Es un tema vital que muchas veces pasa desapercibido. Los datos ofrecen una realidad tremenda: uno de cada tres niños vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Estamos hablando de 2,3 millones de niños, cifra todavía más preocupante al saber que hay 400.000 niños pobres menores de 16 años. Se considera una pobreza moderada a las familias que disponen de 17.000 euros anuales. Alcanza la pobreza severa cuando no llegan a los 7.000 euros anuales.

 

Cifras que causan estragos porque la pobreza se hereda y se ceba con las familias con hijos. Los niños no pueden salir de ese bucle infernal donde apenas consiguen mejorar su educación. Por eso son tan importantes las becas: la formación puede ayudar a salir de este círculo sin puertas visibles.

 

Para afrontar esta situación, el Gobierno y más concretamente su presidente, Pedro Sánchez, ha realizado una apuesta personal y ha establecido como una cuestión de Estado y un asunto prioritario crear el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil. Al frente de este organismo (alojado en el Palacio de La Moncloa) se encuentra la médico María Luisa Carcedo (San Martín del Rey Aurelio, Asturias, 1953). Una experta en el mundo de lo social que quiere incorporar una mirada inclusiva a la pobreza infantil, fomentar una sociedad sin barreras, un diseño de convivencia donde también se contemple a las personas con discapacidad. 

 

El último informe de los expertos en la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño (1989) dio una buena “colleja” a España por la desigualdad y la pobreza infantil  y por la situación de los niños en los Centros de Internamiento de Extranjeros de Ceuta y Melilla, donde los menores no tienen garantizados sus derechos escolarización y de seguridad de las niñas.

 

La vida de una niña pobre, en un mundo rural y además con discapacidad, multiplica exponencialmente su vulnerabilidad. Por eso hay que retomar cuanto antes la creación de una Ley integral Contra la Violencia a la Infancia ya que las agresiones domésticas y las de violencia de género inciden sobre un sector que no tiene capacidad de defensa ni de mostrar a la sociedad sus debilidades. Los niños son fácilmente manipulables, muchas veces se ven obligados a guardar silencio ante estas injusticias por lo que es fundamental aflorar cualquier situación de inseguridad hacia los menores.

 

La alta comisionada está muy preocupada, especialmente, por los derechos del bienestar físico (a la alimentación), a la cultura, el ocio y el esparcimiento. No cuenta con un presupuesto propio, ya que no se trata de duplicar esfuerzos, pero tiene la responsabilidad ante todos los ministerios de plantear análisis, valoraciones, propuestas y medidas que defiendan los derechos de la infancia. Para afrontar estos objetivos tienen mucho que decir los ayuntamientos y las comunidades autónomas con iniciativas interesantes pero desiguales y dispersas según los territorios.

 

El reto para esta médico es enorme. En sus manos está buscar la terapia adecuada para recuperar e integrar a estos niños y niñas, con y sin discapacidad, antes de que caigan en un pozo sin fondo.