La fortaleza de un país depende de la fortaleza de sus instituciones, también o especialmente, de las que velan por la cohesión social. 

 

Me refiero a instituciones públicas, como nuestro sistema de la seguridad social que presta sus servicios con regularidad y eficacia, gracias a la estabilidad de su régimen jurídico básico y a la profesionalidad de su personal. Y me refiero, asimismo, a las organizaciones y asociaciones de naturaleza jurídico-privada que sirven a fines sociales con semejantes atributos de estabilidad y profesionalidad, de dedicación y de eficacia. 

 

Que, tras más de dos décadas de tarea, hoy podamos celebrar la publicación de este número 300 de su boletín digital semanal es una buena ocasión para destacar que CERMI es una de ellas, una de esas instituciones imprescindibles para la cohesión social en España.

 

Y ello se debe, a mi juicio, a dos factores: la relevancia de su actividad y el modo en que la desarrolla.

 

En primer lugar, en efecto, el compromiso del CERMI con la defensa de los derechos de más de 3.8 millones de personas con discapacidad, y los de sus familias, sitúa la ‘misión’ de aquel en primera línea del objetivo, que nos concierne a todos, de facilitar una integración sin la cual no hay verdadera convivencia. 

 

Porque no hay convivencia, no hay cohesión social posible, sin derechos; porque no nos podemos reconocer como ciudadanos, como miembros de una misma comunidad, si no se asegura a todos la condición de miembros activos de la misma. Y eso requiere remover discriminaciones y promover posibilidades en favor de quienes pueden tener una más difícil posición de partida. Precisamente, lo que hace, o a lo que contribuye, día a día con su labor, el CERMI.

 

Además, para cumplir su papel, para integrar, es el CERMI el que previamente integra y articula a un sector que es rico, dinámico, plural, en una plataforma unitaria que emerge con fuerza en su condición de interlocutor con las administraciones públicas y otros actores sociales.

 

Personalmente, he podido ser testigo directo de la tarea del CERMI en una doble condición. 

 

Como Presidente del Gobierno y como parlamentario, tuve ya la oportunidad de conocer hasta qué punto la organización es capaz de presionar e influir sobre los poderes públicos para alcanzar sus objetivos en defensa de los derechos e intereses de las personas con discapacidad. 

 

Ahora, como Presidente del Foro de la Contratación socialmente responsable, y miembro del Patronato de la Fundación CERMI mujeres, he podido constatar, desde dentro, la aptitud de la organización y de quienes la sirven para ejercer esa influencia, una influencia imprescindible, sobre las administraciones públicas y la sociedad en general. 

 

Basta pasar revista a algunos de estos boletines digitales para comprobarlo. Mi más cordial enhorabuena por ello.