En España 80.000 personas no han podido votar porque se les considera incapacitadas para ejercer ese derecho básico. Contraviniendo al requerimiento formulado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, el gobierno niega sistemáticamente a decenas de miles de sus ciudadanos la posibilidad de acudir a las urnas.  

 

¿Es posible que un estado de la Unión Europea pueda en pleno siglo XXI impedir a una parte de su ciudadanía ejercer un derecho fundamental como es el del voto? ¿Es lícito que la autoridad desobedezca a la mismísima ONU para aplicar una flagrante discriminación? ¿Es digno de un estado de derecho que más de 80.000 personas sufran un atropello a sus derechos por parte de las propias leyes que lo rigen?

 

Sé que el uso del término Apartheid al referirme a la denuncia que desde Izquierda Unida formulamos ante la Unión Europea por esta situación puede a simple vista resultar un tanto hiperbólico; soy plenamente consciente de la distancia respecto al sistema criminal que imperó durante cuatro décadas en Sudáfrica. Ahora bien, no entiendo otra razón que el segregacionismo para impedir el voto a todas estas personas; una ignominiosa prueba de autoritarismo por parte de un Estado que legisla contra la igualdad entre sus ciudadanos y ciudadanas.

 

El hecho de que el gobierno no haya puesto solución aún a este ataque brutal hacia los derechos de algunas personas con discapacidad no puede ser entendido de otra manera que en términos de violación de derechos fundamentales. El propio gobierno español en el año 2008 ratificó la Convención de la ONU que en su artículo 29 indica que los Estados “garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la capacidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones”, comprometiéndose además a que “puedan participar plena y efectivamente en la vida política”.

 

Sin embargo, la aplicación estricta de la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG) permite este tipo de situaciones discriminatorias. En su articulado, esta ley permite a los jueces despojar del derecho al voto a las personas con discapacidad cuando hay una sentencia de incapacidad legal.

 

Dos años más tarde fue la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados la que solicitó un informe para introducir los cambios necesarios en la LOREG, pero el plazo, que era de seis meses, no se cumplió, y aún hoy en día alrededor de 80.000 personas (según los datos de la Junta Electoral Central en 2011; podrían ser muchas más) no pueden depositar su voto en las urnas.

 

La propia Unión Europea establece en su Directiva 93/109/CE regula el derecho de todos los europeos y europeas al sufragio activo y pasivo con las condiciones de residir en el territorio y cumplir los requisitos de edad que establece cada estado. Es por ello que hemos instado al Gobierno comunitario a  estudiar el caso español y actuar ante la disparidad de criterios que hacen que los derechos de la ciudadanía varíen de un Estado a otro de la UE.

 

Por tanto, y lamentablemente, el sufragio universal no es una realidad en Europa. El ejecutivo español impide a miles de personas el ejercicio de un derecho fundamental, negando a todas ellas la participación en la vida política y en la toma de decisiones. 

 

Cabe destacar que durante años centenares de asociaciones y entidades de todo el territorio español que defienden los derechos de las personas con discapacidad han reclamado justicia y han luchado para conseguir que cese esta discriminación injustificable. El gobierno ha desoído de forma sistemática a estos colectivos, mostrando un evidente déficit democrático al desatender a una parte de la sociedad que mantiene una reclamación tan básica y simple como la de aspirar a gozar de la plena ciudadanía. Un colectivo, y su representación, que pese a las consideraciones de la comunidad internacional se da de bruces una y otra vez contra el totalitarismo ideológico del ejecutivo español.

 

Para nuestro grupo en la eurocámara supone una prioridad la lucha para revertir esta flagrante discriminación. Seguiremos presionando a las autoridades europeas para que reconozcan el derecho de esos miles de personas a ejercer su voto. Para poner fin a una exclusión injusta, anacrónica y vergonzante para un Estado que presume de madurez democrática.

 

Un apartheid electoral.