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viernes, 22 de mayo de 2020cermi.es semanal Nº 392

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"3,8 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Opinión

El impacto económico y emocional se ceba en los más vulnerables

Por Mariano Casado, presidente de Plena Inclusión Madrid

21/05/2020

Mariano Casado, presidente de Plena Inclusión MadridEl 40 por ciento de las familias se han visto económicamente afectadas por la crisis; el 37% ha visto empeorar su situación laboral y las complicaciones derivadas de la conciliación y el cuidado familiar han generado, en una de cada tres, sobrecarga, estrés y grandes dificultades emocionales. Son algunos de los resultados de una encuesta realizada por Plena Inclusión Madrid entre familias de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 
 
Es posible que muchas personas, vinculadas o no a la discapacidad, se vean reflejadas en esos datos. El impacto de esta crisis alcanza incluso a personas y unidades familiares que nunca antes habían tenido necesidad de acudir a servicios sociales, pero es necesario recordar el desigual punto de partida de las familias en la que alguno de sus miembros tiene discapacidad intelectual o del desarrollo, y que históricamente, vienen destinando más recursos para lograr un nivel de vida igual al de familias en las que la discapacidad no está presente.
 
Los mayores impactos se producen en familias con personas con discapacidad de hasta 21 años, menores y jóvenes que se encuentran en la etapa educativa o en transición a vida adulta. La necesidad de ofrecer un apoyo más intenso en estas etapas dificulta asimismo la conciliación, obligando a una de cada cuatro familias a dejar su empleo o reducir su jornada para hacer frente a los cuidados y necesidades de su familiar con discapacidad intelectual o del desarrollo, cuyas rutinas se han modificado de la noche a la mañana: su educación, sus programas de autonomía, su ocio, sus relaciones sociales y sus terapias, de una importancia vital para el desarrollo de sus capacidades.
 
Personas con discapacidad intelectual, que con mucho tesón y grandes apoyos por parte de sus organizaciones de referencia habían conseguido acceder al empleo, han vuelto a quedar fuera del sistema productivo, con el consiguiente impacto emocional para cada uno de ellos. Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que en muchos casos no son capaces de comprender una situación compleja, que no toleran las medidas de protección, o para quienes no es posible el distanciamiento social por sus amplias necesidades de apoyo y en los que afloran problemas de conducta que agravan el clima familiar e incrementan la preocupación e incertidumbre sobre el futuro. 
 
Una crisis sanitaria que llega como un tsunami a nuestra sociedad ha obligado a las entidades sociales a reinventarse y modificar de la noche a la mañana su manera de trabajar. Cierto que también lo han hecho muchos otros españoles y empresas que han facilitado el teletrabajo de sus empleados en tiempo récord; pero las dificultades que implica adaptar una labor diaria que consiste en apoyar presencialmente a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, hacen obligado reconocer el gran papel realizado por cada una de esas organizaciones al conseguir que las personas y las familias que son su razón de ser, se hayan sentido bien acompañadas durante estos complicados momentos.  
 
Organizaciones responsables, comprometidas, solidarias, que en los recursos de vivienda y residencia han atendido de forma ejemplar a las cerca de 2.000 personas que permanecieron en ellos durante el confinamiento, con una calidez y calidad que hacen de esos recursos verdaderos hogares. Una atención que ha ocasionado unos sobrecostes superiores al millón de euros en apenas un mes y medio, que aumentan a diario y lo harán con el tránsito a la “nueva normalidad”. Estos sobrecostes agravan una situación muy complicada que vienen arrastrando desde la crisis de 2008, en la gestión de unos recursos y servicios cuyos niveles previos nunca llegaron a recuperar. 
 
La envergadura social de esta crisis exigirá medidas sociales extraordinarias junto a las políticas de reactivación económica. Es urgente que en la reconstrucción que ha de afrontar nuestra sociedad seamos capaces de poner a las personas primero y reforzar un muy debilitado estado de bienestar. En el espíritu y en el ánimo de nuestro movimiento asociativo estará colaborar, contribuir, cooperar y proponer el diseño y puesta en marcha de políticas que contribuyan a paliar los efectos de esta crisis y a salir reforzados de ella. 
 
Hemos sufrido en primera persona situaciones que dejarán en nosotros una profunda huella, que nos han convertido en protagonistas de realidades de las que pensábamos estar a salvo, y propias, en muchos casos, de la ciencia ficción. Nuestros modelos de ciudad, de vivienda, educación, trabajo y salud han sido cuestionados. El impacto de una situación tan excepcional como la que estamos afrontando obliga a cuestionarnos si algunos derechos estaban tan consolidados y se habían impregnado lo suficiente en nuestra cultura colectiva como creíamos. 
 
Nuestras fortalezas como sociedad civil organizada, resiliente y unida, serán herramientas con las que trabajar para robustecer los valores sociales y vigilar que no se produzcan retrocesos en la garantía y ejercicio de derechos conquistados. Visualizamos un futuro social, un futuro que merezca la pena legar a las generaciones que están por llegar. No cesaremos en nuestro empeño, y defenderemos ese giro social que no deje a nadie atrás.
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