Este es un relato de un viaje al corazón de los derechos humanos, a un espacio que yo, debido al enorme respeto que tengo por la dignidad humana, la libertad, la paz,  la igualdad y la justicia, veo sacralizado. Porque los derechos humanos son la mayor conquista de la humanidad y debemos de ser conscientes de su enorme valor, pero también de su enorme fragilidad es por eso que debemos cuidarlos y promoverlos como a nuestra propia existencia y ese mismo respeto se lo debemos otorgar a los órganos que vigilan por su cumplimento, que nos acompañan en su aplicación y que denuncian sus violaciones. Este es un relato de un viaje a la Organización de las Naciones Unidas.

 

Los pasados 18 y 19 de marzo España se sometía a la segunda revisión como Estado parte de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) al que CERMI asistía en calidad de mecanismo independiente de seguimiento de la Convención, al amparo del artículo 33.2. Subrayo esto porque nuestra posición en esta reunión de alto nivel está reconocida por el Comité de la ONU de la CRPD que vela por la correcta aplicación del Tratado en aquellas naciones que lo han ratificado. 

 

Resulta incontestable que  la acción política y asociativa del CERMI se rige desde, por y para la Convención, pero no como una imposición sino como una convicción y una oportunidad permanente, porque la CRPD es el gran acontecimiento mundial en clave de inclusión, libertades e igualdad de la ciudadanía con discapacidad; y lo es porque su elaboración estuvo participada por las propias personas con discapacidad a través de sus organizaciones representativas. Es nuestro irrenunciable marco de referencia, que guía y orienta nuestros pasos al servicio del cambio social. Porque es nuestra lucha legítima la que nos ha ubicado en la esfera de los derechos humanos y la que nos reconoce inequívocamente, a las personas con discapacidad, como “titulares” de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

 

Este viaje ha supuesto un punto de inflexión en mi vida profesional y de activista de los derechos humanos pero también en carne propia como persona con discapacidad. Para recordar el valor que tiene vivir en un estado democrático y derecho, en el que contamos con una sociedad civil articulada, beligerante, crítica y propositiva para que los derechos humanos sean una realidad que nos amparen pero que también nos alcancen en nuestro día a día. Porque la voz del CERMI en este Examen, imprescindible para contrastar y ampliar la visión muchas veces sesgada y edulcorada del Estado parte.

 

Fuimos a Ginebra con el propósito de enriquecer el debate aplaudiendo los avances y cuestionando los asuntos pendientes. Porque queremos que las observaciones que emita el Comité de la CRPD a España contribuyan a la transformación hacia una sociedad en la que  todas las personas estemos JUNTAS, participando JUNTAS y progresando JUNTAS; una sociedad que no señale, no aparte y no discrimine a NADIE. Ese es mi anhelo como persona con discapacidad para mi país, como Delegado del CERMI para los DDHH y la Convención. Y estos anhelos serán realidades mirando a la Convención e invocando el diálogo civil que ha sido fortalecido en estos años; por eso es de justicia apreciar el reconocimiento que el Estado español otorga a la sociedad civil de la discapacidad, un Estado que ha entendido que nuestra razón de ser reside en maximizar el protagonismo de la gente, el bienestar de la comunidad y en ser garantes de la mejora colectiva.

 

Nuestras propuestas han sido constructivas, todas ellas encaminadas a que el Tratado sea una realidad tangible en la vida de los más de 4 millones de personas con discapacidad que vivimos en España, por eso quiero compartir alguna de ellas y que articularon gran parte del Diálogo:

 

Que se invite a España a dar cumplimiento en el menor lapso de tiempo a las recomendaciones del Comité producto de la primera revisión al país, en el año 211, en gran parte desatendidas.

 

Que España como Estado persevere en el proceso de reforma constitucional iniciado, pero aún no culminado, para alinear plenamente la Carta magna española con los principios, valores y mandatos de la Convención, modificando el artículo 49 de ese texto jurídico máximo. Todo, en consultas, dialogo abierto y participación estrecha de las organizaciones representativas de personas con discapacidad.

 

Que el Estado parte concluya la profunda reforma del Derecho Civil emprendida para acomodar todo el Derecho privado español a los principios y mandatos del artículo 12 de la Convención.

 

Que España como Estado parte sea instada a aprobar instrumentos jurídicamente vinculantes para aplicar el concepto de discapacidad, de conformidad con el artículo 1 de la Convención y que se vele por que la legislación, tanto nueva como existente, incorpore el modelo de discapacidad basado en los derechos humanos en todos los ámbitos de la política y en todos los niveles y regiones de los gobiernos descentralizados y las jurisdicciones o territorios bajo su control.

 

Que España intensifique los esfuerzos para asegurar la participación y el progresivo empoderamiento de los niños y niñas con discapacidad y que sus opiniones se tomen en cuenta como punto principal, y que se integre como es debido, se interprete consecuentemente y aplique, en todo procedimiento y decisión legislativa, administrativa y judicial, así como en toda política relevante, programa y proyecto que tenga impacto sobre la infancia. 

