Actualmente la ley establece que no pueden ejercer esa función “los ciegos y los totalmente sordos o mudos” ni tampoco “los que no estén en su sano juicio”. La enmienda para eliminar esa referencia fue presentada por el PP en el Senado y ratificada por el Congreso de los Diputados en la aprobación definitiva de la Ley de Jurisdicción Voluntaria . 

 

El CERMI había denunciado "esta flagrante exclusión contra las personas con discapacidad" y fue este Comité quien planteó al Ministerio de Justicia la modificación de este artículo del Código Civil, petición asumida por el Gobierno y las Cámaras.

 

En la enmienda, el PP planteó cambiar la redacción del artículo 681 del Código Civil, para que solo excluya como posibles testigos de testamentos a los menores de edad; a “los que no entiendan el idioma del testador”; a “los que no presenten el discernimiento necesario para desarrollar la labor testifical”; y al “cónyuge o los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del notario autorizante y quienes tengan con éste relación de trabajo”.

 

El PP argumenta en su enmienda que la exclusión por discapacidad para ser testigos en testamentos “es contraria a los artículos 2 (ajustes razonables), 5 (igualdad y no discriminación) y 12.3 (apoyo en ejercicio de la capacidad jurídica) de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad (B.O.E. de 21/4/2008)”.

 

Además, los populares añaden que “el artículo 4.1.b) de dicha Convención obliga a los Estados partes, como es España, a ‘modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad’”.

 

El PP añade que el Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, ya modificó el artículo 182.1 del Reglamento de la organización y régimen del Notariado, que daba una redacción similar a la antes expuesta en relación al Código Civil.

 

Se estableció entonces que son incapaces o inhábiles para intervenir como testigos en las escrituras pública “las personas que no posean el discernimiento necesario para conocer y para declarar o para comprender el acto o contrato a que el instrumento público se refiere”.