La democracia de un país se sustenta en muchos y variados valores. Sin lugar a dudas uno de los más importantes es una justicia eficaz e independiente, que creo firmemente que en España, aunque mejorable, existe. Pero el valor más importante, en el que la democracia adquiere todo su sentido, es aquel que permite que cada uno de los ciudadanos, de una manera libre, ejerzamos nuestro derecho a decidir quién queremos que gobierne lo público a través de nuestro voto. El voto es el ejercicio máximo de responsabilidad individual y, partiendo de esa responsabilidad individual, se llega a la responsabilidad colectiva de los habitantes de un país que teje una red de suma de voluntades que hace posible la existencia de una verdadera democracia.

 

Ahora la pregunta es, ¿España es una democracia plena? La realidad es que no. España es una democracia incompleta porque hay casi 100.000 ciudadanos, españoles todos, mayores de edad todos, es decir con los requisitos necesarios para ejercer su responsabilidad ante las urnas, a los que sistemáticamente se les niega un derecho fundamental e intransferible como es votar, y se les niega porque simplemente tienen una discapacidad intelectual. Sin esos cien mil votos la red tejida, a la que antes me refería, tiene un roto por donde se escapa una parte importante de derechos intrínsecos al sistema democrático. Por eso afirmo que en España la democracia no solo es incompleta, también es frágil porque la red colectiva es más endeble.

 

Para representar la imparcialidad de la justicia solemos decir que es ciega, pero me da la impresión de que a veces tampoco quiere ver. No soy jurista, solo un humilde periodista, por eso no tengo formación jurídica para valorar por qué el Tribunal Constitucional no ha admitido a trámite el  recurso de amparo presentado por la Fiscalía General del Estado por la vulneración del derecho al sufragio de una ciudadana gallega con discapacidad intelectual. Pero como ciudadano estoy en mi derecho de expresar mi indignación. Se ha perdido una oportunidad histórica de cerrar de una vez por todas un capítulo que a muchos nos parece vergonzoso. 

 

Tan difícil es de entender que las limitaciones de una persona con discapacidad intelectual no son diferentes a las de otros muchos ciudadanos que necesitan el apoyo de otras personas para desarrollar su vida y derechos. ¿Alguien está en disposición de asegurar que nunca ha necesitado el apoyo de alguien para hacer algo?, ¿es que un juez no se apoya en el código civil o penal a la hora de dictar sentencia?

 

Algo tan obvio y de sentido común se ha convertido en un sinsentido cuando llega a los juzgados, donde la justicia no es que sea ciega, es que está escondida debajo de toneladas de legajos.

 

Queda la esperanza de que la ministra de Asuntos Sociales Dolors Montserrat cumpla lo que dijo en diciembre de que cambiaría le Ley Electoral para posibilitar el voto de las personas con discapacidad intelectual, y yo no tengo motivo para dudar que cumplirá. 

 

No me extiendo más porque sobre este tema ya me expresé en noviembre del año pasado. Dejo el enlace para aquellos que quieren recuperar aquella columna.

 

http://semanal.cermi.es/noticia/opinion-arturo-san-roman-los-80000.aspx

 

Por cierto, estaría bien que el Ministerio de Justicia firmase un acuerdo con el Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica (CIDAT) de la ONCE para dotar a todos los juzgados de España de los elementos necesarios para suplir ciertas cegueras.