Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI, ha asegurado a EL PERIÓDICO que “las quejas y denuncias, individuales y colectivas, se acumulan desde hace tiempo”. Los primeros inconvenientes aparecieron cuando los carriles bici se dibujaron en las aceras, y no en las calzadas. Ese fue el “primer gran factor perturbador y amenazante para los peatones vulnerables”, recuerda Pérez Bueno, quien considera que la situación “se ha agravado” con los años por la proliferación de patinetes eléctricos, 'segways' y otros vehículos.

 

En la queja remitida a la institución dirigida por Francisco Fernández Marugán, CERMI asegura que la proliferación y mal uso de estos nuevos elementos de movilidad urbana ponen en riesgo la seguridad y comprometen la accesibilidad y la movilidad de las personas con discapacidad. “La situación es insostenible, al menos en las grandes ciudades, sin cobertura normativa de ningún tipo, de modo anárquico y profundamente lesivo para las personas con discapacidad, entre otros grupos sociales”, subraya Pérez Bueno, quien lamenta el retroceso que supone el aumento de colisiones y atropellos registrados en las aceras. “A las personas con discapacidad o limitaciones de movilidad –continúa el presidente del CERMI- nos ha costado decenios recuperar las calles como espacio público, sin barreras, abierto y disponible”. 

 

 

La aparición de formas de movilidad “agresivas, hostiles y hostigantes”, según las palabras de Pérez Bueno, requieren una regulación muy clara. En este sentido, la plataforma, que representa a más de 8.000 asociaciones que defiende los derechos de unos 3,8 millones de personas con discapacidad, solicita la intervención del Defensor del Pueblo para que “inste a la Dirección General de Tráfico (DGT) y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a que impulsen medidas de regulación de estos vehículos”.

 

 

El problema, sostiene el CERMI, no puede ser abordado desde los ayuntamientos –solo algunos disponen de algunas normas mínimas-. Los consistorios, asegura Pérez Bueno, “no saben por dónde tirar” y mucho menos con elecciones municipales a la vuelta de la esquina. En este asunto “son todos ultraliberales: dejar hacer, dejar pasar”.

 

Antes de dirigirse al Defensor del Pueblo, Pérez Bueno asegura que han intentando “convencer y persuadir” a los diferentes actores involucrados en la gestión del espacio público y la movilidad porque prefieren ser “colaborativos y plantear soluciones”. Sin embargo, “el silencio y el mirar a otra parte ha sido la tónica”, lamenta. Considera que “la DGT no quiere entrar en un asunto que cree que es polémico, que va contra la corriente general de la opinión favorable a la movilidad sostenible”, aunque el organismo recientemente anunció que pondría orden al asunto de los llamados Vehículos de Movilidad Personal (VMP) aprovechando la futura reforma de la ley de seguridad vial.

 

 

Pérez Bueno espera de la denuncia presentada al Defensor del pueblo que se ponga de lado del “más frágil”, de los peatones y peatones vulnerables: personas mayores, con discapacidad y menores. La solución, continúa el presidente del CERMI, pasa por “una regulación legal de ámbito estatal, aplicable en todo el territorio, que preserve las aceras para los peatones, como espacios de seguridad y comodidad, y que habilite itinerarios para las formas de movilidad sostenible”.

 

(Información publicada por El Periódico De Catalunya)