 

Que se pueda crear un fondo público de accesibilidad universal que sirva para sufragar aquellas actuaciones que se precisen para que los entornos, productos, servicios y procedimientos sean universalmente accesibles e inclusivos. Así como el establecimiento de mecanismos eficaces para hacer cumplir los mandatos legales de accesibilidad.

 

Que las personas con discapacidad tengan las mismas garantías materiales y procesales que  las  demás  en  el  contexto  de  los  procesos  penales, independientemente de ser víctimas o acusadas. Y que se reconozcan jurídicamente tanto el derecho a los ajustes de procedimiento, como el impulso de la figura de la persona facilitadora en procedimientos judiciales como una herramienta para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad. Además de asegurar la disponibilidad de documentos en formatos accesibles para las personas con discapacidad que los necesiten.

 

Que el Estado parte derogue el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permite el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico; y que se garantice que todos los servicios de salud mental se brinden con el consentimiento libre e informado de la persona interesada. Que se asignen más recursos financieros para crear servicios alternativos que promuevan la autonomía de la persona y asegure que las personas con discapacidad que lo precisen, puedan recibir apoyo suficiente y adecuado a través de servicios ambulatorios de base comunitaria, incluida la asistencia domiciliaria. Se hace necesario que se revise la normativa penitenciaria para adecuarla al modelo de la Convención.

 

Que se adopten medidas apropiadas para erradicar el empleo de medios de contención por motivos de discapacidad en todos los entornos y se erradiquen las prácticas de segregación y aislamiento que puedan equivaler a tortura o a tratos inhumanos o degradantes. Así como la aplicación de un plan efectivo de desinstitucionalización de las personas con discapacidad que habitan en entornos no deseados ni que responden a sus preferencias vitales.

 

Que se eliminen las políticas y disposiciones que permiten o favorecen el tratamiento involuntario, así como la erradicación de la legislación penal española de la práctica de la esterilización forzada en personas con discapacidad, ya que constituyen una violación permanente de derechos humanos, y que se vele por que las decisiones relativas a la integridad física o mental de una persona solo puedan adoptarse con su consentimiento libre e informado.

 

Que se proporcione una financiación adecuada para que las personas con discapacidad puedan, de forma efectiva e independiente, disfrutar de la libertad de elegir su residencia en igualdad de condiciones con los demás; del mismo modo, a tener acceso a toda una serie de servicios comunitarios en su domicilio o en residencias, y a otros servicios para facilitar la vida cotidiana, incluida la asistencia personal.

 

Se insta al Estado, en especial, a desplegar todos los esfuerzos legislativos, programáticos y presupuestarios para generalizar la asistencia personal como prestación pública de referencia entre las personas con discapacidad, reparando el gran déficit que España presenta en esta esfera. 

 

Que se inicie sin más demora un proceso progresivo de transformación y mejora del sistema educativo para que pueda acoger a todas las niñas y niños con discapacidad en condiciones de calidad e igualdad, garantizado los apoyos efectivos, así como su presencia, progreso y participación en una escuela que eduque a todas las personas sin excepciones.

 

Que se elabore un plan específico y financiado de medidas destinadas a la eliminación de las barreras para el acceso a la atención y a los servicios de salud, y se establezcan protocolos para que los servicios médicos respeten el derecho al consentimiento informado de las personas con discapacidad y a la privacidad de la información sobre la salud.

 

Que, en estrecha colaboración con las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias, se impulse un nuevo marco legal, renovado y actualizado, articulado en una Ley de Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad, que garantice de manera efectiva el derecho de las personas con discapacidad a un empleo digno y de calidad y a trabajar en igualdad de condiciones; todo esto, mediante el impulso de medidas que eliminen las situaciones de discriminación por motivos de discapacidad y promuevan las oportunidades de empleo decente con la máxima expresión.

 

Que se emprenda una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal y legislación conexa que garantice el acceso a una vivienda digna y adecuada a las personas con discapacidad.

 

Que se apliquen los mandatos de la Convención a toda la legislación, reconociendo el acceso a recursos internos en caso de vulneración de la misma, y se responda de forma adecuada e integral a las obligaciones que dimanan de la Convención en sus políticas y programas en todo el Estado parte, incluidos las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.

 

Decía la escritora feminista nigeriana Chimamanda Ngozi  que  las historias se han utilizado para desposeer, pero también se pueden usar para facultar y para humanizar; pueden quebrar la dignidad de un grupo social, pero también pueden restaurarla… En este viaje me he reafirmado en el activismo social de las  mujeres y los hombres con discapacidad para reescribir esa historia única de vidas asistidas, vidas depreciadas y de negación del estatuto de Persona y también he corroborado que la Convención es la mejor aliada para reescribir nuestra propia historia, para que ésta sea una historia de autodeterminación, bienestar, inclusión y, sobre todo DERECHOS. PERSONAS EN PRIMERA PERSONA.