Volvemos del verano esperando que todo haya cambiado en nuestra ausencia, pero según nos vamos conectando nuevamente a la rutina caemos en la cuenta de que seguimos atrapados en el tiempo, asistiendo día tras día a la misma escena. El problema es que la imagen que se nos proyecta una y otra vez no es la de una simpática marmota que predice la duración del invierno según se meta o no en la madriguera el 2 de Enero, como ocurría en la película, sino la de los representantes que los ciudadanos hemos elegido para gobernarnos y velar por nuestros intereses metidos en un permanente bucle de alharacas, aspavientos y postureos, sin gobernar ni dejar gobernar, y amenazando permanentemente con repetir las elecciones porque con lo que hemos votado no hay manera de ponerse de acuerdo, y a ver si a la cuarta vez en cuatro años lo hacemos mejor y sale algo que les guste.

 

Parece que da igual que los sucesivos parlamentos no legislen ni aprueben nada, que los ministros y ministras lleguen y se vayan sin sacar adelante ningún plan, o que cada Comunidad Autónoma vaya a su aire. 

 

Lamentablemente, no da igual, y lo sabemos bien porque en estos cuatro años se ha ido ralentizando la actividad y son cada vez más los proyectos e iniciativas que en lugar de resolverse van acumulándose a la espera de que haya esa utopía cada vez más lejana del “gobierno estable”. 

 

Esta situación es especialmente dura para los ciudadanos más vulnerable, y mucho más para los más de 4 millones de personas con discapacidad y sus familias, ya que la paralización de las cuestiones sociales incide directamente en la consecución de sus derechos y en su plena participación e inclusión en la sociedad. Así, temas urgentes e imprescindibles como la revisión de los baremos de la discapacidad, la unificación de criterios y protocolos de atención entre las Comunidades Autónomas, o la mejora en la aplicación de la ley de dependencia han desaparecido de la agenda de las administraciones; sobre la puesta en marcha del Plan de Acción para las personas con TEA y sus familias (por citar uno específico de nuestro colectivo) ya ni preguntamos, y lo mismo respecto a las políticas de empleo con apoyo y acceso a la vida independiente.

 

Igualmente, también se encuentra en el limbo la reforma ya lista de los procesos de modificación de la capacidad de obrar, entre otras iniciativas necesarias para adaptar la legislación española a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este sentido, parece incluso una burla el hecho de que uno de los pocos acuerdos alcanzados en la anterior legislatura sobre la reforma de la LOREG permitiera el acceso al voto a las personas con discapacidad intelectual, pero sólo para que su voto sea como el de todos los demás miembros de la sociedad, es decir, inútil. 

 

Pero especialmente crítica es la situación en el terreno de la educación: llevamos ya demasiados años con una ley educativa unánimemente cuestionada, aplicada con apaños, y eternamente pendiente de ser modificada, derogada, reformada, o lo que sea. El caso es que después de que cientos de organizaciones de todos los ámbitos nos recorriéramos los despachos de los partidos políticos durante el fallido intento de pacto educativo, y de que enviáramos miles de páginas de aportaciones a la última (y también fallida) propuesta de ley, es desolador que continuemos en la misma situación y las personas con discapacidad sigan careciendo de un instrumento que garantice el derecho a elegir la educación que quieren y a recibir el apoyo que precisan en todas las etapas de su formación. 

 

No sé qué hará la marmota la próxima vez, pero es muy posible que vuelva a meterse corriendo en la madriguera a la vista del panorama. Y es que el invierno en España, si nadie pone remedio, va a ser largo, muy largo. Es una pena, porque gracias al empuje del movimiento asociativo y de la mayor concienciación de la sociedad civil se habían conseguido avances muy significativos en los derechos sociales de todos los ciudadanos, y entre ellos de las personas con discapacidad, que han alcanzado en este tiempo plena consciencia de sus capacidades y posibilidades, y de las barreras que les obstaculizan el conseguir una formación a su gusto, una forma de ganarse la vida y una vivienda digna entre otras metas. 

 

Éste es el momento de avanzar en la inclusión, con medidas innovadoras y valientes, como hemos trasladado repetidamente a todos los grupos políticos y administraciones; por eso éste es el momento de llegar a acuerdos para empezar a trabajar  en ponerlas en marcha, y por eso es urgente que haya por fin un gobierno que vuelva a pasar las hojas de la agenda social.