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CERMI.ES semanal el periódico de la discapacidad.

viernes, 20 de febrero de 2015cermi.es semanal Nº 156

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"3,8 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

No al Copago

Por qué decimos que no al copago confiscatorio (II)

20/02/2015

Las organizaciones estatales que componen el CERMI respaldan la decisión de presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra el copago confiscatorio. Todo el sector social de la discapacidad se moviliza para la consecución de las 500.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas mayores de 18 años, españoles, y con todos sus derechos políticos, necesarias para que prospere la iniciativa legislativa popular de modificación del copago y pueda llegar al Congreso de los Diputados para su admisión en su caso y posterior debate. Los presidentes de organizaciones del CERMI explican a continuación sus razones.

Logotipo 'No al copago'Acime, Andrés Medina

 
Derivado de su pertenencia a un especial y singular Régimen de Seguridad Social, muchas personas en situación de dependencia y con discapacidad procedentes de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, y familiares, comenzaron a solicitar con mucho retraso la entrada en el sistema SAAD con los inconvenientes que ello conllevó en un momento en que se producía una saturación del sistema, lo que tuvo, como consecuencia directa, una clara desventaja en el ejercicio de sus derechos sociales.
 
Ello, unido a que la protección social se ha debilitado por efectos de la crisis y a que estas personas ya tienen establecido un copago en el servicio farmacéutico, que asciende al 30% del coste de las medicinas, hace que el copago en dependencia sea una losa añadida en sus economías repercutiendo gravemente en su bienestar y facilitando la expulsión del mismo.
 
Consideramos que el copago debe establecerse con criterios claros, justos y equitativos teniendo en cuenta todas esas situaciones y otras variables para determinar el alcance del mismo.
 
Desde estas líneas hacemos un llamamiento a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a sus familias y allegados, para que ejerzan esa solidaridad de la que continuamente dan claros ejemplos a toda la sociedad, y apoyen y firmen esta iniciativa tendente a mejorar la situación de estas personas con discapacidad y en situación de dependencia y la de sus familias pues son los que, en definitiva, más lo necesitan y de la que todos, potencialmente, podemos un día estar afectados. Así lo espero y estoy seguro que así será.
 

AESE, Alfonso Gutiérrez

 
La promulgación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia, debía suponer un avance significativo en la extensión e intensificación de los derechos sociales de amplios sectores de la población que por razón de su edad avanzada o discapacidad, originaria o sobrevenida, precisan de apoyos para desarrollar su autonomía individual y su participación comunitaria en condiciones de igualdad.
 
Ocho años después de la promulgación de esta Ley, su desarrollo e implantación no ha conseguido cumplir todos los propósitos con los que nació, dejando sin respuesta algunas de las necesidades sociales que venía a colmar.
 
La Asociación Española de Empleo con Apoyo se adhiere a la Iniciativa Legislativa Popular y se suma a la recogida de firmas.
 
Es necesario garantizar la autonomía individual y la participación en la comunidad de todas las persona en condiciones de igualdad.
 

Aspace, Jaume Marí Pàmies

 
Las personas con parálisis cerebral reciben de las entidades ASPACE diferentes tipos de servicios; fisioterapia, logopedia o apoyos educativos, servicios de residencia, centros de día o centros especiales de empleo. En función de la legislación desarrollada en cada comunidad autónoma, las personas con parálisis cerebral o sus familias, deben aportar importes que en algunos casos pueden llegar incluso hasta al 90%. 
 
En algunas comunidades autónomas, especialmente en la Comunidad Valenciana, estas nuevas medidas, están generando una situación de verdadera desesperación en muchas familias. Además del sobrecoste que supone contar entre sus miembros con una persona con discapacidad, la aplicación del copago implica la asunción de un porcentaje del coste de los servicios, imprescindibles para quien tiene parálisis cerebral.
 
Por este motivo, Confederación ASPACE, sus 73 asociaciones y sus 230 centros especializados apoyan y promueven la recogida de firmas para la reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía y Prevención de la Dependencia a través de la Iniciativa Legislativa Popular del CERMI.
 

Feaps, Santiago López Noguera

 
“Están en juego los derechos de todos, no sólo los de las personas con discapacidad”
 
El junio de 2013 nuestra directiva hizo público el compromiso del movimiento asociativo FEAPS con la defensa del bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas, especialmente de aquellas personas y familias más excluidas de nuestro colectivo.
 
El actual sistema de copago en el sistema de Dependencia, junto con todas las medidas de austeridad implantadas, ha llevado a millones de personas a una situación extrema. El pasado mes, a través de un informe, denunciamos que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias soportan un sobrecoste medio anual de 24.237 €. Esta situación se ha visto muy agravada por la implantación progresiva del copago, que les coloca a menudo bajo el umbral de la pobreza. 
 
Entre 2009 y 2013 la cantidad que aportan las personas beneficiarias del sistema de dependencia por sus prestaciones se ha disparado un 68%. En el caso de aquellas con discapacidad intelectual o del desarrollo, además, el actual sistema les está obligando a renunciar a los servicios de residencia o centro de día a los que tienen derecho, porque ni ellas ni sus familias tienen suficiente dinero para hacer frente al copago y a los costes de la vida diaria a la vez. 
 
En consecuencia, los criterios de copago actuales atentan contra la dignidad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias y su derecho a un nivel de vida adecuado. La Ley de Dependencia reconoció un derecho para personas con discapacidad y para personas mayores, que en la práctica queda suprimido si estas personas están obligadas a pagar una parte importante del servicio, aun teniendo rentas bajas.
 
Son los derechos de todos y todas: nadie queda exento de la posibilidad de verse alguna vez en situación de dependencia. Por eso desde FEAPS animamos a toda la ciudadanía a firmar contra el copago confiscatorio, ya que a través de estas firmas, también están asegurando sus propios derechos. 
 

Feder, Juan Carrión

 
El CERMI ha promovido una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la recogida de 500.000 firmas que avalen su petición contra lo que considera un copago confiscatorio para que se establezcan criterios justos de copago (Proposición de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de Dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones y servicios de las personas beneficiarias de Dependencia). 
 
Igualmente FEDER, en adhesión a la iniciativa promovida por el CERMI, ha puesto en marcha su propia campaña de recogida de firmas para apoyar al CERMI en esta iniciativa. Ambas entidades, así como otras muchas que igualmente se han adherido ya a la ILP consideran necesario establecer criterios justos en relación con la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones por parte de las personas beneficiarias.
 
Por ello, se proponen medidas como la exención del copago a quienes perciban menos de 1.331 euros o fijar una aportación máxima por persona que no sea superior al 60% del coste del servicio al que accede. Además, propone que se garantice a la persona dependiente una cantidad para destinar a gastos personales que no  sea inferior al 40% de su capacidad económica.
 
Con esta ILP se pretende también eliminar las diferencias existentes en la aportación por parte de los usuarios del sistema de dependencia entre las diferentes comunidades autónomas.
 
Gran parte de las personas con enfermedades raras y sus familias son beneficiarias actualmente de las prestaciones económicas derivadas del reconocimiento de la situación de dependencia. Establecer un copago como el que se expresa en la mencionada Proposición de Ley crearía una situación insostenible al hacer recaer el esfuerzo económico de mantenimiento del sistema en las propias personas en situación de dependencia.
 
 
 
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