30º aniversario de la LISMI

Treinta años creciendo con la LISMI

Por Juan Manuel Moreno Bonilla, Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad

07/05/2012

El 7 de Abril de 1982 nace la Ley de Integración Social de Personas con discapacidad (LISMI) y con ella, el primer paso de reconocimiento de los derechos de personas con discapacidad en España. Esta Ley participaba de un nuevo enfoque sobre la discapacidad que empezaba a reflejarse a través del Programa de Acción Mundial de Naciones Unidas.

La igualdad de oportunidades de todos los españoles, independientemente de su circunstancia social y personal, es uno de los objetivos prioritarios de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad que tengo el honor de dirigir. Y en ese empeño constante, no podemos olvidar el artículo 49 de la Constitución española que nos marca la obligación de los poderes públicos de realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad como parte de la política de cohesión social en la que todos los agentes hemos de implicarnos por conseguirlo.

Cuando se aprobó la LISMI no existía como hoy una sensibilidad social sobre los temas de discapacidad, pero, a pesar de ello y de sus propias carencias, la LISMI supuso un marco legal integrador y moderno que se convirtió en referencia del sector social de la discapacidad y situó la acción pública relativa a las personas con discapacidad en una dimensión cualitativamente distinta a la que había antes de la Constitución y homologable a la del resto de los países desarrollados.

Esta ley canalizó la sensibilidad social sobre la discapacidad para que fueran los poderes públicos quienes comenzaran a establecer los medios que, por razones de equidad, justicia y derechos humanos, demandaban las personas con discapacidad.

La LISMI puso las bases de las actuales políticas públicas sobre discapacidad, estableciendo una serie de principios y orientaciones de gestión que se incorporaron a las grandes leyes de sanidad, educación y empleo. Con la LISMI, las personas con discapacidad y sus familias comenzaron a tener conciencia real de que no se les podía limitar el derecho a la educación, al trabajo, a la igualdad de oportunidades, y todo ello por encima de las propias discapacidades o limitaciones.

Podemos considerar, sin duda, que fue el inicio del camino que ha llevado al reconocimiento de la dignidad de las personas con discapacidad, como queda patente en los pasos que ha dado nuestra sociedad en estos 30 años.

Durante este tiempo las políticas sobre discapacidad, la sensibilidad social y el empuje del sector de la discapacidad han ampliado la idea original de la LISMI de proporcionar amparo especial y medidas de equiparación. En este sentido, se han conseguido tres grandes hitos:

• la incorporación de las ideas de lucha contra la discriminación y de accesibilidad universal (plasmadas en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad);
• la mejora de la atención personal mediante la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia;
• y los avances en materia de empleo, educación y salud.

Como colofón de este progreso, la ratificación por España de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad (ONU, 2006) y la adaptación llevada a cabo de nuestro ordenamiento jurídico viene a consolidar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.

Estos treinta años de progresos son el resultado de una evolución progresiva de concienciación, sensibilización y sobre todo, de integración de las personas con discapacidad en nuestra sociedad. La LISMI constituye el primer paso hacia la inclusión social de las personas con discapacidad. 

Gracias a entidades como el CERMI, las Administraciones Públicas podemos llegar a todos los rincones de nuestro país con políticas eficaces y con acciones reales. La colaboración con el Tercer Sector resulta imprescindible en nuestra lucha por la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos y su participación en todos los ámbitos de nuestra sociedad.