El texto de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 en su sede de Nueva York. El Reino de España ratificó el texto de la Convención y su Protocolo Facultativo el 3 de diciembre de 2007 (fue de los primeros países en firmarlo y en ratificarlo). El 3 de mayo de 2008 entró en vigor la Convención en nuestro país. A partir de ese momento, y de conformidad con lo estipulado por el derecho interno español, las disposiciones de la Convención pasaron a formar parte del derecho nacional.

 

Esta es la literalidad de la Convención, otra cuestión es su aplicación práctica en España. Han pasado más de 12 años desde que sonaron las campanas con la llegada de esta norma, un hito en la historia jurídica y social de las últimas décadas, el último gran acuerdo de la mayoría de los países de la ONU. En cada estado ha tenido un desarrollo desigual. En el nuestro también.

 

Es cierto que se puede considerar positiva la evolución, aunque los retos que quedan pendientes son importantes. España pasó por un primer examen de los expertos y ahora va a ser el primer país que se enfrente a una segunda evaluación en la sede la ONU (Ginebra),  en el próximo mes de marzo. En 2011 nos sacaron los colores por diferentes incumplimientos y ahora en 2019 busca acercarse al aprobado.

 

Un hecho positivo ha sido la publicación en el Boletín Oficial del Estado, en diciembre de 2018, de la modificación de la Ley de Régimen Electoral General (Loreg) que permite que todas las personas con discapacidad, sin exclusiones, puedan ejercer su derecho al voto y ser elegidos. En España se calcula, según las cifras oficiales, que unas 100.000 personas no podían desarrollar este derecho ciudadano por una incapacitación judicial. “Las personas a las que se les hubiere limitado o anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad quedan reintegradas plenamente en el mismo por el ministerio de la ley”, se indica ahora en el BOE. Una buena noticia que ya se puede aplicar a partir de las próximas elecciones (las primeras, en teoría, son las municipales, autonómicas y europeas del próximo 26 de mayo).

 

Otra iniciativa a destacar es el anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución, en relación con los derechos de las personas con discapacidad. La gran novedad de esta modificación es el consenso de todos los grupos políticos en  la Comisión para las políticas integrales de la discapacidad, la participación del CERMI y la iniciativa del Gobierno para llevarla a cabo. Con esta reforma, el artículo 49 se actualiza para adaptarlo a la Convención de la ONU y se modifica su terminología, su estructura y su contenido en beneficio de la protección de las personas con discapacidad. Ahora resta el camino legislativo de los políticos para sacarlo adelante. 

 

En el lado negativo, quedan muchos retos por cumplir, como la aplicación real de una educación inclusiva, que no segregue, que  disponga de presupuesto y de formación del profesorado para atender a todas los estudiantes con discapacidad; el alto grado de acoso escolar; la violencia de género y los abusos sexuales, muchas veces ocultos y sin posibilidad de denunciar; la situación de las personas con discapacidad que viven en un entorno rural; el incumplimiento de la accesibilidad global en edificios, lugares públicos y privados, y servicios tecnológicos para garantizar la plena autonomía personal; la baja tasa de actividad; el escaso número de universitarios; y la adaptación de normativas como el Código Civil, la Ley Hipotecaria o el Registro Civil a la Convención. 

 

En definitiva, una aplicación real de la política para que las personas con discapacidad puedan ejercer el pleno ejercicio de sus derechos y deberes, ya que gozan de la protección prevista en los acuerdos internacionales, como la Convención. Ya se sabe que del dicho al hecho hay un trecho. Veremos qué resultado tiene el examen de marzo. La ONU dictará sentencia.