Recuerdo cuando el 2020 era el futuro. Lo enmarcábamos en una época de grandes avances y teníamos grandes expectativas. En unos días llegamos a ese 2020 y lamentablemente esas expectativas aún no se han transformado en realidades, sobre todo si nos fijamos en el ámbito de la discapacidad, donde además, la situación de incertidumbre política y la ausencia de Gobierno desde hace ocho meses ha afectado directamente al avance y al desarrollo de proyectos en las organizaciones que nos dedicamos a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

 

No obstante, en Salud Mental España somos optimistas y esperamos que el año que comienza suponga un punto de inflexión en la mejora y la ampliación de los recursos para intervenir y prevenir en la que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), será la principal causa de discapacidad en 2030: los problemas de salud mental. La OMS alerta de que los trastornos mentales ya afectan a más de un tercio de la población europea cada año, constituyendo un problema real y preocupante de salud pública. En España, entre el 2’5 y el 3% de la población adulta tiene un trastorno mental grave: más de 1 millón de personas. Y hoy el 9% de la población tiene algún tipo de trastorno mental y el 15% de la población lo tendrá a lo largo de su vida. 

 

Pero como ya he dicho, somos optimistas, y creemos que estamos en un momento perfecto para que nuestras reivindicaciones se tengan en cuenta a la hora de desarrollar políticas y medidas. Y aprovechando las fechas que se acercan me gustaría plantear estas peticiones a modo de misiva dirigida a las personas responsables de que estas se materialicen en programas y planes que lleguen a la personas con problemas de salud mental. 

 

Así pues, queridas y queridos responsables políticos, encargados de mejorar la vida de las personas, en nombre del movimiento Salud Mental España, me gustaría expresarles mis deseos para los próximos cuatro años:

 

El primer deseo es que, por fin, se cree Gobierno estable y duradero.

 

Hecho esto, y dado el inmenso problema de salud pública que suponen  los problemas de salud mental, consideramos imprescindible priorizar la inversión en más recursos para la prevención, la detección precoz y la intervención temprana, de calidad, en salud mental, tanto a nivel individual como familiar. Esto pasa necesariamente por ampliar la ratio de profesionales de la Psiquiatría, la Psicología y la Enfermería especializada en salud mental, prestando especial atención a la inclusión de la Psicología Clínica en Atención Primaria. 

 

Los problemas de salud mental son, además, un factor de riesgo de la conducta suicida, por lo que igualmente, es prioritario que la Administración Pública habilite un teléfono gratuito, accesible y fácil de recordar (de tres cifras similar al de la violencia machista), para atender, apoyar y acompañar a las personas con ideación suicida y sus familiares, disponible 24 horas al día todos los días del año.

 

También reivindicamos que se erradiquen las técnicas de coerción que atentan contra la integridad y los derechos fundamentales de las personas, como las contenciones mecánicas, los tratamientos involuntarios, las esterilizaciones forzosas y los abortos coercitivos, que además, constituyen una forma de violencia contra la mujer. En este deseo de hacer cumplir con los derechos fundamentales, nos parece crucial también tener en cuenta la necesidad de crear recursos que impidan que las personas con problemas de salud mental vivan en prisión.

 

Casi superado el primer cuarto del siglo XXI, nos parece que no se puede posponer más y que es urgente el empoderamiento, la autonomía y la plena inserción social de las personas con problemas de salud mental. Para ello, pedimos que se mejoren y refuercen políticas activas de empleo y de sensibilización del tejido empresarial, en las que se aseguren condiciones de acceso al mercado laboral, una transición del empleo protegido al empleo ordinario, y por supuesto, la participación plena de las mujeres, para que puedan tener un empleo, así como acceso a recursos y servicios que den respuesta a sus necesidades específicas.

 

En materia de violencia de género, reivindicamos programas de prevención de la violencia y los abusos contra las mujeres con problemas de salud mental y que ninguna de estas mujeres sea rechazada en los recursos ordinarios para víctimas de violencia de género por motivos como su salud mental.

 

Tampoco deberían ustedes olvidarse de la población infantil y juvenil, principalmente porque son nuestro futuro, ese que cuando queremos darnos cuenta ya es el presente. Es preocupante que el 30% de los y las jóvenes de 15 a 29 años es decir, 2 millones de personas, tuvieron síntomas de problemas de salud mental en 2018, según el Barómetro juvenil de vida y salud Fad - Mutua Madrileña de ese año. 

 

Por ello, reclamamos mayor inversión en salud mental en la etapa infantil y juvenil, a través de formación de profesionales especialistas, de programas para erradicar la violencia contra la infancia en el ámbito sanitario, jurídico, en los servicios sociales, en las aulas y los medios de comunicación, o de programas de psiquiatría perinatal, unidades madre-bebé donde ingresar de forma conjunta a las madres que requieren un ingreso psiquiátrico en el postparto. 

 

Llego ya casi al final de esta carta y creo que es imperativo recordarles la necesidad de dedicar más atención y recursos de acompañamiento a nuestras personas mayores. Según datos de Cruz Roja, en España más de 4,7 millones de personas viven solas; de ellas, cerca de 2 millones tienen más de 65 años y el 72% son mujeres. La soledad y el aislamiento social se han convertido en dos males endémicos de las sociedades occidentales, que desembocan en problemas de salud mental y a los que hay que poner solución. Por eso, aunque solo sea por una cuestión de justicia y agradecimiento a lo que las personas mayores han hecho por las generaciones posteriores, reclamamos programas integrales de acompañamiento y asistencia a la salud mental de este sector de la población, del que irremediablemente todos y todas formaremos parte.  

 

Por último, pero no menos importante, como habitantes de un país históricamente migrante, consideramos que es nuestra obligación como Estado hacer un ejercicio de empatía, pero también de cumplimiento de la “Declaración sobre la salud mental de las personas solicitantes de asilo”,  y procurar a la población migrante los recursos necesarios de atención a la salud mental, adaptados a sus necesidades personales y culturales específicas.

 

Sin más, pero sin una coma de menos, esperamos que esta carta repleta de deseos se convierta, en los próximos años, en su hoja de ruta en materia de salud, en general, y de salud mental en particular.