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viernes, 28 de febrero de 2014cermi.es semanal Nº 113

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Opinión

Una Fiscalía inexistente

Por Pilar Ramiro Collar, activista de los derechos de las mujeres con discapacidad

23/02/2014

Hoy especialmente tenemos en la palestra el polémico debate social sobre los abusos en el Colegio Valdeluz, un centro concertado por la Comunidad de Madrid. Con esta noticia y otras tantas olvidadas como pequeños sucesos en la prensa, nos deja presente que la Fiscalía no va defender los Derechos de los menores o incapacitados.

Pilar Ramiro Collar, activista de los derechos de las mujeres con discapacidad
 
Para poder llegar a conocer a lo que me refiero me sujetaré a algunas noticias.
 
"Madre de 12 años. El padre, mayor de edad, fue acusado y detenido por acoso, finalmente fue admitido por la familia"
 
En este caso, no solo es un supuesto abuso sexual a una menor de 13 años, sino que como prueba esté el bebé. Los padres denuncian el delito, después retiran la denuncia y para las instituciones deja de existir, demostrando dejar en un desamparo absoluto al menor y la defensa de sus derechos.
 
En el caso Valdeluz podría remitir a multitud de noticias sobre ello, pero para relacionarlo con el anterior puede ser de interés el siguiente:
 
¿Tenía que haber denunciado la Comunidad de Madrid los abusos del Valdeluz?
 
De este a resaltar que: "El artículo 450 del Código Penal establece que «el que, pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, no impidiere la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad, salud, libertad o libertad sexual» será castigado con una pena de prisión de hasta dos años o una multa de seis a 24 meses, según el caso. De hecho, por este motivo fueron detenidos el director y el jefe de estudios del Valdeluz el jueves y posteriormente puestos en libertad con cargos a la espera de pasar a disposición judicial."
 
Usando esto sobre la noticia anterior, por ser la tutela de la menor de los padres, ¿no tienen la misma responsabilidad que el Director o Jefe de Estudios del centro?
 
Este problema lo encontramos en todos los campos de tutela, parece que los que la poseen, poseen la capacidad de permitir o no disfrutar de sus derechos a la persona.
 
A causa del caso de Valdeluz nos encontramos con unas declaraciones del Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid que cuanto menos son controvertidas.
 
"Moix destaca que en delitos contra la libertad sexual denuncia la persona agraviada o el representante legal"
 
Aún no tengo claro para qué se supone que esta la fiscalía, en sus declaraciones cita "el artículo 191 del Código Penal que establece que "para proceder por los delitos de agresiones, acoso o abusos sexuales, será precisa una denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o una querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia"."
 
Pero no lo han hecho en ninguno de los casos a los que he tenido acceso, es más en la mayoría remiten la responsabilidad únicamente al representante legal.
 
Aparte de venir a decir que con lo duro y difícilmente fructífero que es el proceso mejor dejarlo pasar. Pero encontramos otra noticia:
 
"Vuelven a detener al presunto autor de abusos sexuales a jóvenes discapacitadas"
 
Esto nos devuelve de forma alejada a Valdeluz. Tenemos una increíble ineptitud dentro de las instituciones. En los casos de abuso sexual, no suele haber pruebas "materiales" por lo que se deben acoger a los relatos de las víctimas, en el campo de menores e incapacitados, contamos con un desconocimiento sobre la intimidad sexual; que hace el tema especialmente complicado. Durante el proceso la revictimización se produce a niveles muy elevados, tras declaraciones y peritajes continuados. Suele quedar en un "su palabra (de alguien que no sabe realmente que es lo que paso) contra la del acusado". Llevado en muchos casos a causas perdidas.
 
Al no existir condena, vemos a estos personajes sin problema ninguno para estar dentro de las instituciones, dejándoles campar a sus anchas entre potenciales víctimas.
 
Por lo que nos vemos en una falta de responsabilidad por parte de las instituciones, la cual me asusta tremendamente. La escolarización es obligatoria, pero parece que no podemos confiar en que se responsabilicen de nuestros menores. Pero en la institucionalización de los incapacitados nos vemos igualmente desvalidos; teniendo en cuenta que las víctimas no suelen hacer públicos los sucesos, nos vemos en la situación de tener que confiar en instituciones y administraciones que parecen cuidar más de su imagen que de los derechos de los que atienden. 
 
En el caso de Valdeluz, el reconocimiento de la existencia de abusos por miembros del centro, nos deja claro que la administración no piensa proteger a las personas a su cargo, si el precio es manchar su imagen. 
 
Visto que la fiscalía siempre va a optar por el silencio, dejando a los representantes legales la decisión de denunciar o no, me lleva a una pregunta aterradora.
 
En caso de incesto, ¿esperan que el agresor se autodenuncie? Este tipo de abusos, está sujeto a un secretismo espantoso por parte de las víctimas y su entorno, por miedo al estigma social. Lo que sumado a que en su mayoría son intrafamiliares, nos vemos con un desamparo tremendo por la falta de actuaciones institucionales.
 
Existe una incomprensión jurídica y un vacío protocolario espantoso en este ámbito.
 
Gracias al esfuerzo de muchos hemos conseguido que la violencia de género cuente con un protocolo de atención multidisciplinar. Pero en estos casos nos encontramos contra un muro. Si un médico detecta síntomas de abusos sexuales en un menor o incapacitado, ¿se lo dice al tutor? Teniendo en cuenta que el 80 % de los abusos son intrafamiliares, creo que no sería demasiado fructífero. Pero al ser un delito "semiprivado" no es aplicable una denuncia por terceros.
 
Y desde luego vista las declaraciones del Sr. Moix, no esperemos que la fiscalía se involucrará de oficio por arte divino. Por lo que dejamos a los menores y los incapacitados a su suerte, cruzando los dedos porque no entren en los grandes porcentajes de abusos sexuales, ya que parece que al no ser individuos para ley, pasan a ser objetos.
 
Parece que confundimos el tener representantes legales a no tener más derechos que los que nuestros representantes nos permitan. A partir de abril será posible que los menores denuncien como individuos si se incumplen sus derechos a la ONU.
 
¿Que menor será capaz de ello?
 
Podría perderme en opiniones sobre este tema o simplemente las noticias expuestas, pero eso sería interminable y poco interesante. Solo os dejo una pregunta.
 
¿Quién defiende los derechos de quienes no pueden exigirlos?
 
 
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