Un 38 por ciento de las llamadas al teléfono dedicado al acoso escolar son casos vinculados a personas con discapacidad. Es la primera vez que se conoce este dato. Y es estremecedor por lo que significa y representa, y eso que no todas las personas que sufren acoso lo denuncian.

 

Este dato muestra una carencia del sistema educativo que es necesario abordar desde todas las áreas con responsabilidad en esta materia. Para empezar, la administración, la central y, especialmente, la autonómica que tiene las competencias. El Ministerio cuenta con el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa que analiza este tipo de datos para intentar afrontarlos con solvencia. Desde las comunidades se llevan a cabo diferentes e interesantes experiencias en lugares como Madrid, País Vasco o Castilla y León. Por ejemplo, en Madrid hay un programa piloto que (al igual que hacen en los países nórdicos) trata de recuperar la figura del “hermano mayor”: un alumno que estudia en cursos superiores del acosado. La idea es que esté muy encima de los compañeros que conocen el caso y se ofrezca a apoyar al alumno vilipendiado por los demás. 

 

El testimonio de las personas que padecen acoso es estremecedor, sobre todo cuando te explican con detalle que han pasado años sin amigos y sin poder contarlo por temor a que la familia no lo entendiera o que se preocupara excesivamente. A veces, incluso el acosado se cree culpable del acoso. Tremendo.

 

Los padres tienen un papel importante en la protección del acosado y también en el reconocimiento de aquellos hijos que acosan a los demás. No es fácil desvelar las actitudes de un hijo, pero es inadmisible permitirlo. Los educadores también deben mejorar su formación y exigirla a sus directivos. 

 

Hay que conocer más en profundidad este asunto y a ello se va a dedicar un estudio auspiciado por CERMI, Fundación ONCE e Ilunion con el objetivo de, por lo menos, saber lo que pasa y poder tomar medidas en un horizonte de integración y de una educación universal.

 

Las personas con discapacidad terminan, muchas veces, en los centros de educación especial y no se alcanza su inclusión en los centros ordinarios. Esta dicotomía tiene que abordarse con más medios y con más profesionalidad por las partes implicadas en el sistema educativo.

 

Algunos alumnos con autismo, por ejemplo, pasan desapercibidos en el centro (cuando no son acosados) o no terminan sus estudios o sencillamente dejan la escuela al no disponer de la atención adecuada. A veces, incluso, terminan en los tribunales por no poder ejercer el derecho a la educación de todas las personas, que se recoge tanto en nuestra Constitución como en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por cierto, el reciente informe de los expertos en esta materia es demoledor para la educación española y exigen que se cumpla la Convención.

 

Está en manos de todos dar un paso adelante. Y por supuesto, tolerancia cero al acoso escolar.