Teniendo como ejemplo el decreto aprobado por parte del Ayuntamiento de Barcelona, con el que se fomenta la compra responsable por parte de dicho consistorio, y auspiciado por Carles Campuzano, diputado de Convergencia i Unión, las diversas entidades han realizado un repaso a los escollos que se encuentran a la hora de que los distintos estamentos públicos pongan en marcha un sistema de compra responsable que discrimine positivamente a entidades como los Centros Especiales de Empleo, las empresas de inserción y las empresas de la economía social.

 

En este sentido, los distintos intervinientes entre los que figuraban representantes del CERMI, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes), la Federación Española de Asociaciones de  Centros Especiales de Empleo (Feacem), Forética, Club de Excelencia en Sosteniblidad, Federación Española de Empresas de Inserción (Feedei), y Foro de Compra Responsable entre otros, lamentaron el reciente rechazo del Partido Popular en el Congreso a la Proposición de Ley auspiciada por el grupo parlamentario catalán, y mostraron su confianza en la transposición de la nueva directiva sobre contratación pública aprobada a principios de año.

 

El mencionado decreto de la Ciudad Condal excluye de la posibilidad de contratar con dicha administración a las empresas que no cumplan con la LISMI, y reserva un porcentaje de los contratos a los CEE y las empresas de inserción, una cifra que en los dos últimos años han estado en torno a los 12 millones de euros. Además, incluye condiciones en la ejecución de los contratos tanto en lo referente a la plantilla que ejecuta el servicio como a las subcontrataciones que se realicen para la consecución del mismo.

Los participantes coincidieron en la dificultad a la que deben de hacer frente a la hora de promover la compra responsable entre las administraciones públicas con las que se relacionan. Por esta razón, consideran necesaria una labor de sensibilización en toda España, a través de la difusión de buenas prácticas como es el caso de Barcelona o Avilés, entre otras ciudades, que están poniendo en marcha este tipo de políticas.

 

La expansión de estas políticas también conlleva algunos de riesgos como es la intromisión por parte de las empresas que, ante los requerimientos de los pliegos sobre las consideraciones sociales, están creando instituciones sin ánimo de lucro para poder optar a dichos contratos públicos. Esta situación podría suponer un fraude de ley, según los participantes, por lo que sería aconsejable que se tomaran las medidas oportunas para que no tuviera lugar.

 

Sin embargo, y como elemento positivo, también se ha destacado como existe un grupo importante de empresas que se están acercado a los Centros Especiales de Empleo y empresas de inserción, con el objetivo de poner en marcha una unión temporal de empresas para la prestación de servicios de forma conjunta.

 

En cualquier caso, la transposición de la nueva directiva supone un reto y una oportunidad que permitirá desarrollar la compra responsable, por lo que los intervinientes en el encuentro han mostrado su disposición en colaborar para que dicho trámite, que debe llevarse a cabo dentro de los dos próximos años, suponga un refuerzo de la normativa actualmente existente tanto a nivel estatal como autonómico y local en España.