La vida diaria de cualquier persona se compone de pequeñas y sucesivas actividades. Unas tareas cotidianas que pueden ejecutarse de una manera sencilla o convertirse en un drama.

 

Por ejemplo, es habitual utilizar una estación de tren como medio de transporte para ir al trabajo o al colegio. Pasar un momento por el aseo. Hacer un transbordo para coger un tren de cercanías, el metro o un autobús. Mientras esperas, ver una campaña de publicidad de una gran empresa española del IBEX o la emisión de un informativo o sencillamente entrar en la página web de la empresa de autobuses para tener más información para los usuarios en silla de ruedas. Llamar al servicio de información de un operador de telefonía. Buscar una alternativa accesible al libro de texto de tu colegio. 

 

Tareas sencillas que se complican para una persona con discapacidad. Por no hablar de la falta de una rampa al salir de casa, los problemas en los edificios de los servicios públicos de empleo, los juzgados, las comisarías, los colegios electorales o las salas de cine. El impedimento de poder utilizar el Programa Padre al rellenar la declaración de la renta, aprender un idioma en un centro oficial o solicitar una cita médica en un centro de salud. La falta de iluminación en una plaza o una calle. O sencillamente, poder utilizar un taxi accesible. 

 

Todas y cada una de estas actividades pueden convertirse en un infierno para muchas personas. Hay tantas leyes y normativas que apenas se cumplen. Es una petición histórica que ahora se ha plasmado en un documento. El CERMI ha elaborado un informe, ‘100 denuncias 100’, que recoge un centenar de casos reales de toda la geografía española sobre la vulneración de derechos de las personas con discapacidad por ausencia comprobada de accesibilidad universal. 

 

Con ejemplos muy concretos (como los mencionados) se ilustran situaciones en las que se vulneran los derechos universales de las personas con discapacidad. Este catálogo de 100 denuncias sobre la accesibilidad universal (planteadas por usuarios que las han padecido en primera persona) pretende fomentar la conciencia de la denuncia y la resolución de estos problemas (de hecho, el informe también contiene soluciones).

 

Durante el desarrollo del estudio (desde el 1 al 31 de marzo de 2014) se recopilaron más de 400 denuncias, que se redujeron a una “lista negra” de 100 violaciones por motivos de accesibilidad, casos que supusieran verdaderamente un impacto en la vida cotidiana de las personas con discapacidad.

 

Las denuncias están divididas por comunidades autónomas y en todos los ámbitos: transporte, comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, medios y canales digitales, bienes, productos y servicios a disposición del público, relaciones de la ciudadanía con las administraciones públicas y actividades de ocio.

 

Ante esta violación de los derechos de las personas con discapacidad el CERMI quiere presentar una denuncia global ante la Fiscalía General del Estado, la Defensora del Pueblo, el Consejo Nacional de la Discapacidad y las Comisiones para las Políticas Integrales de la Discapacidad y de Peticiones del Congreso de los Diputados, con el fin de reclamar actuaciones políticas y jurídicas para corregir estas situaciones. 

 

Hay que recordar una fecha límite: en diciembre de 2017, nuestro entorno (inmuebles, edificaciones y espacio urbano) debe reunir las condiciones necesarias de accesibilidad para personas con discapacidad, según la legislación vigente en materia de no discriminación. ¿Se cumplirá?