Este año se estrena un nuevo día dedicado a un acontecimiento especial, en este caso se ha declarado el 3 de mayo como Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Esta Convención ha supuesto un apoyo unánime internacional y un paso adelante en la promoción y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad en todo el mundo.

 

La Convención se aprobó en 2006 pero la fecha elegida del 3 de mayo concuerda con el día en que la Convención (dos años más tarde, en 2008), entró en vigor, tras lograr el número exigido mínimo de ratificaciones de los Estados (España fue uno de los primeros en ratificarla).

 

La idea de tener ese día, a propuesta del CERMI, pretende dar a conocer y difundir esta Convención que da muchos pasos adelante en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

 

Un buen momento para tomar nota y ser conscientes de la responsabilidad que supone poner en marcha estos derechos y convertir en realidad aquello que está escrito sobre el papel. Para muchos, es un paso casi revolucionario; para otros, les preocupa su puesta en marcha. 

 

Mientras tanto, el Comité de la ONU sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que analiza su grado de aplicación en cada país, ha vuelto a insistir en que España tiene que poner en marcha todavía muchos avances para que la Convención sea una realidad.

 

Este es el segundo examen al que se somete España y la ONU concluye que no ha avanzado "lo suficiente" en lo que se refiere al derecho a una educación inclusiva de calidad para todos, pese a que en 2016 este organismo ya advirtió la existencia de dos modelos educativos separados, lo que suponía una vulneración de los principios de la Convención.

 

El Comité muestra "su especial preocupación" porque "afecta a un gran número de alumnos con discapacidad intelectual, autismo o con discapacidades psicosociales o múltiples" matriculados en centros especiales, algo que para el Comité resulta "muy preocupante".

 

Aboga por cambios en la ley educativa y por el desarrollo de estrategias para incluir en los centros ordinarios a todo tipo de alumnos, con las debidas garantías de que recibirán los apoyos necesarios y una atención individualizada.

 

Y el Comité recuerda que todos los niños con discapacidad tienen derecho a ser escolarizados en el sistema educativo ordinario junto al resto de alumnos, para lo que se precisa el diseño de una política comprensiva y una formación adecuada de los docentes y demás profesionales.

 

Da un tirón de orejas a España porque sigue pendiente la modificación del Código Penal para que cualquier esterilización forzosa a una persona con discapacidad sea castigada. Pide un cambio de la legislación civil para que la limitación de la capacidad jurídica no impida a las personas con discapacidad tomar decisiones sobre su vida, su lugar de residencia o su economía.

 

Un dato alarmante: solo el 0,6% de los edificios son plenamente accesibles en España, a pesar de que la Convención estableció 2017 como fecha límite para lograr la accesibilidad universal. 

 

Advierte de que algunas enfermedades mentales no son reconocidas como discapacidad según la normativa española y lamenta las dificultades de acceso de los niños con discapacidad al sistema sanitario, sobre todo en las áreas rurales.

 

También reconoce los avances en España, como la reforma de la ley electoral que ha permitido a 100.000 personas con discapacidad recuperar su derecho al voto; la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que establece la obligación de reservar porcentajes de empleo para estos colectivos; el nuevo enfoque de la Ley General de Discapacidad, y las modificaciones del Código Penal y Civil con el objetivo de ajustar sus procedimientos a los requisitos de la Convención.

 

Todos estos asuntos podrán analizarse en este día tan señalado para el diez por ciento de la población española. Este 3 de mayo es un buen día para reivindicar y solicitar su aplicación real. Un paso más en los derechos de las personas con discapacidad.