No, no es que se hayan alterado las tradicionales y consabidas fuentes del Derecho, y exista una nueva, insólita en su enunciación, la discapacidad organizada, como afirma el título de esta tribuna. Las fuentes de producción del Derecho son las de siempre, a saber, la Ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. No; es tan solo una licencia que busca captar la atención, siquiera un instante, pero que de algún modo evoca algo cierto, progresivamente más extendido, visible y real. Las normas jurídicas que integrarían esa nueva rama del Derecho que vendría a ser el Derecho de la Discapacidad o, más humildemente, las disposiciones normativas que tienen como propósito preeminente regular aspectos referidos a las personas con discapacidad o en los que estas son las principales destinatarias, surgen, claro está, del sistema tradicional de fuentes, fundamentalmente del Poder Legislador, la primera de todas. Hasta ahí todo es como ha solido ser. Pero el hecho de que el Parlamento dicte, crecientemente, cada vez más legislación sobre discapacidad no es casual; no constituye un mero azar favorable que carece de causa conocida. Hay razones para esto se produzca, para que concurra ese resultado, que no son otras que la acción tractora del movimiento social de la discapacidad, la discapacidad organizada expresada en el inicio de este texto. Si hay más y mejores normas jurídicas en materia de discapacidad, es porque este sector de la sociedad civil opera como instancia de reflexión, de presión y propuesta, confecciona y marca una agenda normativa, que desencadena procesos de adopción de nueva legislación o de cambio de alcance en la misma. En este sentido, un tanto oblicuo, hay que entender lo de la discapacidad organizada como fuente del Derecho. Los avances legislativos hoy vienen fundamentalmente de la mano del movimiento cívico de la discapacidad, que logra instalarlos en la agenda política a través de una acción estructurada y sostenida de incidencia ante los poderes públicos. Quien acciona el mecanismo de adopción de normas sobre discapacidad, son las propias personas con discapacidad (y sus familias) por medio de su organización colectiva como grupo de interés que actúa políticamente.

 

Si cupieran dudas, basta remitirse a la recentísima reforma del Derecho Privado -a fecha de la reacción de este artículo, únicamente falta la ratificación por el Congreso de los Diputados de las enmiendas introducidas por el Senado- que está a punto de culminar España, con la más intensa y extensa modificación de la legislación civil de la democracia que se lleva a efecto para dotar de igual capacidad jurídica a las personas con discapacidad. Sin usurpar méritos ajenos, ni incurrir en ninguna clase de presunción, el que nuestro ordenamiento jurídico migre, por fin, de un sistema de restricción a uno de promoción y apoyo, respecto de las personas con discapacidad, en el ejercicio de su capacidad jurídica, debe ser atribuido a la pujanza del movimiento asociativo que ha estado en el origen de las decisión política que han desencadenado este proceso legislativo, y que lo ha acompañado y alentado a lo largo de todo un camino, nunca libre ni expedito, y expuesto de continuo a amenazas a riesgos. La discapacidad organizada representada globalmente por el CERMI, con el concurso más que valioso de sus entidades miembro, como Plena Inclusión, y dentro de esta por la Asociación Española de Fundación Tutelares (AEFT), puede tenerse legítimamente por fuente del Derecho, a título de inductora y cooperadora necesaria. Ya no solo esperamos a que no sé quienes hagan, actitud pasiva, sino que nos hemos convertido en co-protagonistas de procesos que no hace mucho eran considerados distantes y ajenos, porque la mejora colectiva, de toda la comunidad de pertenencia, es también cuestión que nos incumbe. Desatamos, sí, espirales que nos benefician, pero en la misma medida que a todo el entorno. 

 

Fuente: https://fundacionestutelares.org