El Pacto de Toledo, en su renovación del año 2011, volvió a incorporar una Recomendación en materia de discapacidad. En concreto, la Recomendación 18 establece que “el sistema de Seguridad Social constituye un instrumento de política social que debe contribuir, en mayor medida, a la plena inclusión de las personas con discapacidad” y, en este sentido, proclama que  “se han de intensificar los niveles de protección de las necesidades insuficientemente cubiertas de las personas con discapacidad y sus familiares”. Se trataba de que en el desarrollo de la normativa en materia de Seguridad Social, en las reformas que deben de promoverse para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, debían de reconocerse las necesidades específicas y concretas de las personas con discapacidad. Se trata pues de un mandato para legislar teniendo en cuenta la realidad humana de la discapacidad.

 

En los últimos años se ha avanzado en esa dirección que establece el Pacto de Toledo. Evidentemente queda trecho por recorrer, pero tal y como ha recordado el CERMI los avances han sido significativos  “mediante el establecimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación, llevados a cabo en 2002 y 2008, el establecimiento de un convenio especial a favor de las personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral o las medidas de flexibilización entre la percepción de las pensiones no contributivas de invalidez y la realización de actividades”.

 

Ahora, y en desarrollo de aquello previsto en la reforma de pensiones de 2011, el Gobierno ha encargado a un Grupo de Expertos la elaboración de un informe sobre la incorporación en la legislación de un denominado “Factor de Sostenibilidad”, como mecanismo automático de los parámetros del sistema de pensiones en función de la evolución de la esperanza de vida de las personas. La reforma de 2011 contemplaba la incorporación de un “Factor de Sostenibilidad” a partir de 2027, una vez hubiesen culminado los cambios paramétricos que la misma introducía (aumento de la edad legal de jubilación, aumento del periodo de cálculo de las pensiones, aumento del número de años exigibles para cobrar el 100% ), como fórmula para continuar adaptando el sistema de pensiones al cambio demográfico que se inicia en la década de los años 20 de este siglo, cuando empiecen el largo periodo de jubilación de los “babby boomers”. Y ciertamente, la reforma de 2011 al incorporar este “factor de sostenibilidad” se movía en la dirección de buena parte de los países de nuestro entorno.

 

En la discusión abierta estas semanas, después que los expertos hiciesen público su informe, los debates existentes son muchos. Desde la idoneidad de las fórmulas propuestas, con los denominados “factor de revalorización anual” y “factor de equidad intergeneracional”, hasta la entrada en vigor de los mismos, pasando por los límites e insuficiencias  de la esperanza de vida para determinar la cuantía inicial de las pensiones o los riesgos de pérdida del poder adquisitivo de las pensiones al modificar el mecanismo existente basado en la evolución de los precios, las cuestiones en discusión son muchas. Habrá que esperar a ver cuál es la propuesta concreta que el Gobierno traslada al Pacto de Toledo; mientras tanto el Ejecutivo hay que exigirle voluntad de consenso y acuerdo. El “factor de sostenibilidad” no puede ser fruto de la imposición desde la mayoría absoluta de la que goza el PP en ambas cámaras. Y el Gobierno debe de recordar que aquello que justifica la existencia de un sistema público de pensiones en su orientación hacia la reducción del riesgo de pobreza de las personas mayores, garantizando cuantías suficientes y adecuadas. 

 

En esta discusión, el informe que el CERMI ha hecho público recientemente sobre esta materia advierte de los riesgos que “el establecimiento del denominado factor de sostenibilidad, en los términos que se recogen en el citado informe, puede tener respecto de las pensiones causadas por las personas con discapacidad, en especial, en relación con la pensión de jubilación”. Y, como afirma el mismo CERMI,  si el factor de sostenibilidad no tiene en cuenta la menor esperanza de vida de las personas con discapacidad,  la reducción de sus pensiones, que el mismo implica en la práctica, iba a ser mayor para las personas con discapacidad. Dar cumplimiento a la Recomendación 18 implica tener en cuenta el impacto que la reforma puede tener para el colectivo de la discapacidad. El Gobierno debe tener en cuenta pues la reflexión que el CERMI ha formulado y que CiU comparte.

 

La verdad es que la orientación del informe del Grupo de Expertos tiene la virtud de aportar transparencia en los flujos financieros del sistema público de pensiones, de carácter contributivo, reparto y prestación definida, pero no puede ser el eje principal sobre el que gire la protección social de las personas mayores. Alerta pues ante una reforma que tiene una lógica econométrica y actuarial necesaria, pero que no puede olvidar la imprescindible expresión de un pacto social entre generaciones e intra generaciones para garantizar la vida digna y decente de los pensionistas.