstáculos que impidan o dificulten que las personas con discapacidad puedan lograr una igualdad real y efectiva. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 (y ratificada por España), comporta un tránsito a un nuevo modelo para el cual la discapacidad de las personas no deber ser entendida en términos de políticas sociales activas o deberes administrativos, sino en términos de derechos humanos. Para que esta traslación de la teoría a la práctica sea real también habría que modificar la Constitución.
 
El Estado debe establecer los mecanismos que articulen el diálogo con la sociedad civil para fomentar la negociación, la interlocución y la cooperación activa en un papel más determinante y en una primera línea de trabajo de los representantes del Tercer Sector.
 
El acceso a los recursos y a las prestaciones debería ser igual de efectiva para todos al margen de la comunidad autónoma donde viva, con unos mínimos garantizados. Y un compromiso para dar un paso adelante en la lucha por la desigualdad y la no discriminación en los territorios con un objetivo claro de atender las necesidades peculiares de cada persona, género y condiciones sociales.
 
Habría que trascender el concepto de política de solidaridad e igualdad con las competencias asistenciales que ahora están en manos de las comunidades autónomas y fomentar unas competencias compartidas donde se consolide el papel del Estado. Realmente no existe en la Constitución el denominado tercer pilar del estado de Bienestar. Es necesario modificar y actualizar el título VIII de la Carta Magna.
 
Hace falta también un reconocimiento del papel de la sociedad civil y de las organizaciones del Tercer Sector con el objetivo de fomentar y articular la participación de los ciudadanos y defender los intereses de aquellos colectivos más desfavorecidos. Con un sistema de financiación claro y corresponsable. Y con la necesidad de un control y una fiscalización de los recursos. Además de conseguir la aplicación práctica de las leyes, un mayor cumplimiento y una mayor exigencia de los derechos por parte de sus perceptores. Un nuevo concepto, un nuevo rostro social de nuestra Constitución.
 
Es el gran desafío para nuestra sociedad en este siglo XXI. La necesidad de un gran pacto resulta imprescindible.
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