Es una ciudad gris por el tiempo, llena de funcionarios pero muy viva y en continua evolución. Bruselas es la capital de Europa y por sus despachos se cuelan las principales decisiones de los 28 países miembros de la UE.

 

Impresiona su enorme aeropuerto, los continuos atascos, las obras permanentes y los inabarcables espacios de las diferentes instituciones europeas. En sus calles se encuentran las sedes de la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento (que también tiene sede en Estrasburgo, una vez al mes, y en Luxemburgo, una vez al trimestre). Una capital europea que debería fomentar la accesibilidad universal (brilla por su ausencia).

 

La denominada “tridecisión” de las instituciones europeas convierte cualquier asunto en una cuestión interminable de idas y vueltas de las propuestas, las iniciativas y las leyes. Un sistema complejo que una vez que entra en vigor es inapelable para cada país. El problema es llegar a aprobarlo.

 

En 2019, en España hay elecciones autonómicas, locales y europeas. En ese momento, se producirá la salida efectiva del Reino Unido (Brexit) y el resto de los países tendrán que adaptarse a las nuevas circunstancias. España, por ejemplo, pasará a ocupar la posición de contribuidor neto, como cuatro país en importancia económica dentro del seno de la Unión Europea, y crecerá su papel en el futuro proyecto europeo.

 

La salida del Reino Unido implica, entre otras cuestiones, que el presupuesto va a quedar muy determinado por las partidas que ya existen y deja poco espacio para nuevas iniciativas, o incluso la normativa no escrita europea va a incentivar que sean los países quienes asuman con sus presupuestos cualquier modificación de proyectos.

 

En esta línea se tiene que aprobar una Estrategia Europea de Discapacidad 2020-2030 que debe cubrir las disposiciones de la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con un presupuesto asignado a su implementación y con un mecanismo de supervisión dotado de recursos. 

 

Europa debe avanzar en accesibilidad universal; mejorar la formación de los profesionales de la UE en materia de discapacidad; promover la autonomía personal; reforzar la legislación para luchar contra la discriminación por razón de discapacidad y proteger los derechos de la ciudadanía con discapacidad.

 

Entre estos derechos tiene una importancia fundamental el derecho de sufragio para que todos los procesos electorales sean plenamente accesibles y donde las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a participar plenamente de la vida política y pública, como electores o elegidos. Hay que garantizar la accesibilidad de los procesos electorales (como los materiales o los centros de votación) y en este sentido, el Parlamento Europeo resalta el valor de un programa piloto en Madrid que cuenta con la participación de la ONCE para que puedan votar en igualdad de condiciones las personas ciegas.

 

¿Las personas con discapacidad son ciudadanos? Si no votan, desde luego no serán ciudadanos de pleno derecho. Nada por la discapacidad sin las personas con discapacidad.